Ortega dice que Interpol volverá a incluir a varios banqueros en su lista de buscados

En una reunión de fiscales venezolanos con la directora general de la Interpol, Roraima Adriani, y el secretario general de esa instancia con sede permanente en Francia, Ronald Noble, de visita en Venezuela, "se fijaron los mecanismos a emprender en conjunto para corregir la situación", dijo la Fiscalía en un comunicado. "Se diseñaron los mecanismos necesarios a fin de que Interpol vuelva a incluir en su sistema de alerta roja a quienes son requeridos, como consecuencia de la investigación iniciada a partir de noviembre de 2009", detalló. El director General de Actuación Procesal de la Fiscalía, Alejandro Castillo, dijo que las 37 personas excluidas del listado por la Interpol no incurrieron en hechos delictivos "aislados", sino que perpetraron "actos de delincuencia organizada". "No se trata de un grupo cualquiera", dijo e insistió en que así se los explicaron a Adriani y a Noble él, la vicefiscal general, Yajaira Suárez, y los directores generales Contra la Delincuencia Organizada, Leoncio Guerra, Contra la Corrupción, Nelson Mejía, y Delitos Comunes, Orlando Padrón. Los funcionarios venezolanos manifestaron que "no existe ningún móvil político" para perseguir a esas personas, sino presunciones de que "irrumpieron contra el sistema financiero del país" al perpetrar una supuesta y masiva estafa inmobiliaria. "Se trata de una persecución procesal penal conforme a elementos técnicos de la investigación, los cuales permiten presumir que dichas personas son responsables de un hecho punible", repitió. El funcionario reveló que como "causas expuestas por Interpol para proceder a la exclusión" constaron "impugnaciones ante la comisión de ficheros del organismo internacional" presentadas por abogados de los acusados. La titular de la Fiscal General, Luisa Ortega, dijo el mes pasado, cuando anunció la visita de las autoridades de la Interpol, que entre los banqueros figuran Nelson Mezerhane, dueño del Banco Federal; Pedro Torres, padre e hijo, de Banco Real; y a sus colegas de otras instancias financieras Gonzalo Tirado y Eligio Cedeño. Al conocer en febrero pasado esas exclusiones, la fiscal general denunció el asunto como un "ataque al Estado venezolano". "No hay que ser muy brillantes para ver el ataque que hay contra el Estado venezolano, contra las decisiones que toma el Estado", dijo tras recordar haber hecho 102 solicitudes de búsqueda de banqueros y empresarios de la construcción vinculados a una masiva estafa inmobiliaria conocida a finales de 2010. El comisario Nolberto Simancas, jefe de Interpol en Caracas, dijo entonces que al menos el 40 por ciento de las "notificaciones rojas" solicitadas por Venezuela habían sido suspendidas, una vez que la policía internacional las consideró "persecuciones políticas".