La gente está a favor de una mayor presencia del Estado

La intervención del Estado en la economía es vista positivamente por la mayor parte de la población argentina.

Una de las encuestas publicadas por el diario La Nación del día sábado 5 de febrero, revela que, ante la pregunta: ¿Quieren mayor intervención del Gobierno en la Economía? El 62% contestó afirmativamente y el 26% en forma negativa.

Como podemos suponer que las encuestas de La Nación no son contestadas por un público antiliberal, esa opinión resulta altamente significativa: Bien leída quiere decir que la gente, aún la gente que lee La Nación, está harta de los abusos de las multinacionales y de las empresas contratistas, casi todas extranjeras, que se apoderaron de los bienes y empresas de todos los argentinos.

La crisis laboral tiene su origen en esta política de desestatización, pues en la década de 1960, el Estado creaba el 50% de nuestro PBI.

Ya está claro que, extranjeros y privados, cuyas concesiones se encuentran largamente vencidas en muchos casos, no han agregado racionalidad alguna a los servicios, ni disponen de un plan estratégico que sirva a los intereses de nuestro pueblo.

 No es poco esta decepción, expresada en la encuesta de La Nación, que debió atravesar años de campañas antiargentinas con slogans tales como “Achicar el Estado es agrandar la Nación” que repitieron hasta el hartazgo los hombres del Proceso y que planificaron y ejecutaron los menemistas.

Tampoco debemos olvidar que algunas grandes instituciones estatales aún persisten, y lo han logrado por la lucha de sus trabajadores, como los del Banco Nación y del Astillero Río Santiago, que defendieron con garras y uñas a sus empresas, y no las extranjerizaron, ni privatizaron.

Mientras otros dirigentes se entregaron y entregaron a sus empresas sin resistencia.

 Su responsabilidad histórica no puede ser soslayada, pues aún en el gobierno de Menem era posible oponerse, algunos lo hicieron y ganaron.

Esta entrega del patrimonio de todos los argentinos significó una enorme destrucción de puestos de trabajo pues las empresas estatales, luego, “privatizadas” y “extranjerizadas”, encargaban gran parte de lo que necesitaban en el extranjero gracias a la “apertura de la Economía” propiciada por el Imperio Global.

Así hicieron quebrar a las redes de subcontratistas locales para darles estas tareas a sus propios subcontratistas, que también fueron extranjeros.

A esto debe agregarse la destrucción de alrededor de 166.000 empresas, en su mayor parte privadas, gracias al cerco financiero organizado desde 1976 hasta el año 2000 y la compra por extranjeros de grandes empresas privadas asfixiadas financieramente para ser vendidas a las multinacionales.

Estas empresas siguen operando, aprovechando ventajas que le otorga el Estado argentino, y ellas aumentan sus beneficios y los giran al extranjero.

La estrategia neoliberal de las “privatizaciones”, (palabra que ocultaba la extranjerización y/o demolición de los principales servicios públicos y empresas de industria “pesada”) se basó en el mito, ya desenmascarado, de la “eficiencia” de “los privados”, para lo cual sólo es necesario viajar en un tren privatizado o pedir un crédito en un banco internacional.

La verdad es más sencilla. Perón decía “cuando compramos un barco importado, nosotros nos quedamos con el barco y ellos con el dinero, si nosotros fabricamos el barco, nos quedamos con el barco y con el dinero”.

 Esto puede aplicarse a toda la producción de bienes y servicios, si nosotros podemos hacerlo, ¿porqué comprarlos afuera?. Hasta los lectores de La Nación han comprendido que esa fue una política disparatada, como lo demuestra el resultado de la encuesta del 5 de febrero.

La presión no ha cesado y el proceso para impedir que nos recuperemos sigue. Perdura el silencio cómplice de la corporación mediática, que no sólo no denuncia el accionar de los perduelis locales, sino que se sumó al festín del desguace de la Argentina. Ahora que el gobierno ha reaccionado, ellos se revuelcan como fieras heridas ante la liberación de la verdad que surgirá con la nueva Ley de Medios.

Hay otros grupos que se oponen a que la Argentina despegue. Podemos mencionar las presiones de ciertos personajes para impedir que un astillero estatal, el de Río Santiago, construya cuatro buques que necesitamos para bloquear la depredación de nuestros recursos pesqueros y el accionar cada vez más agresivo de Inglaterra en nuestro océano Atlántico.

Este proceso tiene mil impedimentos, a pesar de que el Estado  argentino otorgó los fondos para ejecutarlos, pudiendo entregar a todos los barcos en 1.800 días, con las estrictas especificaciones internacionales.

 La obra no puede comenzar porque la Armada no entregó aún la orden de compra y los que conocen cómo piensan los personajes que se oponen a esto suponen que el funcionamiento de estos barcos permitiría defender los recursos pesqueros que existen en el Mar Argentino y afectar de esta forma otros intereses que existen en el tema.

Walter Moore
Economista y periodista