Archivada la causa contra una mujer acusada de hacerse pasar por víctima del 11-M

La abogada defensora, Cristina Oliva Gallego, relató que Mónica S.N., de origen ecuatoriano, sostiene que el 11 de marzo de 2004 se encontraba en el interior del tren que estalló en la estación de El Pozo. Según su versión, ese día decidió no acudir al hospital por miedo al no tener los papeles en regla, pero una semana después se trasladó a un centro sanitario, donde le diagnosticaron que había sufrido una perforación del tímpano.

El Ministerio de Interior la reconoció entonces como víctima del 11-M y, por tanto, se benefició de una indemnización de 6.000 euros y se le concedió la nacionalidad española. Pese a ello, los peritos de la Audiencia Nacional consideraron que se había inventado esta circunstancia con la finalidad de disfrutar de estos beneficios.

A la vista de su declaración, los expertos estimaron que el relato de Mónica, de 32 años, era "confuso" debido al trastorno mental que sufría, lo que se sumaba a que no había entregado en la Oficina Judicial de Atención a las Víctimas de la Audiencia Nacional los documentos necesarios para acreditar la condición de víctima de la masacre de Madrid.

Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid decidió abrir un procedimiento contra la mujer por simulación de delito. La Fiscalía pedía para ella por estos hechos una multa de 12 meses a razón de 6 euros diarios.

Pese a que en el juicio que se celebró contra ella varios peritos sostuvieron que su relato era falso, la psicóloga y la psiquiatra que declararon mantuvieron lo contrario. Además, las especialistas indicaron que Mónica sufría un trastorno mental, con regresiones a la infancia, aproximadamente a una edad de siete años. Tras las sesiones, la defensa presentó un escrito en el Juzgado para solicitar la nulidad de la vista oral, al entender que su clienta no tenía capacidad mental necesaria para comprender la trascendencia de dicho acto, afectando así a sus garantías procesales. Por su parte, el Ministerio Público se opuso a tal petición.

En un auto, el titular del Juzgado de lo Penal número 18 acuerda ahora declarar la nulidad del juicio y la suspensión provisional de la causa hasta que se ratifique el diagnóstico de Mónica. Para ello, el juez solicita a su psiquiatra que remita cada seis meses un informe sobre el estado de salud de la mujer para verificar si el motivo que provocó el archivo del procedimiento continúa dándose.

En el caso de que se confirmen los episodios de regresiones, se cesaría toda intervención penal contra Mónica y se daría traslado al fiscal para que éste inste las medidas pertinentes en materia de incapacidad o internamiento de la afectada en un centro psiquiátrico. De no ser así, el juicio se tendría que repetir.