UGT Y CCOO han presentado este martes en el Registro del Ministerio de Trabajo e Inmigración un escrito, dirigido a la Presidencia del Gobierno de España, a través del cual se demanda que se promueva el conflicto de competencia, al amparo de la Constitución Española, contra la decisión adoptada por el Ejecutivo murciano tras la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.
Y es que, en opinión del secretario regional de UGT en Murcia, Antonio Jiménez, la nueva ley "atenta contra el ordenamiento jurídico constitucional, la libertad sindical y el Estatuto Básico del Empleado Público y supone, además, la derogación de pactos y acuerdos firmados hace doce años con los trabajadores de la administración regional".
En esta línea, ha subrayado que la ley "lesiona, de una manera abierta y flagrante, el orden de competencias establecido en la Constitución Española, desconociendo las que le corresponde al Estado en el artículo 149.1, en sus cláusulas 1ª y 7ª y 18ª de la Constitución Española".
"Las Comunidades Autónomas sólo tienen competencia para ejecutar la legislación laboral y nunca para modificarla, por lo que también ha infringido las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos al no respetar el Estatuto Básico del Empleado Publico", ha subrayado.
Por otra parte, el secretario regional de UGT ha indicado que "la aprobación indebida de esta ley redactada de modo unilateral, en dos días, y sin contar con el apoyo de los representantes de los trabajadores, establece la derogación, en parte, de todos los pactos y acuerdos suscritos en el ámbito del personal funcionario y estatutario, así como de los convenios colectivos en el ámbito del personal laboral".
En este sentido, "es manifiesto que la Comunidad no puede dictar una ley que deje sin efectos los pactos o acuerdos, pues el grado de eficacia de los mismos y los supuestos para dejar de cumplirlos se encuentran regulados en la ley estatal y la CCAA no tiene competencia para dictar una regulación diferente sobre la eficacia de tales instrumentos de negociación colectiva".
Así, Jiménez ha apuntado que ahora "se incrementan dos horas y media más de trabajo a cada empleado, por lo que hablamos de 137.500 horas semanales de trabajadores con las que el Gobierno regional quiere reducir costes y empleo".
Por su parte, el secretario de CCOO de la Región de Murcia, Daniel Bueno, ha subrayado que con esta ley se produce "una auténtica y flagrante vulneración de los derechos laborales de los empleados públicos, poniéndose en estado de excepción laboral a los 55.000 trabajadores de la Comunidad Autónoma".
Bueno ha hecho hincapié en que "se han empeñado en justificarse refiriéndose a la situación de déficit público, cifrado en un 2,6 por ciento del PIB, al que el Gobierno regional ha de enfrentarse y sin embargo, no se habla de cantidades de dinero y se olvidan de que esta no es una situación extraordinaria, ya que es normal que se superen las previsiones anuales".
Con todo, Bueno ha señalado que "el principal elemento en el que se sustenta esta ley que retrasa laboralmente a los trabajadores 15 años atrás es que están en juego más de 1.500 puestos de trabajo y que además, se producirá un deterioro de los servicios públicos murcianos que deben seguir estando al servicio de la ciudadanía".
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