Según ha informado el Alto Tribunal, los preceptos impugnados de la ley (los artículos del 1 al 30, el 43 y el 45) quedan en suspenso hasta que se produzca el fallo correspondiente.
El Consejo de Ministros acordó el pasado 23 de diciembre recurrir la ley catalana al considerar que vulneraba las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos.
Según señaló entonces el Gobierno, es el Estado el que tiene competencia exclusiva en la regulación y convocatoria de referendos y la competencia autonómica sólo cabe sobre las consultas populares, como recoge el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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