Aguirre inicia cuatro acciones legales contra el Estado

El vicepresidente primero regional, Ignacio González, ha manifestado que la Comunidad de Madrid no ha iniciado ninguna "batalla" contra el Gobierno central. Pero, sin embargo, la avalancha de alegaciones y recursos contra el Estado indica lo contrario. Y es que, según ha informado González en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid tiene previsto emprender cuatro acciones legales contra el Gobierno de Zapatero.

De momento, el Consejo de Gobierno ya ha aprobado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo estatal por considerar "que invade diversas competencias autonómicas". Como ha recordado González, esta ley, entre otros aspectos, rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30 por ciento, frente a la obligación del 50 por ciento de pisos de protección que fija la norma autonómica. Además, priva a los propietarios particulares del suelo de su competencia para urbanizarlos a favor de las empresas constructoras.

Para González, la nueva normativa estatal no sólo atenta contra el derecho de propiedad privada, sino que exige que sean las Comunidades autónomas las que elaboren una norma propia para devolver a los propietarios el derecho a urbanizar sus terrenos, algo que supone una intromisión en las competencias autonómicas en materia de urbanismo y vivienda "atribuidas a los gobiernos regionales" por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por otra parte, la Comunidad tiene previsto presentar alegaciones al mapa de ruido del aeropuerto Madrid-Barajas.

En este sentido, González ha declarado que desde el Gobierno regional se va a pedir  la "revisión inmediata" de la huella acústica, al considerar que se basa en datos de 2005, previos a la puesta en marcha de la T-4, que no reflejan la realidad actual. En este sentido, González ha informado que en el primer semestre de 2007 el número de operaciones de vuelo se ha incrementado respecto a 2006 en un 12,2 por ciento. Además, el vicepresidente primero ha destacado que este mapa se elaboró "con el censo de población de 2001" por lo que, por tanto, tampoco refleja la realidad del número de vecinos realmente afectados por la huella sonora. Por ello, en su opinión es necesario modificarlo.

Otra de las acciones legales estará basada en que la Comunidad recurrirá el decreto del Estado que regula la formación para trabajadores y parados. En este sentido González ha señalado que aunque el Estado tiene las competencias en materia laboral son las "Comunidades autónomas las competentes en lo que se refiere a su ejecución y gestión".

Además de Madrid otras cinco comunidades han planteado ya requerimientos de incompetencia al Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central. Se trata de Cataluña, Castilla y León, Galicia, Valencia y País Vasco. A su vez, la Comunidad de Madrid también ha anunciado que planteará un requerimiento de incompetencia contra el Gobierno de España en relación a una invasión de competencias autonómicas por un conflicto entre las empresas de transporte Aníbal S.L. y la compañía explotadora de la Estación Sur de Autobuses (SAMSA), por considerar que se trata de un asunto regional.

Ignacio González ha explicado que las dos compañías han presentado un conflicto en relación a la ubicación de una serie de oficinas expendedoras de billetes en la estación de autobuses. "El Estado ha interpretado que, dado el impacto que el transporte de pasajeros en autobús tiene en el mercado nacional de transportes por carretera, este asunto es competencia suya", ha declarado González.

Sin embargo no es así porque "esta operación se produce exclusivamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid y es un caso muy concreto de ubicación de oficinas de venta de billetes dentro de nuestro territorio". De ahí, el requerimiento de incompetencia.