Antonio Dorado
Una legislatura perdida para la Justicia
miércoles 19 de octubre de 2011, 12:18h
En septiembre de 2008,
cuando tomamos posesión como nuevos vocales del Consejo General del Poder
Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, mis compañeros y yo nos las
prometíamos muy felices. Comenzábamos un mandato nuevo con el objetivo de
superar todas las diferencias pasadas y el convencimiento pleno de poder
terminar la construcción de la "gran catedral" que para nosotros suponía el
proceso de modernización de la justicia.
Comenzamos muy
fuertes. Apenas pasados dos meses, hicimos pública nuestra "Hoja de ruta para
la modernización de la Justicia". Un documento de gran importancia que fue
elaborado y consensuado, hasta su más mínimo detalle, entre los vocales que
formamos parte de la Comisión de Modernización del CGPJ, y que después fue
refrendado por el Pleno, el máximo órgano de nuestra institución.
Teníamos las cosas muy
claras sobre lo que había que hacer y cómo. Me consta que al entonces titular
de la cartera de Justicia nuestra "Hoja de ruta" le sorprendió porque contenía
todas las claves para modernizar la Administración de Justicia. Y no debería
haber existido tal sorpresa porque, ¿quién puede conocer mejor la Justicia
española que los que la viven y la dirigen? Tal vez nos infravaloró.
Por eso, cuando el
anterior ministro fue sustituido por el actual pensamos que había llegado el
momento del gran cambio, del gran salto hacia delante. Su sucesor abrazó
nuestra "Hoja de ruta" y la hizo suya. Los mensajes que nos llegaban de la
calle de San Bernardo no podían ser más alentadores. Nadie hablaba de resucitar
el "Pacto para la reforma de la justicia", suscrito por los principales
partidos políticos en 2001, y enterrado tras los resultados electorales del 14-M,
pero todos teníamos muy claro que estaba muy vivo.
Ausencia de confianza
La colaboración que
brindamos desde el CGPJ fue plena, generosa y sincera desde el minuto uno. No
fue así desde "el otro lado". Al contrario, en muchas ocasiones nos enteramos
de algunas de sus iniciativas a través de la prensa. Iniciativas, muchas de
ellas, que no han tenido finales felices, como por ejemplo, la implementación
de la nueva Oficina Judicial en Murcia o en Burgos, donde "la nueva
organización judicial" precisa de más gente para hacer lo mismo que antes en
más tiempo. Una locura.
Es verdad que, entre
nosotros, en apariencia todo parecía "felicidad". Era pura apariencia. Para
muestra, un botón, el CGPJ, el Ministerio de Justicia, las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas en esta materia y la Fiscalía General
del Estado, firmamos, hace varios años, un convenio denominado EJIS (Esquema
Judicial de Interoperabilidad y Seguridad), que estaba destinado a crear un
marco de colaboración y colegiación de esfuerzos en nuevas tecnologías.
La idea inicial era
impecable: se comparten los instrumentos existentes y se abordan proyectos
nuevos en común, lo que supone una racionalización de los costes y una mayor
eficiencia de las medidas de modernización; la actuación del Ministerio de
Justicia defraudó estas expectativas por completo. Fue por su cuenta.
Otro ejemplo: El CGPJ
tiene, desde hace 10 años, una infraestructura de comunicación e
interoperabilidad, llamada Punto Neutro Judicial, que se encuentra en pleno
funcionamiento, como se observa si se tiene en cuenta que el año 2011 se va a
cerrar con quince millones de consultas por parte de los Juzgados y Tribunales.
Esta plataforma se
puso a disposición de las instituciones de EJIS, con la finalidad de incluir
nuevos servicios u optimizar los que ya presta. El Ministerio de Justicia, en
cambio, creó otra plataforma de interoperabilidad con la misma finalidad y ha
venido entorpeciendo las nuevas actuaciones del Punto Neutro Judicial. Esto se
entiende poco, especialmente en una situación de crisis económica que obliga a optimizar
los recursos, mejorando la eficiencia de los gastos públicos. Y lo hace
duplicando servicios superfluamente y vendiéndolo como si hubieran descubierto
la rueda.
