La presidenta de Hetaira, Cristina Garaizábal, explicó que las declaraciones del delegado del Área de Seguridad del Ayuntamiento, Pedro Calvo, en las que afirmaba que "no es su problema saber a dónde van" las
prostitutas que ejercían en la Casa de Campo, son una "insensatez y una irresponsabilidad". Agregó que estas declaraciones van en la línea de pensamiento que ha seguido la administración municipal del PP, desde que Alberto Ruiz-Gallardón es alcalde.
Respecto al cierre de la Casa de Campo, desde Hetaria no se tiene constancia de que haya provocado la "mudanza" de las trabajadoras a otros municipios: "sabemos que han adelantado su traslado veraniego para trabajar en la costa", insistió la presidenta de la asociación.
La representante de la asociación insistió en que los refuerzos policiales que "por cuestiones de seguridad" el alcalde y su equipo instalaron en la calle Montera "amenazan a las
prostitutas y sus clientes pidiéndoles sus nombres y asustándolas con que no conseguirán la nacionalidad". Por ello, aseguró que las meretrices "han tenido que recurrir a chulos y mafias para que las prevengan de presencia policial".
Garaizábal recordó que han pedido en multitud de ocasiones entrevistas con Ruiz-Gallardón y que éste se ha negado a recibirles. "Lo más que hemos conseguido es que nos derive a Ana Botella, la anterior concejala de Familia y Servicios Sociales, quien tachó de mentirosas y escoria a las
prostitutas por lo que decidimos no continuar con la reunión", comentó Garaizábal
Hetaria defiende que la única solución posible para preservar los derechos de las
prostitutas sin molestar a los vecinos de la capital es que habiliten zonas en las que se pueda ejercer la prostitución en "buenas condiciones", como sucede en otras ciudades europeas como Amsterdam o Hamburgo.
Zonas iluminadas que dispongan de dispositivos para lavarse, con presencia de policías de cercanía a los que se pueda acudir en caso de acoso, e incluso de cafeterías para que las trabajadoras descansen sería el entorno idóneo, según Hetaria, para que estas trabajadoras ejercieran su profesión.
Respecto al Plan Contra la Esclavitud Sexual que el Ejecutivo de Gallardón puso en marcha en 2004 para acabar con la prostitución, Garaizabal afirmó que "ha sido un completo fracaso", ya que "partía de la base de que todas las
prostitutas quieren dejar su actividad". "No hay cifras escritas ni valoración pública con respecto a este plan", aseguró Garaizabal, quien añadió que "las que decidieron seguir con su trabajo fueron reprimidas y amenazadas".