Si, como se proyecta, el ciclo de super bonanza que ha vivido la Argentina muta, en el 2012, hacia un período más “normal”, será necesario reducir algunas de las artificialidades populistas sostenidas en este período.
En particular, habrá que ponerle límite a la política de subsidiar precios.
En efecto, en los últimos años, se ha intentado independizar los precios que se pagan por algunos bienes y servicios, de sus verdaderos costos, mediante aportes de gasto público, (ya le conté como se financia). O, como en el caso de los productos agropecuarios, o los combustibles, con retenciones a la exportación, prohibiciones de exportar, cuotas, precios controlados, etc. Es decir con subsidios de los productores.
Obviamente, las consecuencias directas del mantenimiento de precios artificialmente bajos de estos productos, o las restricciones para venderlo en mejores condiciones, han sido negativas sobre la oferta de los mismos.
En el caso del petróleo, el gas, y los combustibles en general, se desalentó el desarrollo de nuevos yacimientos y el crecimiento de la producción. En el caso de la energía eléctrica, por un lado se importa y, por el otro, se destina gasto público para cubrir los costos de generación y distribución que aumentan, y las mínimas inversiones, mientras se mantiene congelada la tarifa.
En el caso de la carne vacuna, los productores liquidaron stocks reconvirtiéndose a la agricultura (soja) los que pudieron. Como cayó la oferta, y recomponerla llevará años, finalmente, el precio de la carne se sinceró, más que se duplicó en un año, y el consumo per cápita cayó estrepitosamente. (Probando lo transitorio y artificial que siempre resulta el populismo, que intentó proteger “la mesa de los argentinos”).
En el caso de otros productos agrícolas, como el trigo, se desalentó la producción, que sigue cayendo, hubo una transferencia de rentas extraordinarias entre sectores, y los consumidores, finalmente, pagan por los derivados del trigo, algo muy parecido a lo que pagarían sin la intervención estatal.
En el caso del transporte público de pasajeros, en Capital y Gran Buenos Aires, el Estado paga (pagamos), la diferencia entre los verdaderos costos y el precio de los boletos, y el “ajuste por calidad”, en particular en los ferrocarriles ha sido feroz.
Será necesario, entonces, empezar a subir los precios hasta ahora congelados, aunque sea de manera gradual, para “que parezca un accidente” y no quede tan en evidencia que el modelo, al menos en esta política, terminó como iba a terminar: en un fracaso.
Pero ello implica un problema para los sectores de más bajos recursos, que tendrán que pagar más caro, la electricidad, o el transporte. O el pan. Como ya están pagando la carne.
Es por ello que se piensa en “tarifas sociales”, en cuotificar mercados, en precios diferenciales, etc. Es decir, se sigue insistiendo en arreglar distorsiones con más distorsiones, burocracia y, por que no, corrupción.
En lugar de ello, propongo un subsidio directo a los sectores más pobres, que les compense el aumento de precios de la energía, del transporte o de los alimentos.
En otras palabras, en lugar de inventar nuevamente, precios especiales para algunos, cuotas de mercado, certificados, etc. ¿Por qué no aprovechar la tecnología ya desarrollada para la Asignación Universal por Hijo, o el SUBE, en el caso del transporte, y transferir directamente a los hogares involucrados una suma de dinero que compense el incremento del gasto en aquéllos bienes y servicios cuyos precios deben normalizarse?
Esta transferencia de dinero, depositada en las cuentas individuales, y usadas a través de las tarjetas de débito, permitiría subsidiar a los que realmente lo necesitan, daría transparencia y automaticidad y eliminaría los quioscos, y, por ende, parte de la corrupción y el negocio.
A su vez, permitiría ir más rápido con los ajustes de precios al resto de la población, y el subsidio se financiaría en gran parte con el incremento de los impuestos atados a las tarifas.
En síntesis, dado que tenemos que reconocer que ya no podemos mantener los precios congelados de ciertos bienes y servicios porque se sigue desalentado la oferta y se nos está acabando la “caja”. Y tenemos que proteger a los más pobres. En lugar de inventar nuevos mecanismos tortuosos de intervención estatal, lo mejor sería aprovechar la tecnología hoy disponible, transferir directamente el dinero a los necesitados a través de tarjetas de débito o de transporte, y liberar más rápidamente los precios, de manera de alentar la oferta y evitar subsidiar, como hasta ahora, a quien no lo necesita
