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Conclusiones de la convención del PP sobre el modelo de estado

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I.       LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN

 

El Partido Popular parte en esta conferencia de reafirmar su pleno compromiso con la Constitución Española de 1978, expresión de la voluntad soberana de la Nación Española, fundada sobre los principios de libertad, justicia e igualdad, garante de los derechos fundamentales de la persona y que ha articulado el control democrático del poder en torno a la monarquía parlamentaria, la unidad e independencia del poder judicial y una profunda descentralización territorial.

 

Nuestra Constitución es fruto de un enorme esfuerzo colectivo de reconciliación y tolerancia de la sociedad española que las fuerzas políticas supieron expresar en el consenso que hizo posible su aprobación. Una voluntad de concordia democrática para construir un espacio de convivencia en libertad, a través de unas reglas de juego político hechas entre todos y válidas para todos.

 

A los 28 años de su aprobación es justo reconocer que los españoles hemos logrado, durante estas casi tres décadas, el período de paz, libertad y bienestar más largo de nuestra historia contemporánea.

 

El Partido Popular ha nacido y crecido con la Constitución Española, interpretando dentro de sus valores los ideales políticos de una gran parte del pueblo español. Nuestra lealtad a la Constitución es, por tanto, consustancial a nuestra manera de ser, de entender España y de hacer política. Tanto desde el Gobierno como desde la oposición, allí donde los españoles nos han puesto en cada momento con sus votos, hemos contribuido al desarrollo y defensa de la Constitución. Este es el momento de trabajar en su mejora y perfeccionamiento como la mejor expresión de nuestra lealtad a la Constitución Española y al pueblo español.

 

II.- EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS: UN MODELO ACERTADO

 

Una de las decisiones más importantes  del gran pacto de 1978 fue la articulación territorial del poder político, mediante un acuerdo que fue la síntesis de las distintas formas de ver y entender España.

 

Los españoles acordamos que España, la nación más antigua de Europa, se configurara como una única nación  con el reconocimiento al derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones en las que había tradiciones, lenguas, derechos distintos…, dignos de garantía y protección, preservando a la vez la igualdad entre todos los ciudadanos y la solidaridad entre todos los territorios.

 

El modelo territorial pactado en nuestra Constitución, con arreglo al principio dispositivo, permitía ejercer su derecho a la autonomía a las distintas nacionalidades y regiones, así como fijar las competencias que asumía su gobierno, a través de la aprobación de un Estatuto de Autonomía.

 

Al igual que nuestra Constitución, los Estatutos de Autonomía no lo fueron de un sólo partido político, sino que fueron elaborados bajo el principio del consenso, y han ido modificándose y perfeccionándose desde entonces con grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas.

 

Hasta la presente legislatura no ha habido ninguna iniciativa ni reforma estatutaria que no se haya pactado, al menos, entre los dos grandes partidos nacionales. Así ocurrió con los acuerdos autonómicos de 31 de julio de 1981, firmados por el  Gobierno de UCD y el PSOE, los Acuerdos autonómicos de 28 de febrero de 1992, entre el Gobierno del PSOE y el PP o los pactos cerrados en 1996 entre el Gobierno del PP y el PSOE. Es decir, entre el partido en el gobierno y el principal partido de la oposición en cada momento histórico.

 

La Constitución ha permitido un proceso descentralizador que ha superado las expectativas que podían tener la mayor parte de los actores de 1978. Este proceso ha permitido acceder a unos niveles de autogobierno que colocan a España entre los países más descentralizados del mundo. Esta autonomía no sólo se manifiesta en el porcentaje de gastos e ingresos que gestionan las Comunidades Autónomas, sino también por la importancia  para el conjunto de la sociedad de las competencias que han hecho propias.

 

En estos veintiocho años de vigencia del modelo, la España de las Autonomías ha conseguido vertebrar la sociedad española y contribuir a su bienestar, desarrollo y cohesión.

