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Ante el "asalto al suelo"

Los Verdes piden retirar competencias urbanísticas a siete municipios

miércoles 13 de diciembre de 2006, 16:27h
Los Verdes de Madrid presentarán un escrito en la Consejería de Medio Ambiente y en la Asamblea de Madrid para que retire las competencias en materia de urbanismo a siete municipios de la región, por "estar inmersos en un proceso de ilegalidad".
Así lo comunicó este miércoles el diputado y portavoz confederal del partido, Francisco Garrido, quien denunció que los gobiernos municipales de Morata de Tajuña, Galapagar, Torrelodones, Las Rozas, Navalcarnero, Leganés y Cercedilla sufren los problemas de la especulación urbanística.

La formación solicitará a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central que intervenga "de manera excepcional" para detener este sistema de "crimen organizado" formado por "alcaldes y concejales de variada composición política", así como por promotoras que protagonizan, a su juicio, "un asalto al suelo".

El denominador común en los siete municipios se encuentra, según aseguró Garrido, en una "extralimitación del crecimiento especulativo" que provocará "daños ambientales muy importantes" y pondrá en riesgo "el abastecimiento de agua y la calidad de vida" de las futuras poblaciones, indicó el diputado.

"En todos ellos están en marcha procesos judiciales abiertos o denuncias vecinales en favor de la naturaleza", recordó Garrido, quien aseguró que las próximas elecciones municipales representarán "un referéndum contra la especulación urbanística".

Por su parte, el portavoz de Los Verdes de Madrid, Bruno Estrada, denunció que dentro de este proceso urbanístico está prevista la construcción de 400.000 viviendas dentro del futuro Parque Nacional de Guadarrama, mediante normas subsidiarias, "mecanismos al borde de la legalidad" que no tienen que ser aprobados por la Comunidad como los planes generales de urbanismo.

Ambos portavoces solicitaron una "menor descentralización del poder municipal" y que, además, las competencias en materia urbanística sean compartidas con el Estado con el objetivo de "frenar la actual privatización del suelo" en España.
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