¿El fin de un ciclo?

Pareciera que hay consenso en que, con la salida de Rodrigo Rivera como Ministro de Defensa, termina el ciclo de la seguridad democrática. No sólo por el hecho de que el ahora ex ministro hubiera sido el más activo defensor de la necesidad de mantener esa política. También porque el gobierno Santos, al menos formalmente, ha hecho explícito un cambio de enfoque. De una política de seguridad que subordinaba las demás políticas (en el gobierno de Uribe), ha pasado a otra en que la seguridad es complementaria de los esfuerzos que se van a adelantar con las locomotoras de la infraestructura, vivienda, agricultura, minería e innovación, de la Prosperidad Democrática. Sin embargo, el fin del ciclo de la Seguridad Democrática todavía está por verse. En su primer año, la gestión de la política de seguridad del gobierno Santos se ha visto afectada por dos factores que han ido bloqueando el cambio. Por una parte, está la resistencia del estamento militar a un nuevo enfoque que implique perder el peso político que tenía en el pasado. No sólo porque se podía afectar el presupuesto, sino por sobre todo porque en muchos sectores se cree que esa pérdida de peso dejaría mucho más expuestos a los militares a lo que ellos han dado en llamar la "guerra jurídica" contra el Estado colombiano. Se trata de una resistencia silenciosa en la que, con el argumento de riesgo jurídico, los militares han llegado a paralizar sus acciones. Por otra parte, está la presión de sectores sociales y empresariales, que lejos de entender el cambio de enfoque de Santos como una evolución en la política misma, lo ha asumido como un debilitamiento institucional y político que mina la moral de las tropas. Aquí, el propio Santos ha contribuido a la confusión. El temor presidencial a hacer mucho más visible el cambio de política ha llevado a que el Gobierno trastabille entre el "sí pero no", dejando la sensación de que en realidad sí está tratando de mantener la seguridad democrática de Uribe. El Gobierno ha sido incapaz de reconocer que así como la seguridad democrática ha sido la política más popular, también ha sido la que más serios reparos ha recibido. Tantos, que el Gobierno entendió la necesidad del cambio y que ponen en evidencia cómo muchos de los resultados se obtuvieron transgrediendo los bordes de la Ley e incluso los límites del Derecho Internacional Humanitario. Ha sido tan fuerte la presión externa para el cambio, que ya es común que reconozcan esa paradoja según la cual, la Seguridad Democrática, fue una política tan exitosa, que el gobierno Uribe siempre tuvo que salir a defenderla. En verdad, todavía están por determinar los territorios que efectivamente fueron recuperados por la Fuerza Pública y que no terminaron bajo el control paramilitar; aún hay que descontar las bajas y desmovilizaciones que resultaron 'falsos positivos', para conocer la dimensión real del golpe a las organizaciones armadas ilegales; e inclusive falta por incorporar en las cifras oficiales los muertos hallados en los centenares de fosas comunes (halladas en desarrollo del proceso de justicia y paz), para precisar el verdadero comportamiento de la tasa de homicidios en el país. El ahora ex ministro Rivera fue quien tuvo que asumir los costos de la transición. Fue víctima de la acción soterrada de aquellos que se resisten a superar el enfoque del "todo vale". El nuevo Ministro haría bien en sincerar las cartas de la política gubernamental y redefinir las metas. Es positivo proponer una estrategia de diplomacia para la seguridad a través de cooperación con otras naciones para atacar el crimen transnacional, porque reconoce y corrige errores del pasado. Pero no es realista afirmar que para el 2014 espera acabar con la amenaza de la guerrilla y las bandas criminales. Sobre todo, cuando no se sabe bien cuál es el punto de partida. El nuevo Ministro tiene la palabra.