 

Ha propiciado que los poderes públicos estén presentes en todos y cada uno de los rincones de España. Ha logrado incrementar el control democrático de los ciudadanos sobre las Administraciones Públicas. Y, especialmente, ha aproximado el pulso de sus decisiones al pueblo.

 

 

 

III.- LAS DISFUNCIONES DEL SISTEMA 28 AÑOS DESPUÉS.

 

El balance de nuestro modelo autonómico es, por tanto, positivo. Ha cumplido con creces los objetivos para los que fue diseñado. Y sigue conservando una extraordinaria potencialidad para hacer frente a las nuevas realidades con las que se enfrenta España.

 

Hecha esta consideración, tras 28 años de vigencia,  el proceso de desarrollo autonómico y su evolución ha puesto de manifiesto algunas deficiencias y disfunciones, que se traducen en pérdida de eficacia para dar respuesta a algunos problemas reales de los ciudadanos.

 

Por otro lado, en este tiempo han surgido nuevas necesidades, algunas de ellas  desconocidas a finales de los 70, que lógicamente no podían estar en la mente de los constituyentes.

 

Las Constituciones, como cualquier otro producto humano, no pueden permanecer al margen del transcurso del tiempo a la aparición de nuevas necesidades.

 

De hecho, el constitucionalismo comparado muestra una y otra vez cómo se adaptan y ajustan a las transformaciones que experimentan las sociedades a las que sirven. Por eso, todos los sistemas constitucionales estables experimentan revisiones más o menos periódicas a fin de solventar las disfunciones que su propia aplicación o por evolución social, acaban por padecer.

 

Significativa es, en este sentido, la última reforma de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana, diseñada y ejecutada de acuerdo con principios de eficacia y eficiencia.

 

Según los expertos, la reforma alemana no supondrá ni más ni menos federalismo sino mejor federalismo: una gestión más ágil, eficaz y cercana a los ciudadanos. La cesión de competencias se hace en la reforma alemana bajo la premisa “que tenga la competencia quien mejor la pueda desarrollar”.

 

Podríamos resumir esta reforma diciendo que pretende tanta descentralización como sea posible y tanta intervención federal como sea necesaria.

 

En el caso español, los ciudadanos perciben que un reparto competencial no siempre claro, la falta de mecanismos de coordinación o la ausencia de un responsable único han dificultado la solución rápida y eficaz de situaciones tales como las grandes emergencias o los fraudes masivos a los consumidores.

 

Sin embargo, en nuestro país, a los problemas operativos lógicos en cualquier modelo constitucional, se añaden las tensiones derivadas de la deriva soberanista que ha experimentado el nacionalismo en España durante los últimos años.

 

Tal es así que nuestro modelo autonómico atraviesa un momento crucial. Se han vulnerado durante esta Legislatura los dos principios esenciales sobre los que descansaba la esencia del diseño autonómico: el consenso y la lealtad constitucional.

 

Por primera vez en la historia reciente de la democracia española se ha roto el consenso en la aprobación de un Estatuto de Autonomía. Durante 27 años, se respetó la costumbre constitucional de que ningún Estatuto de Autonomía, ni su reforma se aprobara -con independencia de las mayorías numéricas establecidas por la Constitución- sin consenso, al menos, de los dos grandes partidos nacionales.

 

Este consenso si se ha mantenido en la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y ha logrado fraguarse, finalmente, sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su debate en las Cortes Generales.

 

Sin embargo, ese pacto constitucional se rompió con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no superó ni el 50% del apoyo parlamentario en el Senado. Esa falta de consenso parlamentario  se trasladó a la ciudadanía (2 de cada 3 catalanes no apoyaron el Estatuto en el referéndum para su aprobación). Y ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por cinco Comunidades Autónomas (Aragón, Valencia, Baleares, La Rioja y Murcia), además de por el Defensor del Pueblo y el Partido Popular.

