Hagamos un 'ere' en la Junta

En estos momentos en los que los fraudulentos expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta y sus intermediarios están poniendo en un brete al Gobierno andaluz y a su presidente, Pepe Griñán; ahora que miles de funcionarios de la administración autonómica se echan a la calle para tratar de evitar la aprobación del llamado "decreto del enchufismo" con el que el PSOE pretende "colocar" de por vida a miles de "enchufados" en las empresas públicas; cuando Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma española con mayor número de parados, más de un millón; y cuando, el próximo 28 de febrero, se cumplen treinta años de autonomía, va siendo hora de que nos replanteemos algunas cuestiones esenciales para no seguir cayendo en los numerosos errores cometidos en el pasado y en el presente de Andalucía.

El primero de todos es reconocer que vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. Y no me refiero a los andaluces en general, cuya renta per cápita es de las últimas de España, sino de la administración pública andaluza. La Junta de Andalucía tiene actualmente 257.000 funcionarios, pero éstos no son los únicos funcionarios que hay en Andalucía. A ellos hay que sumar los 92.408 que hay de la Administración estatal, los 130.415 que hay en los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares y los 19.917 que están en las universidades. En total suman 499.974 según las cifras del Registro Central de Personal del Gobierno central. Esa cifra también supone que Andalucía tiene el 18 por ciento de todos los funcionarios de España, lo que supone casi el diez por ciento de la población activa y cuyo coste (sólo el de los funcionarios e interinos de la Junta de Andalucía y sus empresas públicas) supera con creces los diez mil millones de euros al año.¿Son todos ellos necesarios? ¿Es necesario el decreto ley de reordenación del sector público que sacará adelante el PSOE y que pretende hacer fijos de por vida a otros veintitantos mil? ¿No sería mejor que se hiciera un "ere" que adelgazara algo esta obesidad mórbida de la administración andaluza? ¿No sería necesario jubilar ya a unos dirigentes de un partido que lleva treinta años en el poder?

La segunda cuestión ya la he desarrollado en anteriores artículos y es la falta de controles "independientes" de los actos administrativos. Y, peor aún,  la escasa fuerza coercitiva de los escasos controles existentes. En el asunto de los famosos eres, en los que, no lo olvidemos, la Junta se ha gastado la friolera de 650 millones de euros, o sea, cerca de doscientos mil millones de las antiguas pesetas, la intervención advirtió que el procedimiento no era regular, pero nadie le hizo puñetero caso al organismo fiscalizador. Los intereses partidistas estaban por encima de los de los ciudadanos. Pero lo peor es que existan impunemente organismos privados mediadores, formados en muchos casos por señalados dirigentes del PSOE o de la UGT, en esos "eres" entre la Junta y las empresas afectadas por ellos, que hacen de "conseguidores" y cobran una buena comisión que se la pagamos todos los andaluces con nuestros impuestos, incluídos los parados. Es algo que no entiendo. Si la Junta quiere salvar una empresa del cierre y la quiebra por su interés estratégico o social, ¿es que no tiene a ningún organismo ni funcionarios entre esos 257.000 que están en plantilla, que estudien los pormenores de su estado financiero para concederles o no el expediente de regulación de empleo? Y, para finalizar, yo también me pregunto ¿donde está la Fiscalía que no quiere saber nada de este asunto de los "eres" fraudulentos y sólo se ha preocupado de él para tratar de apartar a la jueza instructora Mercedes Alaya del caso? Son preguntas que quedan en el aire y que nos hacemos muchos andaluces, pero que la Junta sigue sin explicar.

Porque en le fondo, no se trata, como dice Griñán o Blanco, de cuatro chorizos que han abusado de la confianza de la Junta, sino de la total impunidad de una administración que hace lo que le viene en gana sin tener que darle cuentas a nadie. Están viciados por más de treinta años de gobiernos sin casi oposición y sin un Parlamento que les pueda controlar. Pasó con la subvención de Chaves a Matsa, la empresa en la que trabajaba su hija, y ha pasado, durante toda una década, con los "eres" de la Consejería de Empleo y el IFA. En el fondo da igual. Ellos siguen confiados en que volverán a ganar las elecciones pase lo que pase porque los andaluces tienen la memoria muy corta. Yo, sinceramente, no me fiaría tanto de esa amnesia.

Y, por favor, no me cuenten historias ni cuentos chinos. Seamos serios y asumamos cada uno nuestras responsabilidades. Si las comparaciones son odiosas, comparar, como han hecho los dirigentes socialistas el pasado fin de semana en su Convención Municipal de Sevilla, los trajes de Camps con los 650 millones de los eres fraudulentos es como comparar el tocino con la velocidad. ¿O nos toman a los andaluces por tontos? Porque, esa es otra, dicen que ha sido la propia Junta quien ha destapado el asunto. Y algunos hasta se lo creen. No me hagas reir, Mar Moreno, la Junta ha llevado las treintena de "eres" fraudulentos a la jueza Alaya cuando los medios de comunicación destaparon el caso y hasta el ex director general de Empleo habló del "fondo de reptiles". Antes se había limitado a desmentirlo todo, negar la mayor y acusar a la oposición y a la prensa "no oficialista" de divulgar infundios. ¡Ah! Y también de levantar sospechas contra la jueza instructora a la que el PSOE ha tratado por todos los medios de apartarla del Caso Mercasevilla, el germen, con su expediente de regulación de empleo en el que se pagó a personas que no habían trabajado allí en su vida, de todos los fraudes que se han destapado ahora. Al César lo que es del César.