"Actualmente se calcula que pudieran estar en curso en los tribunales del Área Metropolitana de Caracas 20.000 procedimientos de naturaleza arrendaticia, de los cuales se estima que la mitad es por vencimientos de contratos y la otra por incumplimientos como la falta de pago", destacó Martini.
Señaló que la decisión “es una patente de corso para la gente que no cumpla sus obligaciones, entiéndase el buen uso de los inmuebles, entiéndase el pago oportuno de los cánones…Esto va crear una anarquía contractual y al final del camino lo que hace es empeorar más la situación de la vivienda”.
"Por el contrario, provocará más incertidumbre en la relación contractual entre los arrendadores y arrendatarios, liquidará el mercado de alquiler acorralado desde 2002, contraerá la inversión para construir unidades dedicadas al arrendamiento, y el déficit de viviendas seguirá en ascenso".
Para el representante del sector inmobiliario la crisis de viviendas tiende a agudizarse. Asegura que la “única verdad que existe es que allá afuera hay una cantidad de venezolanos que se ha evidenciado con las lluvias. Son 130 mil venezolanos que están allá afuera en unos refugios que no tiene sentido”.
El presidente de la organización, agregó que "esas cifras, si bien son ínfimas denotan el problema que significa el elevado déficit habitacional que hay en el país".
El presidente de la Cámara Inmobiliaria dice que el problema de la vivienda es responsabilidad de todos los venezolanos y hace un llamado a la unión a los sectores público y privado para hacer un plan para reducir el déficit de más de dos millones de viviendas.
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