Conciencia democrática

En las clases de Derecho de la Información que impartí en estos últimos años, acostumbrava a preguntar a mis alumnos si el término 'Constitución' era equivalente a 'democracia'. Para ayudarles a pensar les mostraba los textos de dos constituciones. Uno, era la Constitución de los Estados Unidos de América. Otro, era el texto de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya desaparecida. Ambas eran leyes fundamentales. Ambas regulaban la vida de dos estados bien diferentes en su nacimiento, en la vida y en la práctica política. En otras ocasiones para explicar la diferencia entre una dictadura y un sistema democrático, aunque imperfecto, presentaba la Ley Orgánica del estado de 1966 que el entonces ministro de Información y Turismo señor Fraga Iribarne presentó a los españoles como una "nueva Constitución" y la Constitución española de 1978, de la que destacaba la parte correspondiente a Libertades y Derechos Fundamentales, dejando el resto para la discusión política. Expliqué siempre que esta Constitución de 1978 fue el resultado de una evolución política del Estado franquista hacia la democracia representativa y una transacción de una parte de la oposición a la dictadura, excepto los republicanos, para lograr el cambio pacífico y sin traumas. El resultado siempre fue el mismo: Constitución no equivale a democracia. Esta era la percepción de los jóvenes alumnos. Y es que, como decía Joaquim Ferrer: "és difícil instituir la democràcia per decret. És cert que exigeix normalment una Constitució que proclami solemnement els drets i els deures del ciutadà, però per tal de consolidar-la és fonamental que tots els homes i dones d'una determinada societat o al menys una àmplia majoria, hagin decidit practicar-los en la vida quotidiana com a normes d’actuació". Pero es que en el caso comparado por los estudiantes, la idea democrática tenía una percepción completamente diferente, opuesta. Joaquin Garrigues Walker, en su libro electoral y de promoción, de 1976, del desaparecido Partido Demócrata, Una política para España, sostiene que la organización es democrática cuando responde a los principios de soberanía de la base, o sea del pueblo; cuando se decide la forma de Estado libremente; cuando el régimen político está basado en el sufragio universal, igual, directo y secreto: pluralidad de partidos políticos, gobierno responsable investido ante un Parlamento democráticamemte elegido. En las democracias actuales surgidas después de períodos de barbarie y de totalitarismo, las reformas constitucionales surgen necesariamente para acompañar el desarrollo económico y social, o la socialización de la riqueza, la integración de un pueblo en una organización supraestatal, de dar nuevos pasos en el entendimiento ente generaciones, de la redefinición de los grandes valores que la sociedad acepta como base de la legitimidad del conjunto. Así lo explicaba en 1978 el catedrático, exministro franquista y entonces ponente constitucional Don Manuel Fraga Iribarne en su libro La Constitución y otras cuestiones fundamentales. En nuestros tiempos ha quedado difuminada la lucha de clases por la elevación de vida de los trabajadores, la pérdida de la conciencia de clase y el fracaso de las doctrinas marxistas como consecuencia de la propia evolución y desarrollo técnico del capitalismo. Pero es que además se da el surgimiento de unas clases medias que se afirman a sí mismas y son específicamente nuevas, nacidas con el desarrollo de las fuerzas productivas que no entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o que se van creando en el proceso de desarrollo económico de la sociedad moderna. Hay quien insiste en tildar de neocapitalista el estado del bienestar o 'welfare state' que hemos conocido hasta la crisis de 2008, en el momento en que España, con la desaparición del dictador en 1975, está acabando de liquidar su pasado colonial sin acierto. Perdemos en poco tiempo las plazas y provincias españolas en África. El proceso ya se inició más de un siglo antes con la emancipación violenta de los territorios de ultramar. No fueron capaces los responsables políticos de la Restauración monárquica de 1876 ni los posteriores, entre dictadura y dictadura, de ensamblar libre y democráticamente una comunidad de pueblos y naciones de común habla hispana que pudiera competir con la Commonwealth británica, y con los territorios del áfrica colonial francesa emancipados de París en los años 50. El caso catalán como las reivindicaciones del pueblo vasco han estado siempre presentes en todas las reformas políticas de España, pero nunca resueltos a satisfacción de las demandas populares. Pero el pensamiento conservador que representaba el catedrático Manuel Fraga, centrado en la redacción de la Constitución española de 1978, hizo tabla rasa de ese pasado y en lugar de potenciar un federalismo integrador alertó de toda regionalización que, según él, rompe la unidad política, la división de los servicios públicos esenciales, las elecciones por representación proporcional, y el abandono de las parcelas básicas de la soberanía del Estado. Y ese espíritu que hace poco nos recordó el Tribunal Constitucional, al negar la existencia de la nación catalana, es el que predomina en el texto legal. Nos quisieron atar el futuro con una Constitución que, por su restrictiva interpretación de los actuales políticos