 

Por tanto, el cambio del modelo territorial español se ha producido por la mutación constitucional generada tras la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña. Una mutación que tiene su causa directa en un acto de deslealtad al principio de consenso antes descrito y que ha terminado afectando al sujeto del poder político y a los pilares esenciales de nuestro sistema constitucional. En este sentido, el Estatuto catalán altera la noción de soberanía; establece el blindaje de competencias autonómicas por la Generalitat; limita al Estado en su propia capacidad para dictar Legislación básica; y rompe la unidad del Poder Judicial al privar al Tribunal Supremo su capacidad para conocer del recurso de casación e instaurar un Consejo de Justicia como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial. Finalmente, no hay que olvidar tampoco que fragmenta el principio de solidaridad interterritorial al postular un modelo de financiación bilateral y establece un sistema de relación bilateral entre el Estado y la Generalitat que desborda el marco estatutario al introducir un modelo de corte confederal. De hecho, si todas estas alteraciones constitucionales que acabamos de mencionar no son corregidas por el Tribunal Constitucional, se habrá producido un cambio radical de nuestro modelo territorial sin haber consultado al pueblo español.

 

Hasta ahora, las Cortes Generales  representaban al conjunto del pueblo español  y podían decidir en los asuntos que afectaban a  todos los españoles en todo el territorio nacional.  Con el paso hacia un modelo confederal, España pasa a ser la suma de 17 voluntades autonómicas, y no un Estado con voluntad propia para diseñar un destino común del conjunto de los ciudadanos.

 

III.- ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS

 

Estos defectos iniciales y las  disfunciones derivadas del desarrollo del propio proceso autonómico, que pueden agravarse e incrementarse con la aplicación práctica del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, han derivado en  un conjunto de problemas asociados al modelo de Estado que podemos concretar en los siguientes:

 

A) INEFICACIA

 

Esta ineficacia se hace patente en la gestión de las emergencias, momento en el que más que nunca se hace necesaria una actuación coordinada y ágil.

 

Por poner algún ejemplo, la gestión de crisis medioambientales (grandes incendios, vertidos...) o sanitarias ha evidenciado la falta de eficacia y de mecanismos de coordinación entre distintas Administraciones – estatal, autonómica y local- que tienen repartidas las competencias en materia de protección civil, sanidad (exterior e interior), medioambiente, etc.

 

Similar alarma social generan los grandes fraudes a los consumidores, como lo fue el llamado caso Opening o de las academias de inglés o recientemente,  los casos AFINSA y Forum Filatélico, que han puesto en evidencia la necesidad de coordinar las competencias en materia de consumo entre el Estado y las CC.AA. 

 

Problemas que pueden agravarse con la creación de Agencias Tributarias únicas en el territorio de algunas Comunidades Autónomas como la que puede derivarse tras la creación del consorcio en Cataluña de la Agencia Tributaria. En este sentido, no hay que olvidar que el éxito y la fortaleza de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria depende en buena medida del mantenimiento de una base de información única que permita seguir cruzando los datos fiscales del contribuyente en toda España y de las facultades de una actuación general por parte de la Inspección tributaria.

 

Por otro lado, España se enfrenta a nuevas realidades, desconocidas en 1978, como la gestión de la inmigración.

 

B) INCREMENTO DE LAS DESIGUALDADES.

 

Nuestra Constitución se inspira en tres principios territoriales esenciales: unidad de la Nación española, autonomía de las nacionalidades y regiones y solidaridad entre todas ellas. Nuestro modelo busca una convergencia entre las Comunidades Autónomas que huye de los privilegios y coloca por encima la igualdad de oportunidades.

 

Hoy, asistimos preocupados a un incremento de los desequilibrios, de las desigualdades y de la insolidaridad territorial que puede ir en aumento debido a:

 

1        La limitación para dictar leyes básicas por parte del Estado, ya que afecta a la igualdad de los españoles en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes. Por poner algunos ejemplos, leyes que ya están en debate en las Cortes Generales- como el Estatuto del Empleado público- ya no se aplicarán íntegramente en todo el territorio nacional y, al limitarse su propio contenido desde los Estatutos de Autonomía- generará mayores diferencias tanto en el acceso a la función pública, como en  las retribuciones entre  funcionarios de las distintas Administraciones.

