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Referencia del Consejo de Ministros 15/04/2011

SUMARIO Presidencia REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional administración y gestión. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional electricidad y electrónica. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional electricidad y electrónica. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional transporte y mantenimiento de vehículos. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional instalación y mantenimiento. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional artes y artesanías. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia profesional fabricación mecánica. REAL DECRETO por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad. REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. ACUERDO por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar la actuación de las unidades militares españolas participantes en las operaciones de la zona de exclusión aérea sobre Libia. Interior REAL DECRETO por el que se establece el Régimen Electoral del Consejo de Policía. Economía y Hacienda ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 7.349.036,15 euros y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, para atender la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 2008, condenatoria al pago de las compensaciones económicas en concepto de colaboración en la asistencia sanitaria prestada durante los ejercicios de 1999 a 2003, por la entidad colaboradora Banco de España. ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias para realizar una o varias emisiones de deuda pública (bonos u obligaciones) o tomar préstamos a largo plazo, hasta un importe máximo de 52.300.000 euros. ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Castilla y León para concertar préstamos a largo plazo y realizar una o varias emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 893.800.000 euros. ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura para tomar préstamos a largo plazo y realizar emisiones de deuda pública hasta un importe máximo de 54.560.000 euros. ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a realizar una o varias emisiones de deuda pública (bonos y obligaciones) o tomar préstamos a largo plazo hasta un importe máximo de 82.000.000 de euros. ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para tomar préstamos a largo plazo o realizar una o varias emisiones de deuda pública (bonos y obligaciones) hasta un importe máximo de 265.000.000 de euros. ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cantabria para formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo de 61.800.000 euros y por el que se prorroga hasta el 30 de junio de 2011 el Acuerdo de 17 de diciembre de 2010, por el importe máximo pendiente de formalizar de 101.837.900 euros. Política Territorial y Administración Pública ACUERDO por el que se da contestación al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Asuntos Exteriores y de Cooperación ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Convenio entre el Reino de España y la República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia. ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo de cooperación cultural entre el Reino de España y el Estado de Qatar. Defensa ACUERDO por el que autoriza la imputación de gastos realizados en el ejercicio 2011 con cargo a libramientos a justificar del ejercicio 2010 relativos a la nueva base española en Qaleh Ye Now (Afganistán). ACUERDO por el que se determinan los cargos correspondientes a teniente generales y generales de división cuyo nombramiento se efectuará por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. Fomento ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato "Proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo: Elorrio-Atxondo", longitud: 2,56 km. Valor estimado del contrato: 46.249.217,07 euros, en Vizcaya. Educación ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el registro de Universidades, Centros y Títulos. ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el registro de Universidades, Centros y Títulos. ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el registro de Universidades, Centros y Títulos. ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito de 59.700.000 de euros para el Plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2011, del crédito para el desarrollo del Plan para la reducción del abandono temprano de la educación y la formación, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante de las ayudas para el Programa "Leer para aprender", correspondiente al año 2011, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. Trabajo e Inmigración ACUERDO por el que se encomienda al Servicio Público de Empleo Estatal la articulación del Plan de Formación y Experiencia Profesional para Jóvenes en empresas. ACUERDO por el que se impone una sanción por cuantía de 187.515 euros a la empresa UNISUMMA, S.A., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social n° 1292010000229362, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga. Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino REAL DECRETO para el desarrollo del Inventario Español de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de compraventa de unidades de cantidad asignada de emisión de gases de efecto invernadero entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España y el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Lituania. ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de compraventa de unidades de cantidad asignada de emisión de gases de efecto invernadero entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España y el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Estonia. ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato para la ejecución del proyecto de rehabilitación medioambiental de la fachada costera del casco urbano de Altea, en el término municipal de Altea (Alicante). ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia por un importe global de 396.000 euros, para reparar los daños acaecidos en varios términos municipales de la costa de Girona. ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia por un importe global de 80.000 euros, en la playa de Nueva Almería, en el término municipal de Almería. Cultura ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia en las Murallas de Zamora, tramo de la Puerta del Obispo. Sanidad, Política Social e Igualdad REAL DECRETO por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011. REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y se establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011. ACUERDO por el que se formalizan, para el año 2011, los criterios de distribución y la distribución resultante entre las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, de cinco millones de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. INFORME sobre la aplicación de la Ley de Dependencia ACUERDOS DE PERSONAL Presidencia REAL DECRETO por el que se nombra Directora General de Deportes a Dª MATILDE GARCÍA DUARTE . AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS ASUNTOS GENERALES Trabajo e Inmigración APROBADO EL REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA El texto, fruto de un amplio diálogo, introduce mayor rigor en los procedimientos y facilita la colaboración entre administraciones. En un nuevo contexto migratorio, la norma fortalece la cohesión social al tiempo que potencia la movilidad y el retorno voluntario. El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el Reglamento de la Ley Orgánica de 11 de enero de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, más conocida como Ley de Extranjería El Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, constituye una pieza importante de la política de inmigración del Gobierno y consolida un modelo de inmigración regular, ordenado y vinculado al mercado de trabajo. El texto desarrolla los mecanismos de gestión previstos en la reforma de Ley Orgánica del año 2000 que el mismo Gobierno impulsó y las Cortes Generales aprobaron hace poco más de un año, y pone los medios para hacer efectivos el fortalecimiento de la cohesión social, la integración y la igualdad de derechos y deberes. El nuevo Reglamento responde a los retos del nuevo ciclo migratorio y culmina la transposición de la normativa comunitaria en materia de inmigración. La norma que hoy se aprueba garantiza mayor rigor, objetividad y transparencia en los procedimientos administrativos de extranjería. Además, objetiva criterios necesarios para los trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros, agiliza los procedimientos e introduce las nuevas tecnologías en las tramitaciones. Movilidad y promoción del retorno voluntario El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería establece mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad, así como el retorno voluntario de los ciudadanos extranjeros a sus países de origen. Igualmente, para quienes se acogen a estos programas determina un procedimiento más ágil y con más garantías. Mayor rigor ante incumplimientos en la contratación Por otro lado, el Reglamento también exige mayor estabilidad a los contratos entre empleadores españoles y trabajadores extranjeros. De este modo, la norma impide al empleador que no haya cumplido los compromisos asumidos contratar a otro trabajador extranjero en los tres años siguientes. En diálogo con las administraciones y la sociedad civil El nuevo Reglamento ha llegado al Consejo de Ministros tras el trámite de audiencia e información pública y oído el Consejo de Estado. El texto ha sido objeto de acuerdo en la mesa de diálogo social y ha sido sometido a un amplio proceso de diálogo, tanto con las Administraciones como con la sociedad civil. Trabajo e Inmigración EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ARTICULARÁ EL PLAN DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA 30.000 JÓVENES DESEMPLEADOS Fue acordado en la reunión que mantuvo el pasado mes de marzo el presidente del Gobierno con los responsables de las cuarenta empresas más importantes y el presidente de la CEOE. El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración de encomendar al Servicio Público de Empleo Estatal la articulación del Plan de Formación y Experiencia Profesional para Jóvenes, que supondrá la puesta en marcha de becas para desempleados con baja cualificación. El objetivo del Gobierno es que el Plan favorezca a treinta mil jóvenes que recibirán una beca de cuatrocientos euros a cargo de la empresa, durante seis meses. La formación irá acompañada de un aprendizaje práctico. Esta iniciativa se acordó el pasado 26 de marzo, durante la reunión del presidente del Gobierno con las cuarenta empresas más importantes del país y con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en representación del sector. En el encuentro se analizaron la evolución de la situación de la economía española en la salida de la crisis, la estabilidad imprescindible del sistema financiero y la necesaria consolidación de las políticas fiscales, así como las reformas que en estos últimos meses se están llevando a cabo e impulsar un compromiso adicional en materia de formación para el empleo, articulado a través de un Plan, en el que colaborarían las grandes empresas. Defensa PRÓRROGA DE LA MISIÓN DE LA ZONA DE EXCLUSIÓN AÉREA SOBRE LIBIA El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por dos meses más el período de vigencia inicial de participación de fuerzas españolas en las operaciones de Zona de Exclusión Aérea sobre Libia, permitiendo su contribución a las operaciones en aplicación de las Resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta autorización podrá prorrogarse si las circunstancias así lo aconsejasen. El acuerdo delega en la Ministra de Defensa la realización de los trámites de solicitud de autorización oportunos, así como el desarrollo operativo de esta prórroga. El Gobierno, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, informará al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas españolas en la crisis de Libia. Antecedentes Conforme a lo establecido en la citada Ley Orgánica el Consejo de Ministros acordó el 18 de marzo de este año solicitar la autorización o, en su caso, la ratificación del Congreso de los Diputados, previstas en los artículos 17.2 y 17.3 de dicha Ley, para la participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia, y autorizar el uso de bases militares españolas por las fuerzas extranjeras que actúen al amparo de las mencionadas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ante la gravedad de la situación, el día 19 de marzo se produjo el despliegue inmediato de algunos de los recursos militares españoles previstos en el Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado. El Presidente del Gobierno, en virtud de lo establecido en dicho artículo 17.3 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, compareció ante el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 