Presidentes regionales se rebelan al Gobierno

Se rebelan. Las tensas relaciones entre los presidentes regionales y el gobierno central, parecen ir en aumento. Y es que el paquete de medidas promulgadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad, ha herido la suceptibilidad de las autoridades del interior del país, pues trae una norma que les prohíbe a los titulares de región, alcaldes y congresistas, apoyar cualquier tipo de paro o huelga. La medida ha sido calificada de inconstitucional por lo que se prepara una demanda ante el Tribunal Constitucional.

Al respecto, las autoridades arequipeñas fueron las primeras en pronunciarse. El presidente arequipeño Juan Manuel Guillén, sostuvo que "esta norma viola los derechos constitucionales, como autoridades y como personas y reprime los derechos que tenemos como autoridades electas".

Por su parte, el alcalde de la Ciudad Blanca, Simón Balbuena, adelantó en conferencia de prensa, que junto al presidente regional de Arequipa "vamos a presentar un dispositivo para reclamar la inconstitucionalidad de este dispositivo legal. Se trata de un principio antidemocrático y medio fascista, que ni en los gobiernos más dictatoriales se ha dado".

No sólo eso. El presidente de Puno, Hernán Fuentes, consideró que ante la violación de lo que considera "un derecho fundamental" amparado en la constitución, "debe intervenir el Congreso de la República e incluso el propio Tribunal Constitucional". Es más dijo que incluso esto podría ameritar "una denuncia de orden constitucional" contra el presidente Alan García.

En tanto, el titular de Tacna, Hugo Ordóñez, consideró que la reforma "pone en evidencia la existencia de un espíritu antidemocrático y antidescentralista, que judicializando y militarizando, pretende acallar las legítimas protestas de la población".

El siempre polémico César Álvarez, presidente de Áncash, sostuvo que el gobierno "está atentando contra el derecho constitucional que es la libertad de expresión y la libertad de movilización. No pueden amenazarnos".

Para el titular de la región Loreto, Iván Vásquez, "esta norma me parece que no es constitucional, porque no se le puede quitar a ningún ciudadano la libertad de opinión y movilización", aseveró.

Yehude Simons, presidente de Lambayeque, calificó la norma de "preocupante", aunque se mostró confiado en que se logre encontrar un camino legal para anular la norma y demandó al Acuerdo Nacional a abordar este tema.

Por su parte, el titular de Cusco, Hugo Gonzales Sayán, consideró que la medida corresponde a una "especie de hostilización" contra los gobiernos regionales.

El único que respaldó la norma fue el titular de La Libertad, José Murguia, quien señaló que si bien las autoridades regionales tienen autonomía, esta debe ejercerse "dentro del marco de la ley" y no apoyando a quienes bloquean carreteras.