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La juez Alaya apunta ahora directamente a Griñán

La juez Alaya apunta ahora directamente a Griñán

miércoles 16 de noviembre de 2011, 08:32h
La titular del  Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha requerido documentación a la Junta de Andalucía para conocer si las ayudas superiores a 1,2 millones de euros concedidas por la Consejería Empleo contaban con la autorización del consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, entre los años 2004 y 2009. La juez del caso de los ERE, denuncia "la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década" en la Junta, y busca determinar la responsabilidad del presidente Griñán durante su etapa al frente de la Consejería de Economía. La Junta de Andalucía ha negado en un comunicado que la investigación apunte a Griñán y ha afirmado que la juez se limita a "solicitar información requerida por la representación del PP". Alaya, a solo cinco días de las elecciones, y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucidó a su favor el Supremo, pide ahora las autorizaciones concedidas por la Consejería de Economía para las "operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones" concedidas a 21 empresas y tramitadas por la Junta de Andalucía. La juez matiza que "por ahora" se centra en Empleo, tras su anterior aviso de que examinará las ayudas concedidas desde las consejerías de Turismo, Agricultura y Pesca y Ciencia, Innovación y Empresa. Este trámite era preceptivo antes de su ratificación por el Consejo de Gobierno, según detalla la instructora del caso de los ERE fraudulentos en un auto fechado el pasado 10 de noviembre, un día después de que el ex vicepresidente del Gobierno y número uno del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, afirmara que Alaya mantiene una "relación personal fuerte" con el alcalde sevillano Zoido, del PP. En concreto, ahora la magistrada pide a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) copia compulsada de las "autorizaciones que consten del titular de la Consejería de Economía y Hacienda" respecto a las operaciones de endeudamiento superior a 1,2 millones. El requerimiento se centra, "por ahora", en la Consejería de Empleo. De la documentación que tiene en su poder la juez Alaya, basada en la información aportada por la propia Agencia IDEA, hay 21 ayudas que exceden la citada cantidad. Entre otras, las concedidas a Altadis, Astilleros de Sevilla, la Faja Pirítica de Huelva, Delphi, Pickman, Primayor, Dhul o Santana Motor. Solicita también datos de 796 prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva al sospechar de posibles manipulaciones, así como el plan promovido por el Gobierno central en 2002 para estos trabajadores.

En un auto de 51 páginas, la juez Mercedes Alaya reclama, igualmente, la "vida laboral" e ingresos percibidos desde la Administración autonómica por la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), para la que ha trabajado una hija del expresidente andaluz, ministro y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves. La Junta de Andalucía ha replicado al auto de la juez señalando que "no es cierto que el Juzgado dirija la investigación hacia José Antonio Griñán".  La Administración autonómica sostiene que "la jueza se limita a solicitar información requerida por la representación del Partido Popular sobre la base de una falsa premisa". "En el referido escrito remitido por la representación del PP al juzgado, se cita expresamente a Griñán en su condición de titular de la Consejería de Economía y Hacienda, pero se refiere a una supuesta obligación de una autorización por su parte que realmente no existe. La prescripción legal que se menciona no afecta a los casos investigados, no afecta a la concesión de subvenciones, sino a operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA".  Sobre este asunto, la Junta ha explicado que la supuesta obligación de una autorización por parte de la Consejería de Economía "no existe". La prescripción legal que se menciona no afecta a los cambios investigados, no afecta a la concesión de subvenciones, sino a las operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA. En el auto notificado este martes a las partes llama la atención una petición concreta: "Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa" y las subvenciones que recibió de la Junta. Por lo tanto, la magistrado reabriría en cierto modo el Caso Matsa, que tiene su origen en una subvención de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabajó como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobación participó el expresidente del Gobierno andaluz. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa. Ahora, sin embargo, la juez ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de la Consejería de Trabajo en Sevilla, y a Antonio Fernández Garzón "como beneficiarios de una póliza suscrita con La Estrella para dar cobertura a las ayudas sociolaborales concedidas a los extrabajadores de Calderinox", en las que "el tomador es CCOO" y a pesar de que "ninguno de los dos había trabajado nunca para dicha empresa". Además, Alaya pide al Instituto Nacional de Empleo en Huelva la relación de 796 trabajadores de las empresas mineras afectadas por diversos ERE, para analizar los cobros supuestamente irregulares que percibieron los empleados. Para ello solicita copia del Plan Único del Gobierno central para la crisis de la Faja Pirítica andaluza. Pero en lugar de pedírselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que la representación del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz, podría incorporarlo a la causa antes, ya que en la época de la reconversión minera, el PP ostentaba "el Gobierno de la Nación". Mientras, tras subrayar la juez cómo el grupo empresarial liderado por el exconcejal socialista José Enrique Rosendo recibió 13,7 millones de euros, la magistrada pide a la Junta que le informe de si otras empresas o algún otro grupo empresarial "habían recibido de otras Consejerías subvenciones distintas de las de Empleo". Ante las sospechas derivadas de la investigación, Alaya la extiende a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejería de Economía, "para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos".

Los diarios de este miércoles destacan la mezcla de siglas e intereses; La juez de los ERE, señala El País, atiende la petición del PP e indaga la gestión de Griñán. También en Público se señala que la Junta atribuye el autor de la juez Alaya a una confusión provocada por el PP. Indica El Mundo que la Junta andaluza dice que las pesquisas se basan en una premisa falsa, y arremete contra el PP., . La Voz de Galicia señala que "el PP ve inhabilitado a Griñán, mientras la Junta dice que sólo pide información. Como se ve, avanza y se extiende la animosidad de la jueza hacia el PSOE andaluz. O viceversa...
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