La Corte de Justicia ecuatoriana falla a favor de Chevron

La Fiscalía alegaba que los letrados de la compañía estadounidense y los antiguos representantes del Gobierno ecuatoriano mintieron al elaborar un documento de descargo en 1998 que decía que Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron, había cumplido con sus obligaciones de limpieza en un área de explotación petrolera. "Estamos de lo más contentos" con el fallo, dijo Andrés Rivero, que representa al abogado Rodrigo Pérez Pallares, quien trabajaba para Texaco. El otro letrado de la compañía acusado es Ricardo Reis Veiga. La Fiscalía tiene hasta el lunes para apelar al pleno de la Corte Nacional la sentencia, que fue emitida por la sala tercera de ese órgano, informó Rivero. El caso se abrió formalmente en 2008, cuando el actual fiscal general ecuatoriano, Washington Pesántez, alegó que Texaco no llevó a cabo las labores de remediación de la zona de explotación en la Amazonía y, por lo tanto, era fraudulenta el acta firmada entre esa compañía y Petroecuador. El caso está vinculado con un proceso civil abierto desde 1993 por la presunta contaminación ocasionada por Texaco por sus operaciones en la Amazonía desde 1964 hasta 1990, como socio minoritario de un consorcio con Petroecuador. En febrero un juez ecuatoriano de la localidad de Lago Agrio condenó a Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares por ello, una cifra que se doblará si la compañía no pide disculpas. Las dos partes han apelado la sentencia. Rivero dijo que los demandantes en ese litigio usaron el caso ante la Corte Nacional "como una forma de extorsionar un arreglo (monetario) a Chevron, es decir, amenazar con la cárcel a los abogados de la compañía". Rivero explicó que en el caso penal la Fiscalía usó un informe realizado por un perito supuestamente independiente designado por el tribunal de Lago Agrio para demostrar que Texaco no llevó a cabo la remediación. Chevron mantiene que ese informe, que cifraba el daño ambiental en 27.000 millones de dólares, en realidad lo escribió en inglés la consultora estadounidense Stratus que trabajaba para los demandantes y que posteriormente se tradujo al español. Pablo Fajardo, el abogado principal de los demandantes en Ecuador, reconoció en enero a Efe que "gran parte del informe" fue escrito por Stratus, pero afirmó que no hubo ninguna irregularidad en ello porque la propia corte había pedido a las partes dar información al perito sobre el caso. "Nosotros estábamos en obligación de cooperar" con él, dijo Fajardo, quien señaló que, en cambio, Chevron se negó a darle información.