 

2        La regulación de derechos fundamentales en los Estatutos de Autonomía, como el catalán, quiebra la igualdad básica de los españoles consagrada en nuestra Constitución. A diferencia de los derechos sociales y económicos – que en muchos de los casos, se derivan del propio marco competencial autonómico- nuestra Constitución establece un  elenco de derechos fundamentales y libertades públicas, que deben ser iguales para todos los españoles.

 

3         La admisión de modelos de financiación bilateral quiebra el principio de generalidad y por ello, impide la solidaridad, uno de los pilares esenciales de la Constitución. Los límites a la solidaridad, que prevé el Estatuto catalán, acaban traduciéndose en diferencias a la hora de recibir servicios públicos esenciales por los españoles.

 

C)   FRACTURA DE LA UNIDAD DE MERCADO

 

Otra de las disfunciones detectadas atañe a diversas fracturas de  la unidad de mercado. Mientras en el ámbito de la Unión Europea se consolida  un mercado único,  España advierte casos claros de ruptura de nuestro mercado interior que afecta a la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios en el territorio nacional:

 

1        La imposición como deber del conocimiento de las lenguas autonómicas: limita la movilidad de los trabajadores, genera discriminaciones entre los funcionarios, incrementa los costes a las empresas, como son los derivados de la imposición del etiquetaje y embalaje en la segunda lengua.

 

2        La posibilidad de que las legislaciones autonómicas regulen distintas condiciones de acceso, derechos y obligaciones a los  profesionales colegiados puede limitar el libre ejercicio de su profesión en toda España, lo que implica mayores costes de establecimiento y funcionamiento.

 

1        En materia de industria, la asunción de competencias exclusivas de las CC.AA sobre los procesos industriales puede conllevar normas de verificación, autorización, seguridad diferentes en cada CC.AA, que colocan al empresario productor ante una maraña legislativa para instalarse y comercializar sus productos en toda España.

 

2        Si cada Comunidad Autónoma regula en su integridad y en exclusiva los horarios comerciales, las modalidades de venta y hasta el comercio electrónico, los consumidores y vendedores se ven abocados a cambiar sus técnicas de mercado y de funcionamiento empresarial y sus hábitos de consumo en cuanto cambian de Comunidad Autónoma.

 

D) CONFLICTOS

 

En estos últimos dos años, hemos asistido a un nivel de conflictividad entre Comunidades Autonómicas desconocido en estos 28 años de proceso autonómico: por el agua, por los archivos, por la lengua, por la financiación...

 

La mayor parte de  esas tensiones han sido motivadas por la renuncia por parte del Gobierno de la Nación a establecer una política general en asuntos de competencia estatal. Este es el caso del agua, en que la única política  en materia de agua ha sido la  derogación de  parte del Plan Hidrológico Nacional por el Gobierno socialista sin presentar  alternativas y la renuncia a una política hidráulica general.

 

 

 

E) INSEGURIDAD JURÍDICA

 

La incorporación a los Estatutos de Autonomía como el catalán, de regulaciones reservadas a Leyes del Estado –como es el caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial- genera distorsiones claras en el ordenamiento jurídico. La aplicación de estos postulados estatutarios obligará, en su caso, a la modificación de casi medio centenar de Leyes estatales, afectadas por  las remisiones operadas por el Estatuto, que dejan en entredicho su vigencia actual y condicionan su contenido futuro.

 

Admitir que un Estatuto de Autonomía entre a regular materias propias de leyes de alcance general puede llevar a la paradoja irresoluble de que otros Estatutos puedan acoger sobre el mismo asunto regulaciones distintas y hasta contradictorias.

