El Gobierno declara el "estado de excepción" en la Función Judicial

Mediante un decreto oficial, el Ejecutivo decidió aplicar la medida excepcional "a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa" la justicia, "garantizar" el acceso a ella por parte de la población y "prevenir una inminente conmoción interna". El texto oficial advierte de que la crisis judicial se expresa en más de 1,2 millones de causas detenidas que necesitan atención, lo cual, junto a otras causas, podría generar "una grave conmoción". Asimismo, el decreto declara la "movilización nacional, especialmente de todo el personal de la Función Judicial, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia oportuna e integral a los habitantes". "Declárese acción prioritaria la formulación, ejecución e implementación de los proyectos de cambio de la justicia en el Ecuador mediante el Plan de Transformación de la Justicia", añade el decreto suscrito hoy por el presidente del país, Rafael Correa. La acción gubernamental se sustenta en el referendo del pasado 7 de mayo, cuyo resultado dio la victoria a la iniciativa del Gobierno para transformar el sistema de justicia ecuatoriano. Con esa prerrogativa también se conformó un Consejo de la Judicatura de Transición que empezó a funcionar en julio pasado y cuyas funciones se extenderán por 18 meses. Actualmente dicho Consejo se encuentra empeñado en reorganizar las cortes y modernizar el servicio judicial, para lo cual requiere innovación tecnológica de última generación, digitalización de los archivos, incorporación de personal capacitado, infraestructuras adecuadas y recursos. En el apartado de las consideraciones del decreto ejecutivo, el Gobierno señala que "la función judicial necesita una nueva estructura institucional que permita implementar y controlar eficazmente la gestión estratégica y operacional, y se convierta en un verdadero órgano de gobierno y administrador de justicia". Asimismo, afirma que los ecuatorianos "claman por la correcta aplicación de la justicia y la posibilidad de contar con un servicio digno e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento judicial". Reconoce también que "la calidad del servicio de la Función Judicial se encuentra deteriorada, el mismo que es progresivo por los problemas económicos y financieros sufridos en los últimos tiempos". Por ello, encarga a los ministerios de Finanzas y Justicia de la aplicación del decreto y asegura que la cartera de Economía "situará los recursos para atender la emergencia". El pasado 30 de agosto el presidente Correa aseguró que la reforma de la justicia ecuatoriana tendrá un presupuesto de 600 millones de dólares. "Esperemos que en el 2015 esté terminada" la reforma judicial, mencionó entonces el mandatario, quien ha recalcado que sin una transformación de la justicia no habrá posibilidades para el desarrollo del país.