¿Aguantará el sistema político un gran pacto nacional?

Parece que ya vamos formando un pequeño gran club las voces que nos alzamos para señalar que, más allá de la espuma de los días (como dice Charo Zarzalejos), debemos prestarle toda nuestra atención al mar de fondo que presenta la situación española. No voy a repetir lo que ya dije en estas páginas sobre la gravedad de la crisis económica, las finanzas públicas y la desconfianza ciudadana, por mencionar los rasgos más visibles de lo que llamé un horizonte sombrío. Pero si hay coincidencia en la seriedad de la problemática general, creo que merece la pena reflexionar un poco sobre cuales pueden las soluciones para enfrentarla. Se está desarrollando la tendencia a considerar que quizás estemos ante una verdadera emergencia nacional que necesita de respuestas de esa dimensión. Y ante las situaciones de emergencia lo que corresponde es hacer un llamamiento a la unidad nacional. Es decir, que hay que ir pensando en la necesidad de constituir un gran pacto entre todas las fuerzas políticas o, al menos, las mayoritarias, para sacar a flote el país. No importa como lo llamemos, un gran pacto de Estado, un gran acuerdo, la cuestión es que se basaría en las principales fuerzas existentes, y ello implica que, sin la presencia de las dos mayoritarias, Partido Popular y PSOE, no podría asentarse tal pacto. Sin embargo, hay que meditar algo más sobre las distintas modalidades institucionales posibles. En algunos países de la Unión Europea, ese tipo de pacto lleva sin pensarlo demasiado a una gran coalición de Gobierno, del estilo de las grosse koalitionen alemanas, entre socialdemócratas y centroderecha, para superar las graves dificultades del país. Mi juicio es que esa modalidad tendría serías dificultades en el caso español, por las condiciones en que se encuentra su sistema político. De inmediato tengo que aclarar qué quiero decir cuando hablo de sistema político. Porque como se sabe existen dos nociones del concepto, una restringida y otra amplia. La primera tiene que ver con el conjunto de instituciones y mecanismos que procesan las decisiones políticas y que con frecuencia también se denominan régimen político, definido por la Constitución, y que refiere a la organización y relaciones de los poderes públicos, los partidos, etc. Mientras que la acepción amplia refiere a la relación de lo anterior con la ciudadanía, los medios de comunicación, las organizaciones sociales, etc. Eso que algunos autores simplifican como la relación entre gobernantes y gobernados, una relación mediada por la cultura política, la identidad y la subjetividad de la sociedad de que se trate. Pues bien, una gran coalición de gobierno entre PP y PSOE no es impensable desde la perspectiva de la  primera acepción de sistema político: nuestro régimen parlamentario lo puede encajar perfectamente. Pero ese tipo de coalición sería una bomba de tiempo para el sistema político entendido en términos de su noción amplia. La relación actual entre gobernantes y gobernados no pasa por una luna de miel precisamente. Si ya hemos visto que entre un quinto y un cuarto de la población considera que la “clase política” es una parte del problema, tengo la impresión de que aumentar la percepción de que todos los políticos son iguales sólo contribuiría al descontento y le daría toda la razón al 15-M cuando afirma que PP y PSOE son la misma cosa (y soy consciente de que esto puede decirse de forma más caustica). Claro, también puede pensarse que una parte del descontento con la clase política refiere a la sensación de peleadera por el puro poder que percibe buena parte de la ciudadanía y que, quizás, si vieran un gran entendimiento mejoraría su valoración de la clase política. Pero esto podría funcionar con una parte de la sociedad y no con la otra parte, que ya está suficientemente indignada con la clase política como un todo. Es decir, en el mejor de los casos, una coalición entre PP y PSOE generaría una fuerte división de opiniones en la ciudadanía; algo que tal y como están las cosas no parece lo mejor. Habría que encontrar entonces una fórmula que mantuviera el normal funcionamiento de Gobierno y oposición, pero que permitiera políticas específicas de Estado para enfrentar los problemas más cruciales en la actualidad. En España ya hay experiencia