 

La asunción por el Gobierno de nuevos criterios de reparto competencial a raíz del Estatuto de Cataluña altera la posición defendida por el Estado hasta ahora, ya sea a través de los recursos de inconstitucionalidad planteados frente a Leyes autonómicas o, en su caso,  a través de la defensa jurídica hecha de las Leyes estatales recurridas por algunas Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional.

 

F) DEBILIDAD DE LA POSICIÓN ESPAÑOLA EN LA UE Y EN EL MUNDO

 

Un Estado moderno y viable ha de ofrecer una imagen unitaria en el exterior, con posiciones claras y bien definidas, prestando tanto a los ciudadanos como a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales la voz de un Estado que se coloca política y económicamente entre los diez primeros del mundo, sin diluirse en representaciones menores y parciales. De no ser así, España corre el riesgo de convertirse en un Estado ineficaz dentro de nuestras fronteras e irrelevante fuera de ellas.

 

IV.- LAS SOLUCIONES: HACIA UN ESTADO EFICAZ, GARANTE DE LA IGUALDAD.

 

Ante estas distorsiones que perjudican el derecho a la igualdad de todos los españoles y el funcionamiento eficaz del Estado, el Partido Popular plantea esta Conferencia como un escenario de reflexión. Hemos abierto un debate  sobre las causas y las consecuencias con rigor. Hemos analizado medidas adecuadas que se ofrecen al diálogo constructivo.

 

Cualquier reforma que afecte a nuestro modelo de Estado debe conectar con el sentir de  la ciudadanía acerca de su necesidad. Debe  plantearse  como una invitación al diálogo con el fin de lograr  un acuerdo constitucional mayoritario  y sólido entre las formaciones políticas.

 

En este sentido, el informe emitido por el Consejo de Estado para la reforma constitucional  planteada a instancia del propio Gobierno, aporta un escenario de reflexión orientado precisamente a reforzar los elementos básicos de nuestra convivencia política.

 

La experiencia vivida estos años de Gobierno socialista y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema aconsejan plantearse medidas que fortalezcan y hagan más eficaz nuestro modelo constitucional. Estas propuestas han de tener como objetivo asegurar  la igualdad entre españoles y mejorar la capacidad del Estado a la hora de atender eficazmente las nuevas necesidades que surgen en nuestro tiempo.

 

Las reformas que proponemos son hechas desde  la lealtad a la Constitución. Su finalidad última es asegurar tanto su pervivencia como su espíritu.

 

Garantizar la sostenibilidad del Estado de las Autonomías, hacer más eficaz a nuestro Estado y lograr que cumpla su tarea esencial de salvaguardar la  igualdad y la solidaridad de todos los españoles, son los ejes de gravedad de las reformas que ofrecemos al debate.

 

Es aconsejable una reforma de contornos precisos, que delimite con claridad su alcance y contenido. No se trata de modificar radicalmente el diseño actual, sino introducir en éste reformas que  aseguren la viabilidad del Estado y preserven en él los elementos comunes del sistema. Algo que debe hacer hacerse con un respeto escrupuloso al proceso de descentralización consolidado y al derecho a la autonomía  de las nacionalidades y regiones.

 


Las líneas directrices que inspiran este planteamiento de reforma son:

 

a. Recuperar el consenso.

 

b. Mejorar  la eficacia a través de la  cooperación y  la coordinación.

 

c. Reforzar la capacidad del Estado para asegurar  igualdad entre los españoles  y la solidaridad entre los territorios. .

 

d. Dar estabilidad del Estado de las Autonomías

 

Con ese fin, las medidas que se ofrecen a discusión articulan en dos planos.

 

- Reforma de contenidos concretos de nuestra Constitución. Habrá de ser parcial. No afectará a los pilares básicos del Estado de las Autonomías. Se centrará  en  paliar  las deficiencias del modelo territorial  y del desarrollo del proceso autonómico aparecidas con el curso  de los años.

 

Ninguna de las propuestas que se someten a debate lleva aparejada modificaciones del aquellos Títulos para cuya reforma se exige un procedimiento reforzado.

 

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