Aumentan las reclamaciones por los servicios de asistencia técnica

La mayoría de las reclamaciones está referida a demoras en la reparación, a falta de atención cuando el aparato está en garantía y a reparaciones defectuosas. La directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, que calificó de "notable" el aumento de quejas en este ámbito, señaló que la normativa reconoce una serie de derechos que los consumidores pueden exigir a los empresarios.

Recordó que "los presupuestos deben consignar siempre la fecha prevista de entrega del aparato ya reparado o, en caso de que el trabajo vaya a realizarse directamente en el domicilio del consumidor, la fecha de la visita del técnico para su reparación". Asimismo subrayó que "las reparaciones tienen una garantía de tres meses, de manera que si vuelve a manifestarse el mismo fallo, el servicio técnico debe atender gratuitamente al consumidor y reparar de nuevo el aparato".

Con motivo de esta tendencia al alza, Consumo ha desarrollado una campaña de inspección junto a varios ayuntamientos de la región, para comprobar el grado de cumplimiento de las normas de protección al consumidor en este tipo de servicios, y los resultados indican un "alto grado de cumplimiento en cuestiones como la emisión de factura o la entrega de resguardo de depósito".

Sin embargo, se han detectado deficiencias en algunos comercios en cuestiones como la obligación de comunicar al usuario por escrito la fecha prevista para la entrega del aparato arreglado (el 15% de los presupuestos examinados no contenía este dato) y la exposición de tarifas completas.

Los inspectores han visitado 82 establecimientos de Alcobendas, Alcorcón, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Coslada, Getafe, Guadarrama, Madrid, Majadahonda, San Martín de Valdeiglesias y San Sebastián de los Reyes.

Según estas inspecciones, en el 11% de los casos no se especificaba la mano de obra empleada y su importe, y en el 15% no se cumplía la obligación de realizar un presupuesto de reparación en un plazo de cinco días y tampoco existía una renuncia firmada por el consumidor. Una vez realizado, si el cliente rechaza el presupuesto, el establecimiento puede cobrar por su confección un importe que debe figurar en un cartel que debe estar visible al público en la misma tienda.

Los inspectores comprobaron que en el 7% de los servicios no se entregaba el presupuesto a los clientes y que en el 30% de los mencionados carteles faltaba algún dato.