Servicio de inspección paralelo
Otro ejemplo de
duplicidad innecesaria: la creación de un nuevo servicio de inspección
paralelo, controlado -eso sí- por el Ministerio. La Constitución establece, en
su artículo 122.3, que la facultad de inspección de los tribunales corresponde
al CGPJ, una función que realiza nuestro Servicio de Inspección, que es muy
eficaz -y a las pruebas me remito-. Ahora el Ministerio monta una
estructura yendo mucho más allá del mandato de la LOPJ, en la que se
faculta al secretario de Gobierno para que inspeccione los servicios que
sean responsabilidad de los Secretarios Judiciales. Toda esta nueva
organización es fijada por una Instrucción del Secretario General de Justicia,
cuando la regulación de la materia de inspección es constitucional
o de Ley Orgánica.
Desde mi punto de
vista, hemos perdido una oportunidad histórica para transformar la
Administración de Justicia española, para hacerla más eficaz y más eficiente.
Ha primado lo que yo llamo "el medallismo", el ponerse medallas públicas por
cualquier cosa, haciendo creer a la ciudadanía que se están haciendo las cosas
bien en la modernización de la Justicia. Y no se cuenta la verdad.
¿Dónde han ido los
cientos de millones de euros invertidos por el Ministerio? ¿Han tenido reflejo
en el día a día de los tribunales? La respuesta es: no. No hay más que
preguntar a los operadores jurídicos, a los jueces, secretarios, fiscales y
abogados. Ellos conocen la verdad. Y la ciudadanía lo percibe. A día de
hoy, por ejemplo, el Ministerio de Justicia todavía no ha dicho cuántos órganos
judiciales se crearán en 2011.
Desde el CGPJ hemos
hecho lo que hemos podido, y ha sido mucho. Pero como todo el mundo sabe, el
CGPJ no puede hacer leyes ni tiene capacidad legislativa. Podemos apoyar
determinadas iniciativas y así lo hemos hecho, pero ahí nos quedamos. Ese es
nuestro límite.
Tampoco tenemos
capacidad económica. Le corresponde al Ministerio y a las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas el dotar con medios materiales y humanos a la
Administración de Justicia. Esas son nuestras principales fronteras, que no son
pocas.
El Ministerio ha vendido humo
Por otra parte, somos
el órgano de gobierno de los jueces y si alguien posee la capacidad para saber
qué es lo que no funciona, si alguien conoce bien el mapa de la Administración
de Justicia, sus puntos negros, esos somos nosotros. Y los puntos negros, desde
nuestro punto de vista, no se están afrontando, por mucho que cuente, diga y
venda el Ministerio de Justicia. Porque en eso, en vender, hay que
reconocerlo, sí que han sido buenos. Muy buenos, aunque sea sólo humo.
La esencia del proceso
modernizador de la Justicia, la clave de bóveda, consiste en transformar
estructuras de trabajo, ser más eficientes, y en esto las herramientas
informáticas que utilizamos son esenciales. Y yo me pregunto, ¿por qué resulta
tan difícil implementar un sistema informático que tenga una eficacia, igual o
parecida al que tiene la Agencia Tributaria? ¿Por qué un inspector de Hacienda
en el Puerto de Santa María, en Cádiz, u otro en Santander pueden ver lo que yo
gano simplemente apretando un botón y un juez, en esas mismas condiciones, le
resulta muy difícil, por no decir imposible, saber el historial judicial de una
persona incursa en un procedimiento? Yo no lo entiendo y el ciudadano de
la calle tampoco.
Quiero ser optimista.
No quiero pensar que las cosas puedan ir a peor con quién venga, dentro de dos
meses. Espero que hagan lo que tienen que hacer, lo que todos esperamos, lo que
la ciudadanía desea que se haga: modernizar bien y como debe de ser la
Administración de Justicia.
Existen grandes retos
que hay que abordar: el problema de la financiación de la Justicia, la
interoperabilidad y comunicación entre los distintos sistemas de información
del sistema judicial, la reestructuración general de una organización
territorial de los Juzgados que data del siglo XIX, el excesivo número de
funcionarios interinos especialmente en determinados lugares, la mejora
organizativa, introduciendo en la Administración de Justicia principios y
postulados de la denominada ciencia de la Administración, la reforma del
sistema procesal penal a través de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya
que la vigente data de 1882.
Quedan muchas cosas
por hacer, muchas asignaturas por aprobar. Porque este Ministerio que se va ha
suspendido en junio y en septiembre varios años consecutivos. Ha sido una
legislatura perdida para la Justicia. Nota: No apto. No pasa.
Antonio Dorado
Vocal del CGPJ