22 de marzo para solicitar la ratificación del Congreso de la participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia, ratificación que fue concedida con una muy amplia mayoría. En esta comparecencia se comunicó el despliegue y participación de las unidades españolas en el marco de la crisis de Libia, se dispuso un período de vigencia inicial de un mes para las unidades participantes en las operaciones de Zona de Exclusión Aérea y de tres meses para las participantes en las operaciones de embargo, que podrán prorrogarse en ambos casos si las circunstancias así lo aconsejasen. Estos aspectos fueron recogidos en un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de marzo. Protección a la población Aunque se haya logrado el establecimiento de una zona de exclusión aérea que impida el ataque desde el aire de las fuerzas libias, se mantiene inalterable la necesidad de proteger a la población y áreas pobladas frente a posibles ataques, lo que incluye la necesidad de mantener a tal fin la zona de exclusión aérea. La sistemática violación de los derechos humanos del pueblo libio por parte del régimen del Coronel Gadafi que motivara la reacción de Naciones Unidas sigue verificándose a día de hoy, por lo que la Comunidad Internacional, en cumplimiento del párrafo dispositivo 4º de la Resolución 1973 (2011) del Consejo de Seguridad y ejerciendo la responsabilidad de proteger, debe continuar tomando todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las áreas de población civil que se encuentren bajo amenaza de ser atacados en Libia. Ello incluye, igualmente, el apoyar a los organismos humanitarios y posibilitar la distribución de la ayuda humanitaria, conforme a lo dispuesto en el párrafo 26 de la Resolución 1970 (2011), para lo que tanto la Unión Europea como la OTAN están planificando misiones de apoyo y protección al suministro de la ayuda humanitaria, en previsión de que pueda producirse una petición por parte de las organizaciones de Naciones Unidas. Sanidad, Política Social e Igualdad PRESTACIONES ECONÓMICAS Y EL NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PARA 2011 El 1 de enero de este año han comenzado a entrar en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia las personas con dependencia moderada, valoradas con Grado I Nivel 2. El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia: el primero establece las cuantías máximas de las prestaciones económicas para las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2011 y el segundo determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para este año. En ambos casos se recoge la incorporación al Sistema de las personas con dependencia moderada, Grado I Nivel 2. El Consejo Territorial de Dependencia que se celebró el 22 de diciembre del año pasado acordó, tanto las cuantías máximas de las prestaciones económicas, como el nivel mínimo de protección. Actualización de las prestaciones económicas El primero de los Reales Decretos aprobado incorpora las prestaciones económicas que recibirán las personas con dependencia moderada, Grado I Nivel 2 y establece las prestaciones económicas del resto de niveles ya incorporados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 2011. Además, modifica otro Real Decreto del año 2005 por el que se regulan las ayudas económicas de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, declarando su compatibilidad con el percibo de las pensiones de invalidez y de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, no teniendo en ningún caso la consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo de éstas. Esta modificación se hace para dar cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de noviembre de 2010, en el que se encomendó a los Departamentos ministeriales competentes acometer reformas normativas encaminadas, entre otros aspectos, a "excluir las ayudas económicas de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de las rentas o ingresos computables a efectos de posibilitar el reconocimiento del derecho a las pensiones no contributivas a las víctimas de violencia de género". Nivel mínimo de protección El segundo de los Reales Decretos aprobados determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 2011, incluidas las personas con dependencia moderada valoradas con Grado I Nivel 2. (Ver cantidades en tabla 2). La Ley de Dependencia establece que la protección de las personas en situación de dependencia se realizará mediante tres niveles: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre esta Administración y cada comunidad autónoma, y un nivel adicional que podrá establecer cada comunidad con cargo a sus presupuestos. Sanidad, Política Social e Igualdad INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA Cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes reciben ya las prestaciones. La aportación económica del Estado a la implantación de la Ley, hasta finales de 2010, ha sido de 5.390.510.668 euros. Mayor de 80 años, mujer, residente en una localidad de más de 50.000 habitantes y valorada en situación de gran dependencia (con Grado III) son algunos de los datos del perfil de la persona beneficiaria. En estos cuatro años se han producido más de 260.000 altas en la Seguridad Social en relación con la Ley de Dependencia. El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, desde su desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de enero de 2011. Para elaborar esta información se ha seleccionado a las personas que aparecen en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia con resolución del Programa Individual de Atención y, por tanto, son personas beneficiarias del Sistema. Según los datos recogidos, cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes (valorados con Grado III) reciben ya las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las que tienen derecho. Además, según se desprende de estos datos hasta finales de 2010 la aportación económica del Estado a la implantación de la Ley de Dependencia ha sido de 5.390.510.668 euros. Estas estadísticas sirven para realizar un perfil de la persona beneficiaria: mayor de ochenta años, mujer, residente en una localidad de más de cincuenta mil habitantes, valorada en situación de gran dependencia (con Grado III), perceptora de una pensión de viudedad de la Seguridad Social, con una renta media situada entre uno y dos IPREM, y titular de patrimonio inmobiliario, fundamentalmente vivienda habitual. Los datos analizan la información recogida a lo largo de estos cuatro años, ofreciendo información