Cesantías

Desde la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, la democracia española ha asistido, de nuevo, a una cascada de nombramientos en los cargos políticos y de relevancia de la Administración General del Estado. Estos nombramientos, legítimos porque así lo consagran nuestras leyes y reglamentos no dejan de sorprender si se les compara con otros países de nuestro entorno, o incluso con continuas declaraciones de los responsables que aseguran  que, en todo caso, es prioritario el criterio del conocimiento profesional de los asuntos. Es probable que episodios similares podamos recordar en los momentos en que el PSOE ha accedido al gobierno (1982,2004) o el PP (1996,2012) y en los momentos en que ha habido cambios de gobiernos aunque el partido político gobernante haya sido el mismo.
 Cierta sorpresa ha recorrido la Administración general del Estado cuando en el devenir de una legislatura o al cambiar ésta, aunque haya continuado el mismo presidente, los cambios en los departamentos ministeriales han supuesto remodelaciones completas de las direcciones y subdirecciones generales. Con  ironía, los altos funcionarios interpretaban el baile , con la vieja máxima de aquel cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, atribuido a Pío Cabanillas.

Los cambios en la Administración consecuencia de los cambios en los gobiernos, no son nuevos en nuestra historia. Memorables pasajes de nuestras novelas del siglo XIX nos las recuerdan .Entre ellos , quiero evocar uno de la novela Mendizábal, en los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, que relata la vida de un Mendizábal, distinto al ministro del mismo nombre :

"-según eso es usted empleado.
-Para todo lo que el señor guste mandarme, me tiene de portero en el Ministerio de Hacienda. Miliciano nacional de artillería en el glorioso trienio, fui colocado por el señor Feliu. Quedé cesante el 23. Diez años después me repuso el señor Don Francisco Javier de Burgos, que entró en Fomento el 21 de octubre del 33. El 7 de febrero del año siguiente pasé a Hacienda con el señor don José de Imaz. Me conservó en mi puesto el señor conde de Toreno, que entró el 15 de junio, y allí me tiene usted..."

Han cambiado las cosas, afortunadamente, en la Administración española. No obstante, cada vez que un cambio de gobierno tiene lugar, varios millares de personas transitan desde cómodos despachos oficiales a las listas del servicio de empleo estatal. Si la distribución del poder territorial lo permite, buena parte de ellos son recolocados por los partidos políticos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Nada que objetar. Son las reglas del juego democrático : los españoles han decidido dar otra dirección a la corriente del río, o al menos otra velocidad y profundidad. Sin embargo, hay matices que conviene destacar. Por ejemplo, en Francia, los cambios de los responsables en las Direcciones Generales, e incluso al frente de las empresas públicas, son mínimos. Probablemente, algo tiene que ver la existencia de una clase política formada en buena parte en la École Nationale d´Administration Publique.

Los cambios que se han producido en las últimas semanas  han sido amplios. Y no han terminado. Por supuesto han cambiado los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios, los Directores Generales. Han comenzado ahora los cambios de los subdirectores generales, que necesariamente han de ser funcionarios públicos profesionales. Formar nuevos equipos, contar con personas de confianza profesional puede ser una necesidad en ocasiones, en otras una vuelta atrás. Por ejemplo que nuestros ministros nombren a sus Directores de Gabinete parece algo obvio y además necesario. Pero ¿tiene sentido que se proceda al cese de responsables de nivel 26, de  jefes de servicio en los Ministerios?¿Del Oficial Mayor?¿Del subdirector de personal?

Nuestra democracia, es todavía joven. Nuestra clase política y funcionarial también .Tendría mucho más sentido que los cambios se produjeran de forma suave y espaciada en el tiempo y, sobre todo, teniendo en cuenta que desde la aprobación de la LOFAGE la inmensa mayoría de los Directores Generales son funcionarios públicos, con la excepción de aquellos que son exceptuados de tal condición. La crisis económica ha supuesto también el seno de la Administración un retroceso de la profesionalidad, no porque hayan cambiado los modos de proceder de los dos grandes partidos españoles, sino porque hemos entrado en un claro sistema de reducción de puestos públicos. Tradicionalmente, los ceses que se efectuaban entre los titulares de Direcciones Generales y de Subdirecciones Generales no resultaban en la mayoría de los casos especialmente traumáticos para los sustituidos, puesto que con harta frecuencia pasaban a desempeñar puestos de subdirector general o vocal asesor en  otros departamentos.

Sin embargo la situación actual es distinta. Hasta hoy, el nuevo gobierno ha decidido suprimir treinta y una direcciones generales y treinta subdirecciones generales. Ello va a suponer que un buen número de altos funcionarios, la inmensa mayoría no pertenecientes a partido político alguno han sido o van a ser removidos y sus posibilidades de colocación se van a ver mermadas. No es precisamente un ejemplo de profesionalización lo sucedido en algunas instituciones donde la llegada de los nuevos responsables ha supuesto cambios generalizados. Se argumentará que los responsables tienen derecho a formar a sus equipos pero la cuestión es dónde está el límite, porque como es sabido todos los puestos de libre designación deben ser desempeñados por funcionarios públicos. En el supuesto de remoción, los altos funcionarios pierden una escasa cantidad de su salario y sin embargo con mucha frecuencia están en los ministerios sin cometidos que realizar. Aún nos queda por aprender para lograr la más adecuada utilización de los recursos públicos, incluyendo los recursos humanos. Cuando tanto nos preocupa la corrupción, no es exagerado recordar que el fortalecimiento de los sistemas profesionales de función pública supone un freno.