Asamblea Plurinacional endurece la penalización del financiamiento al terrorismo

 La Cámara de Diputados indicó en un boletín que aprobó la modificación del Código Penal con esas sanciones y con otra que castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto a quien lleve a cabo "ataques con el fin de separar la unidad del Estado". El partido del presidente Evo Morales, que controla el Poder Legislativo, promovió la aprobación de la normativa ante la protesta de la oposición, para la que las nuevas medidas serán usadas por el Gobierno con el fin de perseguir a los opositores. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, justificó ante la Asamblea que con esos cambios legales, Bolivia cumple sus compromisos internacionales para la prevención, detección, control y reporte de lavado de dinero y financiación al terrorismo. La diputada oficialista Cecilia Ayllón, presidenta de la comisión de Justicia Plural, indicó que se preservará la seguridad y la defensa del Estado porque se trata de una norma que lucha contra el terrorismo y separatismo detectando de dónde provienen sus fondos. El diputado opositor Tomás Monasterios dijo a la red Unitel que el Gobierno aprovechará la norma para perseguir a los dirigentes opositores de la región de Santa Cruz que promovieron acciones autonomistas, pero que el presidente las tildó de separatistas. La también diputada opositora Adriana Gil señaló que a partir de hoy cualquier protesta contra el Gobierno, incluso las que son por reivindicaciones sociales, pueden ser investigadas por terrorismo o por complot contra Morales. Varios de los líderes de Santa Cruz están procesados o huyeron del país, después de que Morales los acusara de haber apoyado y financiado a una supuesta banda terrorista que fue desarticulada hace dos años en un operativo policial en Santa Cruz. En abril de 2009, en un operativo de la policía murieron tres supuestos terroristas, entre ellos al líder del grupo, el boliviano croata Eduardo Rozsa, que fue acusado de complot contra Morales y de promover en complicidad con dirigentes cruceños la secesión de Santa Cruz. La denuncia, que involucró a un total de 39 personas, fue rechazada por opositores y puesta en duda por revelaciones de cables diplomáticos estadounidenses en WikiLeaks que hablan de un montaje del plan contra Morales con el fin de perseguir a la oposición.