sobre las personas beneficiarias desglosadas por sexo, tramo de edad, tamaño de la localidad de residencia, etcétera. Un amplio apartado se centra en los distintos tipos de prestaciones del Sistema y el tipo de beneficiarios de cada uno (servicios residenciales, cuidadores familiares…). Además, se ofrecen datos de la financiación aportada por la Administración General del Estado, así como del empleo generado gracias a la Ley. Beneficiarios por edad, sexo e instrumento de valoración Las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia son mayoritariamente mujeres (el 67 por 100), lo que se corresponde con su mayor esperanza de vida; pero, si se analiza por tramos de edad, hay más hombres que mujeres en todos los grupos de edad hasta los ochenta años, cuando la presencia de las mujeres es muy importante. De hecho, el 63,83 por 100 de las mujeres beneficiarias tiene más de ochenta años; en cambio, entre los hombres son menos de la mitad los mayores de ochenta años (40,78 por 100). Por edades, casi el 80 por 100 de los beneficiarios (77,92 por 100) tienen 65 años ó más. Más de la mitad del total (el 56,23 por 100) tienen ochenta o más años. Entre las personas mayores de ochenta años en situación de dependencia que tienen derecho a una prestación, el 76,28 por 100 -más de tres de cada cuatro- ya la reciben. Respecto a los menores de tres años, actualmente hay en el Sistema 2.492 niños y niñas. De ellos, el 55 por 100 son niños. La mayoría de estos menores tienen una valoración de gran dependencia (Grado III). En cuanto al instrumento de valoración, a la mayoría de personas en situación de dependencia (el 56,65 por 100) se les ha aplicado el Baremo de Valoración de discapacidad física, frente al 43,35 por 100 al que se ha aplicado el Baremo de Valoración de enfermedad mental o discapacidad intelectual. Por grados de valoración, la enfermedad mental o discapacidad intelectual es más frecuente en los grandes dependientes. Tanto entre los hombres como entre las mujeres, cuanto más alto es el grado de dependencia más personas en Baremo de Valoración por enfermedad mental o discapacidad intelectual hay. Entorno geográfico y nacionalidad La mayor parte de las personas beneficiarias (más de 260.000, el 39,05 por 100 del total) viven en localidades de más de cincuenta mil habitantes. No obstante, cerca de doscientas mil personas beneficiarias residen en entornos rurales, lo que supone que el 28,50 por 100 del total habitan en municipios de menos de cinco mil habitantes. Entre la población general, el porcentaje de personas en municipios de este tamaño es menos de la mitad, el 12,74 por 100. Es cierto que el índice de envejecimiento es superior en el medio rural, pero hay que subrayar que el Sistema ha facilitado el acceso a las prestaciones a las personas que residen en el medio rural. Por lugar de procedencia, sólo el 0'36 por 100 de las personas beneficiarias son extranjeros y extranjeras (2.415 personas). Además, en este grupo se aprecian algunas diferencias respecto a la población beneficiaria en general: son más jóvenes (el 28,74 por 100 de las personas beneficiarias extranjeras tienen más ochenta años, frente al 56,23 por 100 general) y, aunque hay más mujeres, la diferencia es menor que en el caso de la población en general. Personas beneficiarias con prestaciones por grado Cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes (Grado III) reciben ya las prestaciones del Sistema a las que tienen derecho, al igual que el 70 por 100 de las personas con dependencia severa (Grado II); en total, 386.093 personas con Grado III y 282.311 personas con Grado II. Hay que subrayar que se ha priorizado la atención en los casos más graves, de acuerdo con el calendario de aplicación previsto en la Ley. Análisis de las prestaciones A fecha 1 de enero de 2011 se prestaban 414.277 servicios y 385.732 prestaciones económicas. Del total de prestaciones económicas, 384.985 son de cuidados en el ámbito familiar; es decir, el 48,12 por 100 del total. Al ver las cifras en conjunto, se observa que, según disminuye el grado y nivel de dependencia, se incrementa la prestación de servicios en domicilio -ayuda a domicilio y teleasistencia-, así como la prestación de cuidados en el entorno familiar. Varios son los motivos que explican la importante presencia de prestaciones de cuidados: la tradición de cuidados en el entorno familiar; la voluntad de las personas mayores de vivir en su domicilio, ya que, según la Encuesta sobre personas mayores 2010 del IMSERSO, es algo que eligen el 87,3 por 100; el tener una vivienda en propiedad o el importante peso de la atención en el medio rural. Estas razones también explican la importante presencia de servicios en el domicilio, 240.316 en total, el 30 por 100 de todas las prestaciones del sistema. Respecto a los servicios de atención residencial se prestan especialmente a personas con una elevada dependencia. Así, una de cada cuatro personas reconocidas con el Grado III Nivel 2 recibe este servicio (el 23,48 por 100 del total de las personas con Grado III Nivel 2). En cambio, entre las personas con Grado II Nivel 1, sólo un 8,83 por 100 reciben este servicio. Por sexos, no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los servicios que reciben, aunque se encuentra más presencia de hombres en servicios no residenciales y prestaciones económicas y más mujeres en los servicios residenciales. La explicación es que los hombres permanecen con mayor frecuencia en su domicilio, ya que tradicionalmente son las mujeres quienes han ejercido y ejercen el cuidado familiar, por la tradicional asignación de roles de género den el cuidado. Además, las mujeres tienen una mayor longevidad. Por ello, los hombres suelen contar con mujeres en su entorno que les cuidan, mientras que las mujeres tienen en menor medida este apoyo. Esta situación es refrendada por el hecho de que el 93,5 por 100 de las personas cuidadoras no profesionales con alta en Seguridad Social son mujeres. Financiación del Estado al SAAD y empleo El Estado ha aportado, hasta finales de 2010, 5.390.510.668 euros para financiar la atención a la dependencia y ha cumplido suficientemente con las responsabilidades económicas reconocidas en la Ley. En cuanto a empleo, desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010 en el sector de servicios sociales asociado a la dependencia se han producido 260.406 nuevas altas en la Seguridad Social. De ellas, 110.841 corresponden a nuevas afiliaciones en el Régimen General, mientras que 149.565 personas se han dado de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales. Sanidad, Política Social e Igualdad CINCO MILLONES PARA LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Se mantiene la partida de 1,5 millones de euros para la atención especializada a menores que viven expuestos a entornos de violencia de género. