Ley de Transparencia

    El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la Ley de Transparencia incorporará, entre otras novedades, el hecho de que "un gestor político no pueda gastar más allá del límite de su presupuesto porque falsea la contabilidad pública" y, en consecuencia, se le exigirán responsabilidades penales.
     El anuncio ha caído como una bomba de racimo en la España enfangada por gestores corruptos, que son una minoría, pero que son los más visibles y los más escandalosos. Y hasta tal punto ha caído como una bomba que, desde el PSOE, desde Izquierda Unida, desde Convergencia i Unió y desde el PNV se han apresurado a rasgarse las vestiduras con el argumento de que una cosa son las responsabilidades políticas y otra, muy distinta, las penales. "Si este criterio se aplicase a los bancos, a los ciudadanos y a las administraciones, estaríamos ante la locura o ante la película "Todos a la cárcel", de Luís García Berlanga", afirma el diputado Gaspar Llamazares.

     Pues miren ustedes: uno no sabe si hay que distinguir entre responsabilidad política y la penal, o si corremos el peligro de que una cuerda de presos vaya desde los despachos a las celdas, pero lo cierto es que algo hay que hacer, por el bien de todos, con mano dura y con "tolerancia cero" para acabar con esa peor España, que en plena crisis y aún en la pobreza, se las arregla para gastar dinero de los parados andaluces en cocaína o para multiplicar por diez el precio de la excavación de una zanja, habiendo realizado la operación una sola vez. Algo hay que hacer, amigos, para que España, además de ser tristemente el país con más alto índice de paro de Europa, sea también el paraíso de los comisionistas ilegales, de los ladrones de cuello blanco y de quienes se acercan al poder no para servir a los españoles sino para, sirviéndose de ellos, amasando grandes fortunas indecentes. Y si esos tipejos, que pululan en la derecha, en la izquierda, en el centro, en los nacionalismos, etcétera, tienen que ir a la cárcel, tras ser juzgados con todas las garantías de un Estado de Derecho, pues que se vayan a la cárcel y, antes, que devuelvan el dinero que han obtenido ilegalmente.

    Llama la atención que, cuando se trata de subirse el sueldo o de acceder a la jubilación máxima habiendo cotizado lo mínimo, todos los políticos se pongan de acuerdo, y ni siquiera necesiten un debate para enmascarar sus privilegios. Pero cuando alguien se sale del guión (y lo que ha hecho Montoro es salirse del guión de las malas costumbres) surgen los llantos, las lamentaciones, las discusiones bizantinas entre lo político y lo penal. El pueblo llano, que asiste perplejo al escándalo de la corrupción, lo entiende mejor y sentencia, con palabras muy escuetas, que quien la haga la debe pagar, y de que el abuso debe ser castigado con todo rigor. Debería entrar en vigor cuanto antes esta Ley de Transparencia, y con carácter retroactivo, y que nadie crea que es una "caza de brujas" indiscriminada. Sólo temblarán los que tienen que algo que ocultar, y eso es muy saludable para todos.