Consejo de la Judicatura cesa de sus cargos a 161 funcionarios
viernes 05 de agosto de 2011, 17:20h
Actualizado: 17 de agosto de 2011, 05:12h
El Consejo de la Judicatura de transición resolvió cesar en sus funciones a 38 jueces, 6 juezas y 4 conjueces, designados a través de nombramiento provisional. El organismo dio por terminados también 42 nombramientos provisionales de personal judicial y administrativo, y 71 contratos de servicio otorgados en el periodo del 1 de enero al 13 de julio.
Paulo Rodríguez, presidente del Consejo, justificó la medida que, dijo, “no obedece a consideraciones particulares sino a una potestad constitucional”.
El funcionario explicó que no existe el riesgo de que algunos procesos judiciales queden en acefalía, pues existen procedimientos administrativos para reemplazar las judicaturas que hagan falta.
“Son decisiones que pertenecen al ámbito de las potestades que tiene el pleno, con fundamento en lo que manda la Constitución de la República. No son ni más ni menos que los que deben ser. Es una decisión tomada por unanimidad sobre los informes que presenta la Unidad de Recursos Humanos”, recalcó.
Los tres miembros del Consejo de la Judicatura fueron posesionados el pasado 26 de julio por la Asamblea Nacional. A partir de esa fecha empezó a correr el plazo de 18 meses para reestructurar la Función Judicial, tal como fue la propuesta aprobada en el referendo del 7 de mayo.
El Consejo está integrado por Paulo Rodríguez (por el Ejecutivo), Tania Arias (Legislativo) y Fernando Yávar (Función de Transparencia y Control Social).
El organismo presentará el Plan de Modernización de la Función Judicial el próximo 9 de agosto, en el Centro Cultural Itchimbía, a las 10:00.
En días pasados, Yávar dijo a la prensa que pondrán énfasis en el mejoramiento de la infraestructura, de los procesos tecnológicos y el talento humano. Además se iniciará un proceso de evaluación a todos los funcionarios judiciales (alrededor de ocho mil) del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y Defensoría Pública, en un plazo de 180 días.
Arias indicó que la prioridad será agilitar el trámite de más de un millón doscientas mil causas represadas, de las cuales el 50% corresponde a temas de familia, niñez, adolescencia, alimentos, violencia sexual e intrafamiliar, el otro 50% son de materia penal, civil, económica y de la administración pública, explicó la funcionaria.