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se formalizan, para 2011, los criterios de reparto entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla del crédito para el desarrollo de programas de asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género. Este fondo está dotado con cinco millones de euros y mantiene la partida que ya se incorporó el año pasado de 1,5 millones de euros para el desarrollo del Protocolo de Atención Especializada a Menores Expuestos a Violencia de Género. La distribución se acordó en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el 16 de marzo. El resultado de la distribución puede observarse en el siguiente cuadro. Interior RÉGIMEN ELECTORAL DEL CONSEJO DE POLICÍA El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el régimen electoral del Consejo de Policía. El desarrollo de las nuevas tecnologías, la experiencia acumulada en las elecciones de los miembros del Consejo de Policía y la adaptación de la normativa reglamentaria a la jurisprudencia constitucional y modificación orgánica aconsejan la aprobación de un nuevo marco jurídico del régimen electoral del Consejo de Policía. Además, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de noviembre de 2010, estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con los artículos 25.3, 26.1 y 26.2 de la Ley Orgánica de 13 de marzo de 1986, y los declaró inconstitucionales por omisión en la medida en que no incluían en el sistema electoral a los funcionarios titulares de las plazas de facultativos y técnicos. Con el fin de cumplir esta sentencia, la Ley Orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, completó la normativa orgánica en el sentido indicado por el Tribunal Constitucional. El Real Decreto parte de las líneas fundamentales establecidas en la Ley Orgánica de 1986, que creó el Consejo de Policía como órgano colegiado de representación paritaria de la Administración Pública y de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y se incorporan determinadas modificaciones para hacer el procedimiento electoral más ágil y eficiente. Éstas son las principales novedades: 1.- Se establece con carácter general el procedimiento de voto electrónico, garantizando la confidencialidad, integridad y seguridad del sufragio. La Junta Electoral determinará los locales y puntos habilitados para el ejercicio del voto electrónico y en cada uno de ellos se constituirá una Comisión de Garantía Electoral, que supervisará el desarrollo de las votaciones. La Mesa Electoral Única realizará el escrutinio de los votos electrónicos por medios informáticos. Además, se dota a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de un documento profesional que lleva incorporada la firma electrónica. 2.- Los funcionarios titulares de plazas de facultativos y técnicos concurrirán como electores y elegibles con los de la Escala Ejecutiva y de Subinspección, respectivamente. 3.- Se establecen normas sobre el voto por correspondencia. Se regula la solicitud previa que deberá realizar el elector o persona autorizada, en su caso, ya sea presencialmente o por medios electrónicos. Igualmente, se determina el procedimiento a seguir por la Mesa Electoral Única una vez formulada la solicitud, así como las garantías a adoptar una vez recibido el sobre por la Mesa Electoral Única que lo custodiará hasta el día de la votación, día en que lo pondrá a disposición de la Comisión de Garantía Electoral del voto por correspondencia, también de nueva creación. 4.- Se declara expresamente la supletoriedad, en todo lo no previsto en el Real Decreto de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El Real Decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo de Policía, así como por la Agencia Española de Protección de Datos, que no realizó ninguna observación. Los Ministerios de Economía y Hacienda, y de Política Territorial y Administración Pública han dado su conformidad a la última versión. El Consejo de Estado ha formulado dos observaciones que se han incorporado íntegramente al texto del Real Decreto. Economía y Hacienda AUTORIZACIONES DE DEUDA A SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS El Consejo de Ministros ha autorizado a las Comunidades Autónomas que se relacionan a continuación a realizar emisiones de deuda pública o concertar operaciones de crédito a largo plazo: Los importes que se autorizan resultan conformes a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de endeudamiento de las comunidades autónomas y a los planes económico financieros de reequilibrio 2010-12 presentados por las Comunidades a dicho Consejo, y son conformes con sus Programas Anuales de Endeudamiento. Las operaciones autorizadas corresponden al último tramo de endeudamiento con cargo al déficit de 2010 y se concede a las Comunidades Autónomas que lo han solicitado y que, con los datos provisionales disponibles el 1 de marzo, se encontraban en cumplimiento de su objetivo de estabilidad de 2010. Las autorizaciones se conceden por los importes que permiten completar el incremento máximo de endeudamiento correspondiente a 2010. Además, en el caso de Cantabria se prorroga hasta el 30 de junio de 2011 la autorización de diciembre de 2010 para tomar préstamos a largo plazo por el importe máximo pendiente de formalizar, que asciende a 101,8 millones de euros. Estas operaciones de endeudamiento se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y en la Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, de 2001. Educación CASI SESENTA MILLONES A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL PLAN PROA EN 2011 El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 59,7 millones de euros entre las Comunidades Autónomas para desarrollar el Plan de Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) en 2011. Durante este año el ministerio de Educación va a dedicar casi diez millones de euros más que el año pasado a la financiación del Plan PROA, cuyo objetivo es apoyar a los centros docentes de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que tienen una proporción significativa de alumnado en situación de desventaja socioeducativa, normalmente asociada a un entorno familiar y social con carencias culturales. La novedad de este año es que por primera vez, y