Julio Poch volvió a ser procesado

La medida, que incluyó un embargo de 41.000.000 de pesos sobre los bienes de Poch –extraditado el año pasado desde España-, la dictó el juez federal Sergio Torres, tras sumar nuevas pruebas, entre ellas el interrogatorio a una docena de testigos en el exterior, ya que un procesamiento anterior había sido anulado por falta de fundamentos. Poch, quien había recuperado la libertad en diciembre último, luego que la Sala II de la Cámara Federal anulara el primer procesamiento dictado por Torres, fue detenido ayer y cumplirá la prisión preventiva en el penal de la localidad bonaerense de Marcos Paz. En su resolución, Torres consideró a Poch “partícipe necesario” del delito de “privación ilegal de la libertad agravada” en 41 casos (entre ellos los de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon), un número inferior de víctimas a las que hacía referencia el procesamiento anterior. El magistrado, con la intervención del secretario federal Pablo Yadarola, concluyó que Poch participó de los “vuelos de la muerte” en los que las víctimas, “previamente sedadas”, eran arrojas desde aviones y helicópteros al Río de la Plata o al Mar Argentino. Poch, piloto de una aerolínea holandesa, fue extraditado desde España, donde había sido detenido el 22 de setiembre de 2009, luego que trascendiera que, ante amigos, se habría jactado de participar de los "vuelos de la muerte". En su momento, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun indicaron que esas manifestaciones ante esos testigos “no pueden considerarse una confesión en términos procesales, al no haber sido efectuadas en sede judicial”. Al recibir la devolución del expediente, Torres dispuso una serie de medidas de pruebas tendientes a satisfacer el requerimiento de los camaristas, que le habían ordenado profundizar la investigación. Vía exhorto diplomático el magistrado cursó un interrogatorio con medio centenar de preguntas para una docena de testigos residentes en Holanda. Así se logró la declaración testimonial de Marco Reijmekers, Henk Potze, Hendrikus Evers, Hendrik van Overrvest, Mitchell Erkelens, Aldo Ingmar Knip, Magno Martín, Frederik Van Heukelom, Tim Eisso Weert, Edwin Brouwer, Cris Duijker y Jeronimus Wiedenhoff, cuyos dichos fueron luego traducidos al idioma español. También se agregaron declaraciones de peritos en ingeniería naval e informes de Aerolíneas Argentinas y de la Armada relacionados con las actividades de vuelo llevadas a cabo por Poch. Torres afirmó que existen “suficientes elementos de convicción como para tener por acreditado que el encausado es a primera vista responsable por los hechos por los cuales fue indagado”. El juez expuso que Poch “habría admitido haber sido parte del sistema de represión ilegal que existió en nuestro país durante los años 1976/1983, siendo su misión la de pilotear aviones que a bordo transladaban a los llamados ‘subversivos’ para, luego de un trayecto mar adentro, eliminarlos físicamente arrojándolos a la profundidad de las aguas”. En contra de lo argumentado por la defensa del procesado, Torres afirmó que “Poch claramente tenía capacidad para formar parte de la tripulación de los aviones que tuvieron implicancia en los vuelos de la muerte” y “estaba capacitado para pilotear uno de ellos”. El juez mencionó como “prueba fundamental” una nota agregada al legajo militar de Poch en la que el entonces Comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Antonio Vañek, destacó que el procesado había desempeñado una “comisión” entre los días 2 de mayo y 1 de junio de 1978, en la que “evidenció buenas condiciones para adaptarse y obtener positivos logros en las especiales tareas impuestas”. Para Torres esa “felicitación” es “muy sugestiva” porque de los legajos de Poch “no surge dato alguno que permita inferir a que lugar o misión estuvo destinado en ese período” y la nota la firmó “alguien de alto grado, cuyo vínculo con el grupo de tareas 3.3.2 se encuentra sobradamente acreditado en autos”.