El PP rechaza, pero se abstiene, y posiblemente se beneficie

No es demasiado fácil de entender, y mucho menos de explicar, la acritud que han venido manteniendo, y aún mantienen, los dirigentes del PP, acerca de la recuperada o resucitada Ley del Patrimonio, que había quedado "dormida" y sin vigencia hace tres años, y que el Gobierno socialista ha decidido resucitar y reavivar para los nuevos tiempos. El PP se opuso a la nueva norma, y de hecho, hasta este mismo jueves, cuando la cuestión era sometida al voto de sus señorías del Congreso, ha mantenido una ambigua actitud, tanto sobre su ejecución como sobre sus eventuales beneficios o beneficiarios. Hasta el punto de que, finalmente, y con la sorprendente ausencia del líder Rajoy, el PP prefirió abstenerse, y no plantear dificultades al acto último de su aprobación y regreso al Boletín Oficial del Estado. Rechaza el tributo, pero se abstiene. Una actitud no menos sorprendente es la de la izquierda, que sostiene que el gravamen es un parche, pero opta por votar a su favor... De manera que los síes sumados por PSOE, BNG, ERC, IU e ICV consiguieron una mayoría tan significativa como 176 votos, frente a las 266 abstenciones del PP, PNV, CiU y Grupo Mixto. Sólo hay que explicar los dos votos negativos, parece que por error, emitidos por un diputado del PP y otro del PSOE...

De hecho, casi todo el trámite relativo a esta ley ha sido complejo y hasta disparatado. La ley queda en suspenso cuando está comenzado la gran crisis económica que aún nos atenaza, y se revitaliza y recupera cuando se comprueba que esa crisis ha causado unos destrozos económicos, financieros, pero también políticos, de difícil o imposible remedio. Y sin embargo, pocos dudan de que los beneficios de esta ley, la recaudación que se obtenga de su recuperada vigencia, vendrán a significar una "propina" generosa para las arcas de los gobiernos autonómicos, muy necesitadas de auxilios externos, en su obligada urgencia de afrontar mayores niveles de déficit y deuda de los convenientes y autorizados. De ahí que probablemente haya sorprendido esa actitud contradictoria, o cuando menos poco coherente, de oponerse, transigir, aceptar, discutir..., y probablemente beneficiarse del resultado final que tenga la correspondiente recaudación de la aplicación de la ley. Lo que la crónica de El País denomina este viernes "funambulismo político".

Está por ver, en todo caso, a quién corresponde la aplicación del impuesto, verosímilmente el PP gobernante y sobre todo, quién se beneficiará de él. La vicepresidenta Elena Salgado, al defender el decreto que revive el impuesto, recordó que las circunstancias económicas obligan a esa recuperación, de la que dijo que respeta la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas, si bien no afecta a las compensaciones ya previstas en la Ley de Financiación Autonómica, ya que con un decreto no es posible cambiar una ley vigente. De manera que sigue la incógnita de si una Comunidad podría percibir, al mismo tiempo, la recaudación del impuesto y la compensación por su fallida extinción...  En todo caso, el Congreso de los diputados, que este jueves terminó sus tareas de la presente legislatura, por razón de las elecciones  generales del mes de noviembre, se reabrirá en diciembre, y entonces, habrá tiempo y ocasión para la gran decisión que, verosímilmente, deberán adoptar los populares probablemente gobernantes: si derogan o no el decreto antes de que entre en vigor. ¿Aceptarían, por ejemplo, ese "regalo" de Rubalcaba y Zapatero, o lo rechazarán?

En fin,  una tramitación totalmente compleja y confusa, hasta su final...