debido a los objetivos de déficit que deben cumplir las Comunidades Autónomas, no se exige la cofinanciación por su parte. El Ministerio de Educación ha recordado a las Comunidades Autónomas la conveniencia de que su aportación a los programas educativos sea la máxima posible dentro de su marco presupuestario. Criterios de distribución La distribución del crédito se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: Número de jóvenes que a los dieciséis años no obtienen el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Ponderación: 50 por 100. Número de centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Ponderación: 20 por 100. Número de alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros públicos. Ponderación: 26 por 100. Número de alumnos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros concertados. Ponderación: 4 por 100. La distribución resultante es la siguiente: La financiación de la aplicación del Plan PROA en las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco se realizará de conformidad con sus regímenes de financiación específicos. Plan PROA El Plan PROA, destinado a centros escolares de Primaria y Secundaria de todas las comunidades autónomas, nació en el año 2005 con el objetivo de abordar las necesidades educativas derivadas del entorno sociocultural del alumnado de los centros y avanzar en la consecución del éxito escolar de todos los alumnos, sin excepciones. De este modo, se persigue ofrecer una educación de calidad para todos a través del enriquecimiento del entorno educativo. Contempla un Programa de acompañamiento escolar, cuyas medidas de apoyo se dirigen de manera directa e individualizada al alumnado, y un Programa de apoyo y refuerzo, orientado a la mejora del funcionamiento global del centro mediante la dotación de los recursos necesarios según el proyecto que ellos mismos presentan. Educación APOYO AL PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL ABANDONO TEMPRANO EN LA EDUCACIÓN El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 44,8 millones de euros entre las Comunidades Autónomas con el objetivo de elevar los niveles de éxito escolar en la enseñanza obligatoria y ampliar la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes. El Plan para la reducción del abandono temprano en la educación fue acordado por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 8 de marzo de 2011. Las actuaciones que se podrán financiar en este programa serán: Medidas de análisis, sensibilización y difusión. Medidas preventivas dirigidas a reducir el número de alumnos y alumnas con riesgo de exclusión en un contexto inclusivo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Medidas para la orientación y seguimiento dirigidas a recuperar al alumnado que ha abandonado el sistema educativo. Ofertas educativas para jóvenes que han abandonado el sistema educativo, dirigidas a la obtención de una formación y titulación reglada de Educación Secundaria Postobligatoria. La distribución del crédito, calculada como en años anteriores en función de los datos disponibles en la Encuesta de Población Activa sobre población y títulos educativos obtenidos, se refleja en la siguiente tabla: Del crédito total de 44.800.000 euros se hace una reserva de 300.000 euros para la aplicación del programa en las Ciudades de Ceuta y Melilla. Al igual que en el caso del Plan PROA, la novedad de este año es que por primera vez, y debido a los objetivos de déficit que deben cumplir las Comunidades Autónomas, no se exige la cofinanciación por su parte. El Ministerio de Educación ha recordado a las Comunidades Autónomas la conveniencia de que su aportación a los programas educativos sea la máxima posible dentro de su marco presupuestario. Educación DESARROLLO DEL PROGRAMA "LEER PARA APRENDER" El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 10,5 millones de euros entre las Comunidades Autónomas destinados al programa "Leer para aprender y mejora de las bibliotecas escolares". El objetivo de estas ayudas es apoyar a las administraciones educativas en la financiación de sus planes de mejora de las bibliotecas de los centros educativos y también impulsar la lectura, en todos los formatos, como una herramienta básica para el aprendizaje de todas las áreas del currículo Los criterios de distribución son: Número de centros públicos que imparten Educación infantil, Educación primaria, Educación secundaria, Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial, centros específicos de educación especial y centros de educación de personas adultas de la comunidad autónoma. Ponderación: 60 por 100. Número de alumnos de las enseñanzas indicadas en el apartado anterior en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma. Ponderación: 40 por 100. La aplicación de los criterios indicados da como resultado la distribución (en euros) que se refleja en la siguiente tabla: Como en los dos programas anteriores, la novedad de este año es que, por primera vez, y debido a los objetivos de déficit que deben cumplir las Comunidades Autónomas, no se exige la cofinanciación por su parte. El Ministerio de Educación ha recordado a las comunidades autónomas la conveniencia de que su aportación a los programas educativos sea la máxima posible dentro de su marco presupuestario. Medio Ambiente y Medio Rural y Marino DESARROLLO DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD Integrará toda la información sobre el patrimonio natural que ya se encuentra disponible para conocer de manera objetiva, actualizada y comparable su estado de protección, riesgos y amenazas así como los instrumentos de planificación y gestión existentes. