Los hosteleros andaluces cifran en un 44% la caída de ventas por la Ley Antitabaco

Los hosteleros andaluces han visto bajar sus ventas un 44 por ciento en los bares, un 47 por ciento en sus restaurantes y un 76 por ciento en las discotecas como efecto de la aplicación del endurecimiento de la Ley Antitabaco, por lo que han pedido la derogación de dicha norma y han anunciado que demandarán por la vía judicial daños y perjuicios por las inversiones que se han efectuado.

   Según ha indicado a Europa Press el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, José Manuel Ledesma, se ha reunido la junta directiva de la federación andaluza, donde se han presentado las encuestas efectuadas a unos 2.800 de toda la Comunidad --unas 350 encuestas por provincia--, tanto bares, hoteles, discotecas y restaurantes.

   En ese sentido, Ledesma ha lamentado que "las previsiones más pesimistas se han quedado pequeñas", de forma que "se han registrado un 44 por ciento menos de ventas en bares, un 48 por ciento menos en restaurantes y un 76 por ciento menos de ventas en discotecas". En los hoteles el número de clientes se ha reducido un cinco por ciento.

   Esta encuesta alude al nivel de seguimiento en cuanto a cumplimiento de la ley, cifrado en un cumplimiento del 98 por ciento en hoteles, del 97 por ciento en restaurantes y del 92 por ciento en bares.

   Ledesma ha lamentado que la reducción de beneficios y ventas "lleva consigo una reducción de la plantilla", de forma que "al final quedará sólo el autónomo al frente del negocio". Asimismo, ha precisado que "no se ha producido ningún cierre de establecimiento, sino que se están ajustando las plantillas a la rentabilidad de las empresas, se está viendo muy perjudicado el mercado laboral por la bajada de beneficios".

   Ante esta situación, los hosteleros andaluces han adoptado una serie de acuerdos, que pasan por sumarse a la plataforma que todo el sector de la hostelería de todas las comunidades autónomas han puesto en marcha, a través de la Federación Española de Hostelería, para recoger 500.000 firmas y pedir la derogación de la ley por el trámite  parlamentario, y además iniciar procedimientos judiciales contra el Gobierno central, al que piden daños y perjuicios por las inversiones efectuadas para adaptarse a la Ley Antitabaco.  

   En ese sentido, las fuentes han indicado que el gabinete jurídico decidirá si estas denuncias judiciales se dirigirán sólo al Gobierno central o también irán para la Junta.