El Gobierno declara la guerra al fraude fiscal

La frase más significativa, y también demoledora, que escuchamos tras el segundo consejo de ministros, este viernes víspera de Reyes, la pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: "No esperábamos una realidad tan dura", confesó quien presidió la que confesó que había sido "transición modélica" de un Gobierno a otro . SSS ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales. Al término de la reunión del Consejo, la vicepresidenta  indicó que una de las novedades que incluirá ese plan será limitar el uso de dinero efectivo en determinadas transacciones financieras para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.. Destacó que esta medida ya la han puesto en práctica Francia e Italia para frenar compras con dinero negro, en las que se emplean "grandes billetes".

Explicó a continuación que el plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. El Gobierno también anunció que trabajará para analizar la información elaborada por países que han dejado de ser paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas holandesas. El plan intensificará el control sobre ciertos sectores más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito. En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento. Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención 'on line' de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas. Se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones, puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, con la finalidad, también, de poder reducir recargos o sanciones.

De este modo, se evitarán comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude. Estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".En la justificación de esas medidas argumenta el Gobierno que la situación es "excepcional" y que, por eso, ha tenido que tomar decisiones excepcionales, más duras y hasta impopulares, medidas distintas a las que prometieron en la campaña electoral, en su programa para el 20-N y en el debate de investidura de Rajoy.  Pese a todo ello, la portavoz excluyó que el presidente del Gobierno pueda dirigirse a los ciudadanos y al resto de partidos desde el Congreso antes del mes de febrero, y no lo hará, dijo, por "economía procesal", porque entonces habrán pasado 40 días de su estancia en La Moncloa, cinco consejos de ministros y una reunión del consejo de Europa. SSS describió de esta forma, la economía procesal, la manera en la que Rajoy asume la presidencia del Gobierno, basada en la ausencia pública del jefe del Ejecutivo, y que es coherente con sus reticencias a comparecer ante los medios de comunicación para responder preguntas. Actuar de ese modo se lo permite su amplia mayoría absoluta que facilita, por ejemplo, que en la Mesa del Congreso se imponga el rodillo del PP para frenar las peticiones de comparecencia.

Habrá que esperar, por tanto, hasta febrero, para escuchar las explicaciones de Rajoy.  Alguna propuesta del Gobierno, como el control previo de los presupuestos autonómicos, se han conocido por declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, a un medio extranjero como Financial Times. Rajoy no ha tenido ninguna actividad pública desde su toma de posesión. Sólo en el acto solemne de la apertura de la legislatura mantuvo un contacto breve e informal con los periodistas. Desde ese día no se le ha oído ninguna frase sobre nada y menos para explicar a los ciudadanos la subida de impuestos, negada antes por él, o los recortes sociales. Sólo se le escuchó leer la lista de sus ministros el 22 de diciembre, aunque con un gesto eludió responder a preguntas de los periodistas. La vicepresidenta y portavoz sí explicó el cambio de criterio de Rajoy con la subida ahora de impuestos: "La realidad es otra, más difícil y más dura, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas también más difíciles, de carácter extraordinario". Lo que ha cambiado, dijo, es que el Gobierno socialista dejó una herencia mucho peor de lo que el PP preveía cuando se comprometió a bajar impuestos. Una situación que se concreta en que el déficit público no fue del 6% como preveía el Gobierno de Zapatero, sino de más del 8% y que, según desveló ayer, la Seguridad Social no registró el esperado superávit oficial del 0,4 por 100, sino un déficit de 668 millones, el 0,06 por 100. El anterior Gobierno no les dio este dato en el traspaso de poderes, aunque el secretario de Estado de esa área, Octavio Granado, sí llevaba tiempo anticipando que no habría superávit.


Por lo demás, el Consejo de Ministros no tomó ninguna medida concreta, pero apuntó a dos para las próximas semanas: otro plan contra el fraude fiscal y la supresión de organismos, fundaciones y empresas públicas, ambas medidas para combatir el déficit . Para ello, necesita la colaboración de las comunidades autónomas, a las que convocará este mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pedirá a las CCAA, en esa reunión que reduzcan su déficit cumpliendo el compromiso adquirido hace un año, y que supriman 500 entidades públicas de las que sólo han eliminado 69, el 14%. Montoro debe convencer a las comunidades para que acepten el control previo de sus presupuestos por parte del Gobierno central, para desarrollar la reforma constitucional pactada por PP y PSOE para fijar límites legales al déficit. Algunas comunidades, como la catalana, la vasca, la andaluza o la canaria, ya han mostrado su desacuerdo con esa "consulta previa" de los presupuestos autonómicos, que entienden que es un atentado directo a la autonomía de los gobiernos y los parlamentos regionales.