Las casas de Franco

   Entre las cosas que uno no llegará a explicarse nunca figura, en posición destacada y particularmente turbadora, la de que la política de vivienda social desde la restauración de la democracia sea peor que la ejecutada en las dos últimas décadas del franquismo. El proyecto de la Junta de Andalucía de dar satisfacción al derecho a una casa que estipula la Constitución, calificada de audaz y de poco menos que revolucionaria, empalidece por su timidez y apocamiento al lado del sistema usado en la dictadura, pues si entonces se construían barrios enteros (bien que a menudo carentes de las infraestructuras primordiales) de pisos "sociales" que se entregaban gratuitamente y solo se cobraba por ellos una mensualidad insignificante hasta que a los 50 años pasaban a ser propiedad del usufructuario, en el nuevo plan de la Junta se condena a los solicitantes a recurrir al préstamo, al crédito, a la hipoteca, al endeudamiento o a la usura como si estuvieran adquiriendo cualquier otra vivienda del mercado.

   Sin entrar a discutir los requisitos del nuevo plan, ni el hecho de que la picaresca pueda beneficiar al que no lo necesita, al enchufado o al que ingresa dinero negro, cabe, vista la situación, preguntarse la razón por la que el gobierno de España, que ha de serlo para algo más que para figurar con ese nombre en logotipos de diseño, no interviene de una puñetera vez en el precio del suelo y de la vivienda, de suerte que el número de las asequibles alcance para satisfacer la demanda. Los del ladrillo se enriquecerán un poco menos, pero la gente tendrá un hogar, y todos la satisfacción de acreditar que con Franco, en efecto, no había nada bueno.