Más información, menos consignas

A escasas siete semanas de la inédita elección popular de autoridades jurisdiccionales en Bolivia, estamos obesos de mandatos, pero hay anorexia de conocimiento. Y tal es uno de los mayores déficits, a la vez que riesgo, de este fundamental evento de ampliación democrática. Sin adecuada información, como bien ha sido advertido, votaremos “a ciegas”. O peor: por consigna. ¿Qué se ha privilegiado hasta ahora en la agenda político-mediática, en especial con guiñador de la oposición? Primero, en pleno siglo XXI, la interrogante sobre si las bolivianas y bolivianos “estamos aptos” para elegir magistrados. Luego, la persistente descalificación de la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa. Y pronto el desahucio del proceso electoral mismo. Tenemos entonces, como resultado, la proliferación de consignas que atentan contra el derecho del demos votante a decidir libremente su preferencia electoral: voto nulo, consigna; votar es democracia, consigna; voto rechazo, consigna; voto válido, consigna; vote No, consigna' Pero hay ausencia de información. Falta debate. Y el sistema de justicia en el país, colapsado. ¿Qué necesitamos saber, como ciudadanía, acerca de este proceso? Lo más elemental es entender la relevancia y razones del precepto constitucional de elegir mediante el voto a las principales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué hemos dado este paso? ¿No era mejor/peor que se designen directamente, como antes, en el Órgano Legislativo? Si asumimos que estamos ante una nueva fuente de legitimidad para las autoridades jurisdiccionales, lo menos que debiéramos saber es por qué vamos a votar. Pero eso no basta. Este nuevo y retador ejercicio de derechos políticos, en especial, requiere un cuidadoso y amplio conocimiento de la identidad y méritos de las y los postulantes. ¿Quiénes son? ¿A cuáles (no) deberíamos elegir? Al respecto tengo la sospecha de que existe no sólo insuficiencia, sino premeditados silencios. Y es que, a reserva de la intensa campaña de difusión que debe iniciar pronto el Tribunal Supremo Electoral, es evidente que los grandes medios de comunicación (en especial redes televisivas), en la línea de la oposición, optaron por descalificar los comicios en lugar de informar sobre ellos. ¿Por qué los principales operadores mediáticos no se ocupan del proceso electoral mismo y de las y los postulantes preseleccionados? ¿Cómo se entiende que hayan optado por no entrevistarlos o, al menos, darles visibilidad? ¿Acaso no exigieron el derecho de hacerlo? ¿Qué tan difícil es difundir información sin hacer campaña-propaganda y garantizando el razonable principio de equidad? Que yo sepa, hasta la fecha solamente los medios del Estado, por un lado, con sorteo público incluido, y una alianza de algunos medios privados, por otro, con saludable compromiso, han asumido la responsabilidad-desafío de entrevistar a las 116 personas que estarán en la papeleta de votación. Y eso, como ciudadanía, se agradece. Un aporte a la participación informada. ¿Y los demás medios de comunicación? ¿Se limitarán a difundir-estimular consignas? ¿Informarán? ¿Optarán acaso por el silencio acerca de las y los postulantes? ¿Contribuirán a explicar la modalidad de votación? ¿Incluirán en su agenda informativa y de opinión insumos útiles para el diálogo plural? ¿Lograrán salir del cerco que ellos mismos parecen haberse impuesto? Es posible. Contra todo pronóstico y evidencia quiero insistir en que las elecciones del próximo 16 de octubre constituyen un inmejorable ensayo para la lucidez mediática. Una demostración, mejor, en democracia, de que nuestros operadores de medios están a la altura de la ciudadanía. Una señal, ojalá, de que aún podemos confiar en el “periodismo independiente”. Más allá de las consignas.   José Luis Exeni es comunicador social.