Grecia ya negocia otro rescate financiero

Grecia ya está negociando con sus acreedores internacionales un segundo paquete de rescate "aproximadamente igual" al primer plan de salvamento que aceptó hace un año, de unos 157 mil millones de dólares, confirmó el primer ministro, George Papandreou. También culpó al hinchado e ineficiente sector estatal griego de haber puesto al país de rodillas y se comprometió a efectuar cambios profundos con un referéndum de la Constitución en el último trimestre del año, a fin de facilitar la tarea de deshacerse de funcionarios o trabajadores ineptos. Sus propuestas fueron una respuesta populista a una ira generalizada de la población hacia los políticos en momentos en que las medidas de austeridad minan profundamente los ingresos. La semana pasada estallaron disturbios en las calles de Atenas contra una nueva ronda de recortes de gastos y aumentos de impuestos que fueron exigidos por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. "Solicito el voto de confianza porque nos encontramos en una coyuntura crítica... la deuda y los déficit son problemas nacionales que han colocado a Grecia en tal estado de dependencia que tal vez nos ha salvado de la bancarrota, pero del que necesitamos salir", afirmó Papandreou al comenzar un debate parlamentario de tres días que culminará el martes con un voto de confianza. Rechazó todos los llamados que piden que el gobierno cese de pagar la enorme deuda del país, diciendo que esto sería "una catástrofe tanto para las familias como para los bancos", y dejó en claro que no dará marcha atrás en sus esfuerzos para reducir el adeudo. Papandreou propuso que se realice un referendo en los últimos meses del año para que se efectúen "cambios al sistema político", incluida la carta magna del país. Dijo que nombrará a una comisión independiente de hasta 25 personas con el fin de recoger las propuestas de los ciudadanos y presentar un informe antes de la votación en los últimos meses del año. El premier dijo que una revisión a la carta magna facilitará el enjuiciamiento de las autoridades que incurran en irregularidades, ya que actualmente están protegidas por un estricto estatuto de limitación de responsabilidades. Agregó que otros cambios incluyen reducir el número de diputados, una financiación más transparente de los partidos políticos y los candidatos, así como un nuevo sistema electoral, que incluso pudiese imponer límites en los mandatos.