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el capitulo I del título I de la Ley de 2007 por el que se crea el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La creación de este Inventario ha sido acordada y consensuada con las Comunidades Autónomas, y ha sido objeto de un dilatado proceso de consulta en el que han intervenido, además de varios Ministerios y las propias Comunidades Autónomas, los sectores interesados, asociaciones ecologistas y organizaciones científicas y profesionales. La finalidad es proporcionar una información objetiva, actualizada y comparable, en todo el ámbito territorial y marino español, que permita conocer el estado y evolución de dicho patrimonio. La información del Inventario permitirá mejorar el fundamento científico de las políticas públicas en materia de conservación, gestión y uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad, y difundir sus valores a la sociedad. El Inventario es un instrumento para el conocimiento y el uso sostenible del patrimonio natural español, y en él se recogen los distintos inventarios, registros, listados y catálogos determinados en la legislación nacional. Todos estos componentes del Inventario nos permiten conocer en el presente los elementos naturales que interactúan en el patrimonio natural, su estado de protección, los riesgos y amenazas con los que se enfrenta, así como los instrumentos de planificación y gestión existentes. Intercambio y armonización de la información En gran parte esta información ya se encuentra disponible en las distintas administraciones públicas aunque, en muchos casos, de manera dispersa, heterogénea o de difícil acceso. Por ello, más que crear datos nuevos, se pretenden establecer los cauces para el intercambio y armonización de la información ya existente en cumplimiento de las obligaciones de información y establecidas por las diferentes normas jurídicas de ámbito estatal. Toda esta información contenida en el Inventario podrá completarse con la información generada por organizaciones científicas o profesionales independientes y además se quiere contar con la participación de toda la sociedad a través de instrumentos participativos mediante la utilización de las redes sociales. Con el Real Decreto se posibilita el cumplimiento de un triple objetivo: elaborar políticas de conservación, gestión y uso sostenible; difundir a la sociedad los valores del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y contribuir como fuente de información en compromisos internacionales. Sistema de Indicadores Para sintetizar la información, un Sistema de Indicadores mostrará de manera simple y directa información relevante sobre el estado, variaciones y tendencias de los elementos del patrimonio natural y la biodiversidad española, de forma que puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad, incorporados a los procesos de toma de decisiones e integrados a escala supranacional. Con la elaboración de estos indicadores comunes, el Estado puede cumplir con sus obligaciones de suministrar información a instancias supra e internacionales. Todo este volumen de información tiene que ser gestionado en un sistema integrado de información, denominado Banco de Datos de la Naturaleza, en el cual se permita el análisis, integración y difusión de la información del Inventario. Gran parte de estos datos son de carácter geográfico, por lo que este Sistema se integrará con el resto de servicios de información geográfica de las Administraciones. Con el punto de partida de los datos de este Inventario se realizará un informe anual sobre el estado y la evolución del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como de las iniciativas adoptadas para mantenerlo en buen estado de conservación y efectuar una evaluación de los resultados alcanzados por las principales políticas adoptadas. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con la participación de las Comunidades Autónomas y la colaboración de las instituciones y organizaciones de carácter científico, elaborará y mantendrá actualizado el Inventario. Con la creación del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Administración y la sociedad disponen de una herramienta clave para el conocimiento y el seguimiento de nuestro patrimonio natural, con el fin de lograr una mejor gestión y conservación del medio natural. Fomento MÁS DE 54 MILLONES PARA LAS OBRAS DE PLATAFORMA DEL TRAMO ELORRIO-ATXONDO DE LA ALTA VELOCIDAD VASCA El tramo, con una longitud de 2,6 kilómetros, incluye la construcción de tres viaductos. De los 90,3 km que completan el trazado del ramal Vitoria-Bilbao se están realizando obras de plataforma en 49 de ellos. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar, a través de ADIF, las obras de construcción de la plataforma del tramo Elorrio-Atxondo de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián. El presupuesto de licitación asciende a 54.574.076,1 euros, IVA incluido. El tramo tiene una longitud de 2,6 kilómetros y discurre íntegramente por el municipio vizcaíno de Elorrio. A lo largo de su trazado el proyecto prevé la ejecución de los viaductos de Kinatoi (880 metros de longitud), sobre el río Zabaleta (320 metros de longitud), y el que salva el arroyo Larrazabal (200 metros de longitud). Igualmente, el proyecto constructivo incluye las actuaciones necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura, como los movimientos de tierras, obras de drenaje, estructuras, reposición de los servicios y servidumbres afectadas, así como las conexiones transversales que aseguran la permeabilidad viaria de la línea. En este momento se trabaja ya en más de 49 kilómetros de plataforma de los 90,3 kilómetros que completan el trazado del ramal Vitoria-Bilbao. Estos kilómetros corresponden a trece de los veinte tramos en los que se ha dividido la ejecución de la obra por razones de operatividad, incluido el tramo de Arrazua/Ubarrundia-Legutiano II, con cinco kilómetros de longitud, donde ya han terminado las obras de plataforma. Además, en los 49 kilómetros en obras están en ejecución un total de veintiún túneles, entre los que destacan por su longitud los de Albertia, Udalaitz, Zaratamo, Ganzelai e Induspe, además del túnel de Luko, ya concluido. También están en ejecución o finalizados un total de veintinueve viaductos. Entre ellos, destacan el viaducto sobre la carretera A-2620, el de San Antonio-Malaespera, el de Mañaria, el viaducto sobre la carretera A-3002, la N-1 y el río Zadorra, el viaducto sobre la carretera GI-3343 y el viaducto sobre el río Nervión. Características de la nueva línea La Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián forma parte del Proyecto Prioritario nº 3 del Eje Atlántico Ferroviario europeo, da continuidad a la línea Madrid-Valladolid-Vitoria y la prolonga hasta la frontera francesa. El trazado, que se ha diseñado para doble vía de alta velocidad con ancho internacional (1.435 mm), permitirá la circulación de trenes de viajeros y mercancías (tráfico mixto). La inversión total estimada de la nueva línea asciende a 4.178 millones de euros. ADIF se encarga de la construcción de la plataforma entre Vitoria y Bilbao, mientras que el Gobierno de España ha acordado con el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco la construcción del corredor guipuzcoano (Bergara-Irún/San Sebastián) mediante anticipos sobre el cupo, que serán reintegrados por el Gobierno de España. Toda la financiación de la Línea de Alta Velocidad