Merkel y Sarkozy escenifican las dos velocidades a la hora de salir al rescate

Sarkozy y Merkel se reunieron este domingo en Berlín donde se comprometieron a poner fin a la crisis de la deuda y a hacer posible la recapitalización de la banca europea. Sin embargo, no fueron capaces de dar a conocer detalles del plan aunque advirtieron la conveniencia de debatir sus propuestas en el marco de la cumbre del G-20 que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en Cannes. "Estamos decididos a defender y apoyar a la banca porque es fundamental para dar una salida sólida y duradera a la crisis de la deuda" señaló la canciller durante una breve rueda de prensa conjunta con el presidente francés. "Hemos decidido ofrecer una respuesta antes de fin de mes, porque Europa debe resolver sus problemas en la cumbre del G-20, afirmó Sarkozy, tras prometer una "nueva visión" del continente. Ambos mandatarios anunciaron que desean proponer "significativas"?reformas de los tratados con el fin de asegurar que todos los Estados miembros trabajen sobre los mismos criterios e impedir que la Unión vuelva a sufrir nuevas crisis financieras y de deuda.

La recapitalización de la banca es crucial para limitar los daños de la crisis de la deuda y para tranquilizar a los mercados, inquietos ante la capacidad de resistencia del sistema bancario europeo para hacer frente a una quiebra griega. El Fondo Monetario Internacional calculó las necesidades globales del sector entre 100.000 y 200.00 millones de euros. Merkel insiste en que la banca debe intentar nuevos fondos en los mercados y solicitar ayuda a los respectivos gobiernos nacionales. Sarkozy defiende la posibilidad de recurrir al Fondo Europeo de Rescate (FEEF) para recapitalizar a sus bancos, que tienen la mayor exposición a la deuda de los países periféricos de la eurozona. La reestructuración de la deuda griega, acompañada de una quita que podría llegar al 50% ya habría sido aceptada por el gobierno alemán tras llegar a la conclusión de que resultará a la larga más barato poner fin a la agonía de Grecia antes que seguir inyectando dinero a un pozo sin fondo. Francia, en cambio, se niega a admitir esta fórmula al considerar a la banca francesa mucho más vulnerable.


Rescate de Dexia

Los gobiernos de Francia, Bélgica y Luxemburgo pactaron ayer el rescate del banco transeuropeo Dexia acordando su desmantelamiento como única salvación para asegurar la supervivencia de las tres entidades resultantes. La solución ha sido la nacionalización de la filial belga y la creación en Francia de un nuevo banco dedicado a las administraciones locales, donde se acumulen los activos tóxicos. La operación supondrá un coste de más de 100.000 millones de euros en dinero público.

El apoyo será a través de préstamos a largo plazo. El grupo financiero vendería al banco malo unos 95.000 millones de euros en bonos, incluyendo una parte de la deuda soberana, unos 7.0900 millones en activos respaldados por hipotecas de Estados Unidos. Denizbank, la filial turca de Dexia, y Dexia BIL, la rama luxemburguesa, serán vendidas. Las negociaciones corrieron a cargo de los primeros ministros belga y francés, Yves Leterme y François Fillon, que ultimaron el acuerdo en Bruselas, tras el cual se reunió el consejo de administración de la entidad para dar su visto bueno a la operación. "Tenemos que ir más lejos en el refuerzo de una posición belga en Dexia Banque Belgique", manifestó Leterme, defendiendo la posición belga de nacionalizar el mayor de sus bancos.

El precio de la transacción, en la que el Estado belga sería accionista único, se elevaría a 4.000 millones de euros, cumpliéndose así el objetivo del Gobierno de Bruselas de no dedicar a la operación más del 1% de su PIB. El ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, afirmó que la solución pactada busca proteger a "los ahorradores, accionistas y empleados". El reparto de las garantías y, por tanto, sus necesidades de liquidez, estimadas en 90.000 millones, serán del 60,5% para Bélgica, del 36,5% para Francia y del 3% para Luxemburgo. El grupo perderá su rama francesa DMA, comprada por el Estado francés por un precio de entre 650 y 700 millones, mientras que el resto se convertirá en banco residual. La intervención pública en Dexia supone una presión sobre Bélgica que puede ver rebajada la calificación de su deuda, como ya advirtió el pasado viernes la agencia Moody's.