Martínez Moya señala que la Oficina Judicial "está funcionando cada vez mejor" y los obstáculos "están siendo removidos"

   El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región  de Murcia, Juan Martínez Moya, ha señalado que el despliegue de Oficina Judicial en la Comunidad Autónoma "está funcionando cada vez mejor con sus obstáculos, aunque son obstáculos que están siendo removidos".    Martínez Moya ha hecho estas declaraciones momentos antes de reunirse este martes con los representantes regionales de las asociaciones judiciales para abordar las condiciones del ejercicio de la función jurisdiccional con la nueva organización que supone la implantación de la oficina judicial.    El presidente del TSJ ha remarcado que "la preocupación de los jueces es que se les ha mermado en las unidades procesales de apoyo directo, es decir, el hecho de que en los lugares en los que trabajan, el número de funcionarios suficiente para que ese auxilio en la función jurisdiccional sea el más óptimo".    Asimismo, ha precisado que los jueces "están reclamando que su actividad jurisdiccional esté bien soportada a través de la Oficina Judicial, que existan medios materiales y haya más coordinación y respeto al ámbito de la función jurisdiccional".    Martínez Moya ha dicho compartir esta preocupación en lo que respecta al "ámbito de la función jurisdiccional" y el hecho de que el despliegue de Oficina Judicial "no afecte a las estructuras de autoorganización de los jueces, es decir, que no afecte a la manera de poder trabajar en el ámbito estrictamente jurisdiccional".    El presidente del TSJ tiene previsto transmitir a las asociaciones judiciales "la información de su última reunión con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y todos los presidentes de TSJ y el presidente de la Audiencia Nacional sobre las tres reformas legales que están en marcha".    Es el caso de la reforma de los tribunales de instancia, que Martínez Moya ha considerado "un paso más hacia la Oficina Judicial, la desaparición del juzgado atomizado y que los jueces unipersonales trabajen de forma colegiada en un tribunal".    En segundo lugar, ha dicho que planteará las medidas de agilización procesal para explicar a las asociaciones "que no suponen disuasión del ciudadano a la Administración de Justicia, sino de acortar trámites", y en tercer lugar, ha mencionado "el proyecto de Ley referente al uso de tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia".    Precisamente, ha destacado que a los jueces "les preocupa si la Ley de la administración electrónica, de la comunicación del administrado con la administración, que en Justicia no tengamos una Ley que permita al ciudadano comunicarse directamente con un tribunal por medios tecnológicos es un paso atrás y hay que remover ese obstáculo".    "Lo que todos queremos es hacer un llamamiento a los poderes públicos, al Gobierno y al Parlamento, para que prioricen en su agenda esas reformas procesales y que la Justicia no sea siempre plato de segunda, es decir, que no esté siempre en un lugar secundario", ha reclamado.    En este sentido, ha instado a las Administraciones públicas a que "se preocupen por impulsar las reformas legislativas, que son muy importantes porque van a dar seguridad jurídica, y eso ayuda a salir de la crisis económica".    Martínez Moya ha precisado que la Oficina Judicial "comporta un principio de coordinación entre la función judicial y la función que cumplen los secretarios judiciales en el ámbito de la Oficina".    No obstante, ha instado a "no olvidar que la Oficina Judicial es instrumental hacia la labor de los jueces, es decir, se descarga trabajo judicial para que el juez pueda concentrar su tiempo en ese trabajo".