del establecimiento de políticas de Estado en cuanto al problema del terrorismo. Pues algo similar debería plantearse respecto de algunos (no demasiados) temas nodales. Tiendo a pensar que debería concentrarse el esfuerzo de Política de Estado en el campo socioeconómico, aunque pudieran dibujarse claramente sus principales componentes, pero estableciendo un acuerdo sobre objetivos macroeconómicos, que incluya saneamiento de las finanzas públicas y lucha contra el paro. Un acuerdo que recogería las recomendaciones de la Comisión Europea, pero amoldándolas a las condiciones económicas, institucionales y políticas del caso español, que permita un punto de equilibrio entre estabilización y mantenimiento de un determinado nivel de consumo, para evitar tratamientos de shock, que producen heridas tan profundas en el tejido institucional y social. Ahora bien, cuando se habla de políticas de Estado suele simplificarse el asunto: con frecuencia se piensa que se trata de un acuerdo entre las fuerzas políticas que le dan una perspectiva de largo plazo a la política pública (al menos más allá de un período de gobierno), y, ciertamente, eso es parte del asunto, pero no es el todo. Hay dos elementos importantes que dan sostenibilidad a una política de Estado: uno, la convergencia entre los distintos poderes públicos, y otro, el consenso amplio entre los gobernados. El primero implica una convergencia clara de los distintos poderes públicos, incluyendo el judicial en los aspectos que fuera necesario. Existe al respecto una confusión muy extendida: se entiende que el Poder Judicial no puede ir a una convergencia con los otros poderes porque ello le resta independencia. Pero eso sólo es cierto si el Poder Judicial va al consenso forzado por el Gobierno o el Parlamento, pero no es así si lo hace por convencimiento propio. Es decir, si los órganos de dirección y deliberación del Poder Judicial deciden que lo mejor para el país –y por tanto para la justicia- es contribuir en una determina política pública. Obviamente, eso no puede hacerse quebrando la normativa vigente, pero hay aspectos de la administración de la justicia que pueden tener un margen opcional apreciable. El otro asunto complejo guarda relación con la posibilidad de alcanzar hoy un consenso con la ciudadanía para apoyar una Política de Estado socioeconómica que, indudablemente, requiere apretarse el cinturón colectivamente, para soslayar la depresión y seguir el camino de Grecia o Portugal. El problema consiste en que hoy no existe confianza en la ciudadanía respecto de que la contribución equitativa de todos está garantizada. Por ello es necesario que los principales actores económicos, bancos, organizaciones empresariales, grandes empresas, se sumen al pacto por una política de Estado y lo hagan también sindicatos y organizaciones sociales de distinto tipo. Estos actores económicos deben considerar si es mejor sumarse al pacto que arriesgarse a una crisis económica y política de consideración. Pero los actores sociales también deben hacer sus propios cálculos. Propongo hablar sin retórica este asunto. Es perfectamente posible que el pacto para una política de Estado no obtenga el mismo esfuerzo por parte de todos. Y que una parte mayor del esfuerzo caiga sobre la gente común. Y, desde luego, eso no es precisamente justo. Pero la alternativa de caer en la crisis (al estilo de Grecia o Portugal) es cien veces peor. Se trata de saber si se prefiere un sacrificio controlado o un sacrificio salvaje y sin control. No hay dudas de cuál es la mejor opción racional, por decirlo en términos rigurosos. Pero como se ha demostrado sobradamente, los colectivos sociales no se mueven siempre por la elección racional. El descontento, la rabia, el resentimiento, puede conducirles al conflicto abierto sin pensarlo demasiado. Por ello, un particular esfuerzo de deliberación ciudadana sería necesario, incluso sin descartar la posible convocatoria a una consulta o referéndum, para consolidar el apoyo a la política de Estado. Llegados a este punto, alguna gente puede pensar que estoy exagerando. ¡Ojala lo hiciera! Pero también pudiera ser que esa gente no alcance a medir la gravedad de la situación. O tal vez que ya hayan decidido que quieren ir al conflicto. En cualquiera de los dos casos, que los dioses repartan mucha suerte.