El descontento no se prohíbe

El derecho a la indignación, a causa del descontento político y social, no está regulado. Sea subjetivo o colectivo, se escapa de las normas. Reside en la intimidad de las personas y en el sentimiento de la sociedad. Lo que puede regularse, en su caso, es la forma pública de manifestarse si es que tiene consecuencias graves  o distorsionantes para el normal funcionamiento de la vida colectiva pacífica y democrática. No parecía que las múltiples concentraciones de “indignados” de estos días entraran en esta categoría de peligrosidad. Por lo visto, quizás con más elementos de juicio, la Junta Electoral Central considera que pueden perturbar el buen desarrollo de las elecciones del domingo, y ha declarado ilegales estas concentraciones y manifestaciones durante los días de reflexión y de votación. Esto va en contra de muchos pronósticos y deseos, y es una decisión discutible, literalmente legal pero posiblemente imprudente y de no fácil cumplimiento. Por tanto, la máxima instancia para  velar por "la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad", las ha prohibido. Y lo argumenta, entre otras cosas, considerando  que pedir el voto “a favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral" y "la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto" no es legal y "excede del derecho de manifestación" recogido en la Constitución. Seguramente, en este caso, la democracia “formal” se ha vuelto a imponer a la “real”, que es la que reclaman, precisamente, los millares de “indignados” concentrados en varias plazas españolas. No sabemos si esta decisión servirá para echar más leña al fuego, a un fuego que últimamente parece volverse más desafiante, y quizás también menos neutral y cívico que al principio. Tenga razón la Junta Electoral Central o lo tengan los más comprensivos con este movimiento de protesta –al menos aparentemente más cívico que político- la ley está para ser cumplida. Pero el cumplimiento de la ley –no reñido con la prudencia- no puede satisfacer el “descontento” generalizado, ni restar legitimidad a los razonablemente “indignados”.     La voz de la calle ha de ser escuchada y atendida, y nadie debe intentar manipularla ni apropiársela. Al tiempo que conviene hacer un llamamiento a acudir a las urnas, pues las reformas que se piden también dependen del voto de la mayoría de ciudadanos.