Tiempo récord de reunión –cuando se acaba una legislatura, todo es correr-: la Ponencia encargada del proyecto de memoria histórica apenas ha durado 30 minutos. Ha sido el tiempo necesario para que el Grupo Socialista le hiciera llegar al Grupo Popular el texto que ha pactado previamente con el resto de los grupos, menos con ERC y el propio PP. A los populares Jorge Fernández Díaz y Ana Torme, ponentes por el PP, se les quedó cara de amargura. O acaso de pocos amigos. Los ponentes de ERC, sin embargo, se lo esperaban. “Es la estrategia de los extremos se tocan”, diría a Diariocrítico el republicano catalanista Joan Tardá.
Lo cierto es que el “Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura” -que ése es el nombre completo de la ley de memoria histórica- que ha sido entregado este miércoles a los grupos parlamentarios –en realidad, un paripé necesario para entregárselo al PP, el único que no lo tenía- supone una ‘enmienda a la totalidad’ del proyecto de ley que había remitido el Gobierno a las Cortes. Tantos y tan grandes han sido los cambios operados en el texto inicial.
El ‘nuevo’ proyecto consta de una ‘Exposición de motivos’, de 22 artículos, de 5 disposiciones adicionales, de una disposición derogatoria y de dos disposiciones finales. Como diría el ponente del PP, Jorge Fernández Díaz, en rueda de prensa y con cara realmente de pocos amigos, “no aceptamos que la memoria histórica de un país se tenga que fijar por ley”.
Los populares no han querido entrar en valorar el ‘nuevo’ proyecto entregado este martes y nacido de un acuerdo forzado por el portavoz socialista, Diego López Garrido, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y los portavoces de los grupos parlamentarios ‘afines o amigos’, incluyendo al catalán Durán i Lleida. Pero al PP se le ve resentido –“el Partido Socialista nunca ha tenido intención de alcanzar un consenso con nosotros”, dirían Torme y Fernández Díaz al alimón-.
Obviamente, al PP no le gusta la nueva ley ni determinados artículos, como el 15, que prevé la retirada de ayudas a aquellos particulares o empresas que no retiren de sus edificios símbolos preconstitucionales. ¿También la Iglesia está incluida en este artículo? ¿Se retirarán, por tanto, las subvenciones oficiales a la Iglesia, esos 18.000 millones anuales, o así, si no quitan, por ejemplo, de algunas de sus fachadas la lista de los ‘caídos por la Patria’? Son elementos aún a discutir, pero la ley, efectivamente, abre la puerta a demasiados cambios ‘revolucionarios’.
Ahora bien, por razones radicalmente distintas ERC no va a apoyar este proyecto gubernamental que Zapatero tiene prisa por sacar. Las razones de los republicanos catalanistas caminan, como se puede comprender, por derroteros exactamente contrarios a los del PP, pero permiten a los socialistas ‘vender’ la especie de que ‘los extremos se tocan’ y que una ley que no apoyan los del PP –‘radicales de derechas’, que así lo venden- ni los de ERC –más radicales todavía, y de izquierda, que así lo venden también- tiene que ser por necesidad una buena ley.
Por otro lado, las interrogantes que pone CiU –por boca de uno de sus ponentes en este caso, Josep Sánchez i Llibre- parece que no son más que un paripé. Fuentes nacionalistas confirman a Diariocrítico que ‘esto no es más que una pose que durará una semana o dos, y luego, cedemos’. Sánchez i Llibre dice que CiU mantendrá ‘vivas’ sus 26 enmiendas para defenderlas en la Comisión Constitucional. Pero, insisten nuestras fuentes, es una mera ‘pose’ para luego ‘vender’ adecuadamente el producto a sus bases.
El PNV sí ha anunciado un "apoyo parcial" al proyecto. Y eso que reconoce que el texto ha mejorado ostensiblemente con lo pactado en los últimos días, pero no lo suficiente para lograr el pleno e incondicional respaldo de este Grupo. Asimismo, el PNV opina que es "muy poco probable que, si esta iniciativa fracasa, pueda volver a plantearse en una legislatura futura". Los nacionalistas aseguran que, pase lo que pase, seguirán exigiendo la devolución los documentos incautados por las autoridades franquistas y que se encuentran en el Archivo de Salamanca.
Lo cierto es que Zapatero ha ordenado pisar el acelerador, y tanto se ha pisado que rebasa en mucho el límite de 200 kilómetros hora fijado en el nuevo Código Penal antes de ir a la cárcel: la Ponencia ha despachado tan importante ‘producto legislativo’ en 30 minutos y el próximo miércoles se reunirá la Comisión para aprobarlo y luego a Pleno. ¿Cuánto tiempo se debatirá en Comisión? Pues… habida cuenta de que se están debatiendo los Presupuestos Generales del Estado y de que ese mismo miércoles se verá el Estatuto de Castilla y León y a las 16.00 horas hay Pleno… se puede hacer un cálculo estimativo.
Si (
No(