y jueces, ya no sirve. La confianza política que quiere recuperar el Partido Popular quedó así destrozada. Cuando se redactó la Constitución, a pesar de la retirada del ponente socialista, se destacaron sus aspectos positivos. El propio Fraga recuerda que la Constitución es una ley fundamental inspirada en el espíritu de libertad. Pero no define su alcance. Refiriéndose al pluralismo de los partidos señaló Fraga que estos solo funcionan bien si se evitan las dos corrupciones del sistema: la partiditis y la partitocracia -decía- que permite la representación proporcional. El ponente conservador ya se pronunció en el momento constitucional contra el concepto de 'nacionalidades' que consideró una bomba de tiempos para la unidad nacional y la fortaleza del Estado. Pero esa bomba imaginaria, gobernando el Honorable Jordi Pujol en Catalunya nunca le estalló. Antes al contrario en más de una ocasión pudo gobernar el partido del señor Fraga gracias a los votos de los diputados de CiU. Considera también erróneamente Fraga que la economía social de mercado que consagra la Constitución se basa en privilegios, y, aunque diferente del liberalismo capitalista y del socialismo del siglo pasado, acaba diciendo que las limitaciones que contiene la misma Constitución a la iniciativa empresarial permiten la socialización efectiva de toda la economía. La gran preocupación de ese conservadurismo era la existencia en la España de 1978 de dos grandes partidos marxistas, el comunista y el socialista que según él -decía en su libro-"mantienen el ambiente general de inseguridad en la situación en la cual se va a promulgar la Constitución". Hoy, a pesar de lo que dijo Fraga, el Partido Comunista es prácticamente inexistente, y el socialista, en retroceso electoral, ya ha abrazado hace años la socialdemocracia abandonando el marxismo revolucionario que denunciaba Fraga. Y es que el servicio al franquismo no lo podía disimular el fogoso ponente constitucional. Nuestra sociedad que cree hoy en la democracia sin estridencias defiende el mantenimiento de la reducción de las desigualdades sociales y las injusticias anteriores al cambio político de 1976. Las mentalidades han evolucionado, como diría el político francés Alain Duhamel, y la y sociedad española ha avanzado hacia la integración social y el equilibrio a pesar de la brusquedad de la crisis que atravesamos. El sistema educativo es así el canal natural de la nueva circulación social de clases difuminadas en el entorno laboral de concentraciones urbanas. El vector del ascenso social y económico y de la esperanza ha sido el gran sintetizador unido a los medios de comunicación audiovisual. Faltó el tono liberal que estima que el diálogo y el pacto son la única via idónea para alcanzar soluciones concretas a los conflictos de los intereses enfrentados entre los pueblos catalán y vasco y el Estado español. Y faltó a los redactores conservadores comprender y reconocer plenamente los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; los Pactos Civiles y Políticos de Nueva York, de 1966; y la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, todo ello incorporando esos textos a la Constitución, excepto el derecho a la autodeterminación que no se nos quiere reconocer. Es de comprender, eso sí, que difícilmente iban a aceptar tanta libertad y derechos los ponentes constitucionales que representaban la evolución del sistema totalitario hacia un nuevo sistema o Estado homologable a la Comunidad Europea. Los temores de unos redactores y otros, no nos engañemos, se compensaron en el texto que se nos ofreció aprobar finalmente en Referéndum. Con la nueva Constitución quedaron eso sí abolidas las leyes anteriores contrarias a las libertades y derechos fundamentales reconocidos a los ciudadanos que dejaban de ser súbditos y administrados del Estado franquista. Y España se encaminó hacia el bipartidismo pese a los temores del ponente señor Fraga Iribarne. Pero la confianza en el nuevo Estado se ha perdido cuando este no ha sido capaz de fijar nuevos horizontes a la dignidad de las personas y los pueblos que forman parte del Reino de España. Ni siquiera los grandes partidos españoles de derechas y de izquierdas han podido mover hacia atrás la conciencia de las minorías nacionales catalana y vasca, hoy maduras y exigentes, de nuevas formas de vida del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo frente a cualquier autoritarismo que, desde las Cortes españolas o desde el poder del Estado, intente forzar lecturas restrictivas de las libertades y derechos reconocidos internacionalmente a los pueblos como el catalán, dotados de personalidad nacional diferenciada y aptitud financiera para su desarrollo socioeconómico. Invocar la Constitución contra esos derechos seria claramente negar la democracia, carecer de conciencia democrática. Reencontrarnos con nuestras culturas propias en una Europa sin fronteras y con la misma moneda no puede interpretarse hoy como una secesión agresiva, sino como una recomposición adecuada, democrática y pacífica del pueblo europeo, plurilingüe y pluricultural, camino de la sociedad del siglo XXII, con los mismos derechos que Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Portugal, Croacia, Hungria, Polonia y Bélgica, sin renunciar a las libertades y derechos humanos, sin renunciar a la sociedad del bienestar y socialmente cohesionada.