la asume el Gobierno de España. Financiación Europea En el período 2000-2006 los estudios y proyectos de la nueva LAV Vitoria-Bilbao-San Sebastián han sido cofinanciados por las Ayudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte) por importe de dieciséis millones de euros. Dichas ayudas también financiarán en el período 2007-2013 las obras de plataforma del tramo Arrazua/Ubarrundia-Durango con 36,4 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) también participa en la financiación de las Líneas de Alta Velocidad. Principales beneficios La nueva Línea de Alta Velocidad permitirá la interconexión de las tres capitales vascas, lo que redundará en un incremento de la capacidad y la regularidad del tráfico ferroviario en todo el recorrido, así como un aumento del confort y de la seguridad con la adopción de tecnologías punta, además de la ausencia de pasos a nivel a lo largo de todo el recorrido. La nueva infraestructura facilitará también el establecimiento de un nudo ferroviario en Vitoria-Gasteiz, permitiendo el acceso desde el resto de España, y la interconexión con la red internacional. El tiempo de viaje entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao será de 27 minutos; entre Vitoria-Gasteiz y San Sebastián será de 34 minutos; y de 38 minutos entre Bilbao y San Sebastián. Estudios realizados por el Gobierno Vasco estiman que la conexión ferroviaria entre Vitoria y Bilbao permitirá eliminar de las carreteras más de cinco mil vehículos y unos 1.100 camiones diariamente, lo que posibilitará el ahorro de hasta 8.100 horas de viaje. Estos mismos estudios apuntan a que el tren de alta velocidad evitarán una emisión a la atmósfera de 425 toneladas diarias de CO2, que corresponden a un consumo de 27.000 litros de combustible, así como la menor emisión de carbono, óxido de azufre y otros compuestos químicos y orgánicos a la atmósfera. Medidas medioambientales ADIF invierte hasta el 12 por 100 del coste total de las obras en la protección medioambiental del trazado, aplica medidas de respeto al entorno natural en todos los proyectos de construcción de nuevas líneas ferroviarias, se ajusta a las estipulaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y realiza, además, otras mejoras en el entorno. Al término de la obra, en el trazado que conectará Vitoria/Gasteiz y Bilbao (90,8 kilómetros) se revegetarán más de 2.433.132 metros cuadrados (equivalentes a 243 campos de fútbol) con arbustos y herbáceas y se replantarán un total de 118.623 árboles autóctonos. Con el fin de integrar las grandes obras en el entorno, la protección de las zonas por las que discurren los nuevos trazados incluye medidas previas y posteriores a la realización de las mismas. Estas medidas afectan tanto al entorno natural como al urbano, y contribuyen a minimizar el posible impacto de las obras. Entre las medidas propias de esta obra está la protección de los arroyos y sistemas fluviales y de la calidad de las aguas, con la consiguiente elaboración de planes de vigilancia ambiental del propio proyecto constructivo. Trabajo e Inmigración OPTIMIZADA LA ASISTENCIA MÉDICA A LOS TRABAJADORES DEL MAR EMBARCADOS Se reduce la lista de fármacos que deben llevar los buques que operan hasta sesenta millas del puerto más próximo y se mejora la asistencia médica de los buques que transportan mercancías peligrosas. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la normativa que establece las condiciones mínimas sobre protección de la salud y asistencia médica a los trabajadores del mar. Los cambios afectan a los procedimientos de revisión y al contenido de los botiquines que han de llevar a bordo los buques y su finalidad es optimizar la gestión del material asistencial a bordo. Con esta regulación se reduce la lista de fármacos que deben llevar en el botiquín los buques que operan a menos de sesenta millas del puerto más próximo y se mejora la asistencia médica de los buques de mercancías peligrosas o que permanecen en la mar más de un año. La normativa aprobada por el Gobierno modifica un Real Decreto de 12 de febrero de 1999 y pretende ajustar el tipo, contenido y control de los botiquines a bordo a las necesidades reales de la flota, en función del tipo de buque, número de personas a bordo, índole, destino y duración de los viajes, actividades previstas durante la travesía o características del cargamento. Todo ello de acuerdo a lo que estipula el Convenio nº 164 de la Organización Internacional del Trabajo y la Directiva comunitaria de 31 de marzo de 1992. Tipo de botiquín Una de las modificaciones aprobadas afecta al tipo de botiquín que habrán de llevar los buques que navegan o pescan en un área hasta sesenta millas del puerto más próximo. A partir de ahora se les exige que lleven un botiquín del tipo C, el mismo que portan los buques que operan hasta las doce millas de la costa. La mayor preparación de las tripulaciones para gestionar situaciones de asistencia sanitaria cuando trabajan en la mar, los medios de evacuación disponibles y la naturaleza de los procesos experimentados durante años que requieren atención médica han puesto de manifiesto que el botiquín tipo B excede las necesidades asistenciales de ese tipo de buques. El 70 por 100 de las demandas de atención sanitaria en el perímetro de las sesenta millas se resuelven mediante evacuación del tripulante accidentado o enfermo. Las competencias en materia de asistencia a los trabajadores del mar están atribuidas al Instituto Social de la Marina, órgano gestor de la Seguridad Social del Régimen Especial del Mar, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La asistencia médica a bordo se sustenta en tres pilares: un sistema ágil y eficaz de consulta radio-médica, la existencia de botiquines a bordo como instrumento de apoyo a la prescripción realizada por el facultativo a través de la consulta radiomédica y la formación sanitaria de los tripulantes y especialmente de los responsables de la gestión del botiquín a bordo. Anualmente se realizan alrededor de diez mil revisiones médicas a las tripulaciones antes de embarcar Mercancías peligrosas. El Real Decreto hoy aprobado mejora la asistencia médica de los buques que transporten mercancías peligrosas, los transbordadores cuyas condiciones de explotación no permitan conocer la naturaleza de las sustancias peligrosas transportadas o los que no arriben a puerto nacional en un período superior a doce meses. Estas embarcaciones deben llevar en su botiquín medicamentos con los antídotos corre
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