La inseguridad pública no puede ser pretexto para vulnerar derechos humanos, Placencia

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Placencia Villanueva, tras afirmar que la inseguridad pública no podría ser pretexto para justificar la vulneración de los derechos humanos, dijo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que 111 personas inocentes murieron en 2010, en el marco del combate contra la delincuencia organizada.

Al rendir su informe anual, el obmbudsman nacional expuso que las estrategias de seguridad pública requieren de constante evaluación para determinar su funcionalidad y su conveniencia.

Durante 2010, la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles de la vida nacional contemporánea, caracterizada por un enfrentamiento entre las autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, dando como resultado un incremento considerable de muertes violentas, el número más alto de los últimos años, resaltó.

Planteó que las estrategias en materia de seguridad pública requieren de un constante análisis, donde el recuento de los logros y desatinos, permitirá rescatar lo positivo y corregir las fallas.

Placencia Villanueva dijo a los legisladores que uno de los problemas más difíciles de superar durante el ejercicio anterior fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen.

Varias de nuestras autoridades gubernamentales todavía encuentran dificultades para una inmediata aceptación de las recomendaciones. Instituciones de gobierno acostumbradas a recibir solo reconocimientos, no aceptan fácilmente observaciones ni se muestran inclinadas a corregir fallas o abusos en el ejercicio de la función pública, sentenció.

En este contexto, indicó que la CNDH recibió en el 2010 un total de 16 mil 66, de las cuales 6 mil 266 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos y las autoridades que fueron señaladas en estas irregularidades fueron: la Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Seguridad Pública; el Instituto Mexicano del Seguro Social; el Instituto Nacional de Migración y La Secretaría de Marina.

Así mismo señaló que el año pasado se emitieron 86 recomendaciones dirigidas a 115 autoridades y quienes no aceptaron las recomendaciones emitidas por el organismo autónomo se encuentran: la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, Petróleos Mexicanos, los gobernadores de los Estados de Chihuahua y San Luis Potosí; los congresos locales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz; asimismo los ayuntamientos de Acatlán, Puebla, Metlatonoc u Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, Guadalajara, Jalisco, San Juan Yatzona y Santa María Yalina, Oaxaca, San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz.

Por lo anterior, lanzó un llamado a todas las autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que no aceptaron las recomendaciones emitidas, para que asuman el mandato encomendado por la sociedad como un servicio en beneficio del estado de derecho.

Placencia Villanueva resaltó la labor legislativa para la aprobación de leyes y reformas de gran importancia para el sistema jurídico mexicano, entre ellas el proyecto por concluir en torno a la reforma en materia de derechos humanos, ya que amplía el espectro de los derechos humanos y otorga a organismos públicos encargados de su defensa las herramientas necesarias para fortalecer su desempeño.