Eléctricas chilenas demandan a petroleras argentinas

Buenos Aires (La Nación) Las medidas se pueden tomar rápido, quizás en minutos. Las consecuencias suelen tardar tiempo en llegar, hasta años.

En 2004, ante la falta de gas y el aumento de la demanda energética, el gobierno argentino decidió darle prioridad al mercado interno en esta materia. La medida a la que se echó mano fue cortar las exportaciones de ese combustible a Chile. Las consecuencias, si bien tardaron, ahora empiezan a sentirse.

Las petroleras argentinas que operan en la producción de gas están siendo demandadas por las generadoras de energía chilenas, que les compran el fluido aquí. ¿El motivo? Intentar cobrarles indemnizaciones millonarias por los perjuicios que les ocasionaron los cortes desde la Argentina.

Esta semana sólo bastaba darse una vuelta por el lobby del hotel Emperador para verificar que los procesos avanzan. "Audiencias ICC", se podía leer en un cartel ubicado en la entrada. Indicaba que allí se estaban desarrollando las audiencias de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, según sus siglas en inglés) en un arbitraje que tenía como demandadas a la brasileña Petrobras, la estadounidense Mobil y la francesa Total, todas con producción en el país. El proceso de arbitraje fue iniciado por AES Gener, una de las generadoras que funcionan con gas argentino.

Según pudo establecer LA NACION, durante los últimos días se desarrollaron allí toda las pruebas del arbitraje. "Sólo queda el laudo, que se espera para el primer semestre de 2007", dijo una fuente que conoce el caso.

Pero éste no es el único reclamo que existe, aunque sí el más adelantado. En otras petroleras que operan en el país, esperan que finalmente lleguen los procesos. "Hay negociaciones continuas, aunque no todas han avanzado con el arbitraje. Pero tenemos suerte, porque seguramente se va a resolver el caso de AES Gener antes y entonces vamos a tener un parámetro", resumió un ejecutivo de una productora local.

Los cortes de la provisión de gas de la Argentina a Chile comenzaron en abril de 2004. Entonces, se decidió que se iniciaran restricciones a las exportaciones para poder satisfacer el mercado interno. Fue la Secretaría de Energía la encargada de dictar un resolución para darle un cuadro legal al caso. Desde ese momento, los gobiernos de Chile y la Argentina se reunieron en varias oportunidades para tratar de resolver el diferendo. Y si bien los funcionarios mantuvieron el diálogo, entre los privados la cuestión avanzó por otros carriles.

De hecho, la ministra de Minería y Energía de Chile, Karen Poniachik, siempre dejó claro, cada vez que era consultada, que su gobierno no preparaba ningún reclamo formal contra la Argentina "porque los contratos de suministro son firmados entre privados". Justamente, los privados no se quedaron quietos. Sucede que en este tipo de contratos cada vez es más frecuente que se pacten cláusulas de arbitraje para que sea ese sistema el utilizado para resolver los entredichos jurídicos.

Esta acción -la primera iniciada contra empresas argentinas por las restricciones de gas- fue presentada en contra del Consorcio Sierra Chata, que integran las empresas Petrolera Santa Fe (hoy en manos de Petrobras), Mobil (una división de Esso) y Total Austral, que explota un yacimiento de gas en Neuquén. Las productoras argentinas se defienden y dicen que esta situación fue generada por hechos de fuerza mayor. "Nosotros no tenemos más que cumplir con lo que dispone la autoridad. Si el Gobierno dice que tenemos que cortar o restringir las exportaciones, no podemos hacer otra cosa, porque nos arriesgamos a sanciones internas", contestaron en una de ellas.