Reforma de pensiones y lucha contra el fraude sin sanción, claves del Consejo

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha anunciado que el Gobierno prepara un plan para hacer aflorar empleo no declarado o sumergido, y ha concretado que lo discutirá con los agentes sociales en cuanto cierren el acuerdo pendiente para la reforma de la negociación colectiva. Por el momento, el Gobierno no ha explicado los detalles del plan, aunque reconoce que ha sido planteado desde una perspectiva europea porque el Consejo europeo lo va a discutir en el marco del Pacto sobre el Euro. Según Gómez, este plan está planteado como "una forma de mejorar la capacidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas". Según Funcas, la economía sumergida supone el 17% de nuestro PIB y más de cuatro millones de españoles forman parte de ella. En tres décadas,la economía sumergida supone el 17% del PIB, según un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez, publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", concluye el estudio. La existencia de la economía sumergida se traduce en una menor recaudación fiscal que, según estima el estudio, en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial. Según los autores, si Hacienda pudiera recaudar por toda la actividad económica, y suponiendo que la recaudación fiscal no cambiaria, la presión fiscal disminuiría entre 4,5 y 4,8 puntos. Las actividades ocultas al fisco también han provocado un intenso aumento del empleo sumergido. En 1980 este tipo de puestos de trabajo suponían 1,4 millones de empleo, mientras que en 2008 ascenderían a cuatro millones. De nuevo un ritmo mucho mayor para las actividades irregulares, pues desde 1980 hasta 2008 la población activa no se ha duplicado. Reforma de pensiones con consenso Como paso previo a la tramitación de un proyecto de ley, el Consejo Económico y Social (CES) ha avalado la reforma de las pensiones, en el que valora positivamente el anteproyecto de Ley, si bien pide algunas "mejoras", entre las que incluye más "claridad" en la consideración de las lagunas de cotización (periodos en los que el trabajador deja de cotizar) y en la ampliación de la edad de jubilación. Pese a estas sugerencias del CES, cuyo informe no es vinculante, fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron a Europa Press que el proyecto de ley será aprobado casi "con toda seguridad" sin "ningún cambio sustancial". En concreto, la reforma de las pensiones está previsto que entre en vigor en 2013 y eleve la edad de jubilación en un horizonte de 15 años hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2017. Como otra novedad, se introduce la exigencia de contar con una carrera de cotización de 37 años para poder acceder a cobrar la pensión máxima, frente a los 35 años actuales. La reforma amplía también de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones. El Gobierno calcula que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores, al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados.