Al descubierto ‘mafia’ de la salud en Colombia

¿Cómo funciona el sitema de salud en Colombia? Con la aprobación de la ley 100 en 1993, se reguló el sistema de salud en Colombia. Dentro de las disposiciones más importantes que se tomaron se encuentran: La creación de dos regímenes: el contributivo, por el cual las personas que trabajan como empleados o independientes aportan el 12% de su salario para su atención en salud; y el subsidiado, por el cual el Estado brinda el servicio de salud a la población en estado de vulnerabilidad o que no posee recursos para solventar el costo de su atención médica. De otro lado se creó el Plan Obligatorio de Salud (POS), que determina las enfermedades, medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos a los que tienen derecho los trabajadores que aportan el 12 por ciento de sus sueldo, y los que cubre el Estado para las personas que son atendidas por el régimen subsidiado. Además, se permitió que varias Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), de carácter privado, ingresaran al mercado, bajo el argumento de no fomentar la monopolización de la salud en manos del Estado. Se creó el  Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA), una institución regulada por el ministerio de Protección Social, que se encargaría de administrar los recursos dispuestos por la nación para el tema de la salud. En este sentido, una de sus funciones sería la de autorizar los pagos y desembolsar –a las EPS– el dinero de los procedimientos y medicamentos que subsidia el Estado a los colombianos. El cáncer del sistema De esta forma ha venido funcionando el sistema de salud en Colombia desde hace más de diez años; sin embargo, las irregularidades no se han hecho esperar, y las denuncias sobre la arbitrariedad de las EPS, lo poco que cubre el POS, la mala atención de las EPS, se convirtieron en el pan de cada día en la vida de los colombianos. Como si lo anterior fuera poco, el presidente Juan Manuel Santos, denunció que en una investigación realizada por varias instituciones, se descubrió como una mafia, al interior del ministerio de Protección Social, el FOSYGA, y al menos cinco EPS –que no fueron nombradas–, han realizado actos ilegales con el fin de desfalcar los fondos que el Estado anualmente destina para la salud de los colombianos. De esta forma, las EPS utilizan tácticas como por ejemplo ‘embolsillarse’ el dinero que el FOSYGA les pagas por cualquier procedimiento o medicamento avalado por el POS, pero que ellos finalmente le niegan al paciente, quien en muchas ocasiones no se entera; así mismo, en caso de que el usuario a través de una acción de tutela consiga la atención y los medicamentos requeridos, entonces las EPS, generan un recobro al FOSYGA con el fin de que éste cancele doble vez. Así mismo, las Entidades Prestadoras de Servicios han usado otro tipo de estrategias como la interposición de tutelas y la solicitud de procedimientos o medicamentos por parte de personas ya fallecidas, o el sobrecosto en la cotización de los productos y servicios. De otro lado, por parte de los funcionarios del ministerio de Protección Social y el FOSYGA, los delitos se refieren al hecho de autorizar los cobros retenidos o los recobros que no cumplían con los requisitos necesarios para ser avalados, autorizados y pagados. Santos aseguró que este tipo de funcionarios recibían comisión de entre el 6 y 10 por ciento sobre el valor desfalcado. El mandatario aseguró que el robo al sector de la salud es de billones de pesos, de los cerca de 28 que, según los expertos, se destinan anualmente –y que significan el 6% del PIB–. Además, Santos informó de la captura de cinco funcionarios involucrados, y aseguró que no descansará hasta llegar a las últimas consecuencias de esta estafa que ‘desangra’ la salud de los colombianos. Los funcionarios capturados son Claudia Patricia Rojas Puerta, que trabajaba desde el 2003 en el Ministerio de Protección Social y era la coordinadora de cobros y reclamaciones; Luis Andrés Ruiz Martínez, que hasta el año pasado fue el encargado de las bases de datos del Ministerio de Protección; Héctor Mauricio Durán Poveda, subgerente de cartera de la EPS Sánitas, y los particulares Édgar Isaías Medina Millán y John Carlos Lemus Rodríguez, quienes asesoraban a las EPS en los recobros. También hay órdenes de captura contra Luisa Fernanda Bellini y María de los Ángeles Pascuali, ambas funcionarias de FOSYGA, y contra 23 personas más pertenecientes a las instituciones y a las que aún no se ha puesto en manos de las autoridades. Los delitos por lo que serán investigadas estas personas son concierto para delinquir, prevaricato, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito en favor de particulares. La investigación, que se adelanta desde agosto del año pasado, cuenta con abundante material probatorio como documentos y varios archivos digitales recuperados de varios computadores del Ministerio de Protección y del FOSYGA. También suman correos electrónicos en los que los miembros de la red de corrupción coordinaban el pago de recobros y las comisiones.