Mediavilla, quien mostró incluso "dudas" respecto a esta medida "desde el punto de vista jurídico", consideró que se trata de un "disparate" y garantizó que en Cantabria, mientras él gestione el área de Urbanismo, "no se aprobará ningún proyecto de ley que suponga expropiar derechos a los ciudadanos" de la región. En su opinión, lo que tienen que hacer las administraciones públicas es habilitar "muchas más" viviendas protegidas, tanto en propiedad como en alquiler, y "en número suficiente" para atender las demandas ciudadanas. "Pero el mecanismo no puede ser privar a los ciudadanos de Cantabria de sus derechos legítimos", agregó Mediavilla.
"Eso en Cantabria, que estén tranquilos los ciudadanos porque no se aprobará", insistió el consejero, al tiempo que resaltó cómo el Gobierno regional ha previsto "distintos instrumentos jurídicos" para favorecer la construcción de vivienda de protección, como son el Plan de Ordenación del Litoral o la modificación de la Ley del Suelo. "Lo que no concibo es que a alguien se le expropie", sentenció Mediavilla, quien aseguró no comprender por qué se va a quitar su vivienda, por ejemplo, a algún joven cuyos padres le hayan comprado un piso y esté esperando a casarse y tener un empleo para ir a vivir a él.
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