El PP-A pide a la juez que investigue todos los ERE 'muertos'

El PP andaluz ha solicitado este lunes a sus servicios jurídicos que envíen un escrito a la juez de Instrucción del Juzgado número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada del caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), en el que le pide que investigue los denominados ERE 'muertos', --aquellos que ya han sido abonados en su totalidad--, ante la "negativa" por parte de la Junta de Andalucía de llevar a cabo dicha investigación.    Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien ha indicado que investigar los ERE 'muertos' supondría investigar "el doble de empresas" que hasta el momento se ha hecho. En su opinión, si la juez que lleva el caso decide reclamar estos expedientes al Gobierno andaluz y éste se niega, estaría optando "por un camino que llevaría a delitos de encubrimiento y prevaricación".    En esta línea, el 'número dos' del PP andaluz ha señalado que esta decisión se ha tomado después de que el PSOE-A rechazara en el Pleno del Parlamento andaluz el pasado jueves, a instancia del PP-A y con el apoyo de IULV-CA, una proposición no de Ley en la que se pedía a la Junta que ampliara su investigación interna a los ERE 'muertos'.    Sanz, que ha acusado a la Junta de Andalucía y al PSOE-A de pretender extender su mayoría absoluta a los juzgados, ha denunciado una "obsesión enfermiza de obstrucción" con el objetivo de que la Justicia no llegue hasta el final de este caso. "Es impresentable la imagen que da la Junta con su falta de colaboración y zancadilla diaria a la juez que lleva el caso", ha añadido.    Tras considerar que el conflicto generado en torno a las actas de los Consejos de Gobierno las convierte en "una prueba de primera magnitud", el secretario general del PP-A ha anunciado que su formación ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla un recurso directo de apelación al auto dictado el día 30 de marzo por la juez Alaya en el que exigía a la Junta la entrega inmediata de las actas, que serían guardadas en los juzgados de Sevilla a la espera de que se resuelva el conflicto jurisdiccional planteado por la Junta.    En dicho recurso, según ha explicado el dirigente 'popular', su partido plantea la improcedencia del conflicto de jurisdicción. Y es que, según recoge el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1987 de Conflictos Jurisdiccionales: "No podrán plantearse conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales en los asuntos judiciales resueltos por auto o sentencia firme o pendientes sólo de recurso de casación o de revisión, salvo cuando el conflicto nazca o se plantee con motivo de la ejecución de aquéllos o afecte a facultades de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de ejecución".    Asimismo, en dicho recurso se apunta que la Junta lo que mantiene es una discrepancia de criterio, "que debe resolverse mediante los recursos judiciales que procedan". Otro de los argumentos esgrimidos por los 'populares' radica en el "carácter público" de las actas del Consejo de Gobierno, apuntando que lo único que son secreto son las deliberaciones, opiniones o votos emitidos en estas reuniones.    Finalmente, el PP-A dice desconocer "cuáles son los intereses propios y concretos de la Junta para suscitar un conflicto y contraponerlos con los intereses que conlleva la necesidad de averiguar la verdad material en toda investigación judicial penal, al no haber explicitado en ninguno de sus escritos".    De igual modo, el PP andaluz utiliza similares argumentos en las alegaciones que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ante el recurso de apelación presentado por la Junta al citado auto emitido el día 30 de marzo por la juez Alaya, que publica este lunes el diario 'El País'.    Por otro lado, ha indicado que su formación va a promover la investigación parlamentaria de aquellos ERE que han sido aprobados en empresas "con beneficios". Y es que, según ha apuntado, puede haber "decenas" de empresas en esta situación. "El fondo de reptiles era un cajón desastre para todos los chanchullos de la Junta, quien ha hecho y deshecho según le venía en gana", ha apostillado Sanz. CHAVES Y GRIÑÁN, "MÁXIMO COMÚN DENOMINADOR EN LOS ERE"    Finalmente, el secretario general del PP-A ha considerado que el vicepresidente tercero del Gobierno y expresidente andaluz, Manuel Chaves, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, son el "máximo común denominador en el fraude de los ERE". "El cerco a Chaves y Griñán cada día se estrecha más y los inhabilita para seguir al frente de sus responsabilidades", ha añadido.    Al hilo de ello, ha considerado que cada día que pasa hay más responsables de la Junta que están "más cercados por la corrupción". Así, ha pedido explicaciones al exconsejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, por el hecho de que "buena parte de este fraude esté vinculado a la zona de la Sierra Norte de Sevilla".