Según un comunicado, Gordo señaló que "esta iniciativa sólo contempla medidas favorecedoras para los propietarios, y no se determina, ni siquiera, un precio máximo de alquiler".
Gregorio Gordo aseguró que "el PP continúa haciendo caso omiso al artículo 47 de la Constitución, en lo referente a que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".
"Su política de vivienda se basa exclusivamente en la ley del mercado, y por tanto, el sector inmobiliario es el gran beneficiario de estas iniciativas", añadió Gordo, quien pidió "suelo público para vivienda pública".
"Consideramos que la obligación de la Administración regional es construir viviendas de alquiler de gestión pública directa, ya que es la única forma de garantizar la demanda real de este tipo de vivienda y de que los alquileres tengan relación con los ingresos de los arrendatarios", agregó.
Para Gordo, "las 95.000 viviendas prometidas por Esperanza Aguirre siguen la filosofía de no intervención del gobierno en materia de vivienda".
"Esto, fundamentalmente beneficia al sector inmobiliario, ya que 45.000 de estas viviendas se construirán cediendo suelo público a promotores privados, que, de nuevo, harán negocio con la necesidad de vivienda de alquiler, mientras que el resto, se espera que salgan al mercado estimulando a propietarios de viviendas vacías", dijo.
Si (
No(
