Como muestra basta un botón

El caso lo publica Mercedes Benítez en ABC de Sevilla. Se trata de un episodio más de abuso de poder a los que los andaluces ya estamos acostumbrados después de treinta años de Gobiernos socialistas. El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha citado a declarar para el próximo día 10 de febrero a Antonio Llaguno Rojas, ex consejero delegado de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A., (DAPSA) en calidad de denunciado por un presunto delito de malversación de fondos públicos mediante el uso abusivo que hacía del coche oficial para cuestiones particulares como ir de compras, hacer la mudanza, irse de restaurantes o incluso al karaoke. Esa comparecencia es consecuencia de una investigación realizada por la Policía a raíz de una denuncia que la propia empresa pública presentó para que se indagara el excesivo gasto en gasoil del vehículo oficial que tenía asignado, un coche de gama media, un Peugeot 607, que, según la normativa reguladora del uso de vehículos oficiales, debe estar «destinado exclusivamente para servicio de representación de las personas titulares de las consejerías».Tras recibir esa denuncia de la empresa pública, la Policía detuvo al chofer por delitos de aprobación indebida y malversación de caudales públicos. La declaración de éste trabajador sacó a la luz el uso abusivo del coche. Según el testimonio del conductor, llevaba «un género de vida laboral cercano a la servidumbre», porque actuaba como chófer privado de los consejeros y no como conductor de un vehículo público. Así, según el testimonio prestado por el chófer, empezó a realizar muchos viajes con Llaguno a la provincia de Almería, concretamente a Cuevas de Almanzora, donde tiene una casa; a la capital almeriense o a Cala Panizo, en Murcia, donde el alto cargo tiene también un chalet. El chofer debía recogerlo en su casa de la provincia de Almería, pernoctando fuera con mucha frecuencia y siguiendo su vida privada. La policía también descubrió otras cosas como que Llaguno se alojaba en hoteles cada vez que acudía a su pueblo natal, siempre por su puesto con cargo a los fondos públicos. La policía concluye que Antonio Llaguno ha ocasionado unos gastos a la Hacienda Pública de cerca de 6.000 euros, a los que habría que unir los gastos de alojamiento y manutención ocasionados por el conductor empleados exclusivamente en sus desplazamientos desde su centro de trabajo a su domicilio particular en Almería pese a que la Junta también le costeaba una vivienda en Sevilla.

La denuncia, en la que también se investiga el supuesto fraude que pudo cometer el conductor al cargar algunos importes de gasolinaque realmente no se repostaron, deja entrever la falta de control que existe en las empresas públicas. No es de extrañar que sean éstas el lugar elegido por la Junta para colocar a los enchufados de turno, a muchos de los cuales quieren hacer fijos ahora como funcionarios a través de un decreto-ley y contra el cual saldrán a la calle el sábado en Sevilla miles de empleados públicos que han obtenido su plaza por oposición.

Se trata, evidéntemente, de un caso aislado que no se puede generalizar, pero ¿cuántos altos cargos de la Junta conocen ustedes que no hayan utilizado el vehículo oficial para fibes privados? ¿Cuántos han utilizado el poder que les han dado las urnas en beneficio propio? ¿cuántos han sido "colocados" en la Administración simplemente por tener el carné del partido o del sindicato? El ejemplo de Manuel Chaves con el llamado "Caso Matsa" y la subvención de más de diez millones de euros a la empresa en la que trabajaba su hija Paula es, también, otro botón de muestra de conductas poco éticas.

En unos momentos en los que la crisis está castigando duramente a los ciudadanos, no parece de recibo que se produzcan este tipo de actuaciones, como tampoco lo es el sueldo vitalicio que cobran ministros, presidentes de autonomías, diputados o senadores. Convendrán conmigo que la clase política necesita un reciclaje ético para recuperar la solvencia que ha perdido a marchas forzadas en los últimos años. Con estas actitudes, no me extraña que los políticos estén entre las instituciones peor valoradas por los españoles. Demasiado hacemos con aguantarlos.