Cataluña implanta el copago farmacéutico, y tres tasas más, con ayuda del PP

En materia de recortes del gasto público, el gobierno catalán se apunta dos novedades: El Govern de CiU ha logrado sacar adelante, en el debate presupuestario, la creación de dos nuevas tasas, una turística y otra farmacéutica, gracias al PP catalán, que ha permitido, con su abstención, la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, que incluye los nuevos impuestos. La norma, conocida también como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se ha sometido a votación en la cámara catalana con un mes de retraso, el que ha necesitado el Consejo de Garantías Estatutarias para avalar su legalidad, después de que ICV-EUiA, SI y Ciutadans solicitaran su dictamen. La Ley de Medidas recoge esas dos tasas polémicas, el  nuevo impuesto sobre las pernoctaciones turísticas, que comenzará a aplicarse el 1 de noviembre y el copago farmacéutico de un euro por receta, que se cobrará desde el 1 de junio, y del que quedarán exentos los enfermos con menos recursos, los beneficiarios de una pensión no contributiva y los crónicos, parcialmente. Estos últimos deberán abonar la tasa en las primeras 61 recetas del año. La nueva ley, que salió adelante con 61 votos a favor, 52 en contra y 17 abstenciones, tendrá otras consecuencias , como un incremento del canon por captación de agua, un recorte del 15% en la jornada laboral de los empleados interinos de la Generalitat, y la implantación de una tasa para acceder a la justicia.
 
El retraso de un mes en la aprobación de esta ley tendrá un impacto negativo en las arcas de la Generalitat de 50 millones de euros, según las estimaciones del Departamento de Economía, aunque el portavoz adjunto de CiU en la cámara, Ramon Espadaler, ha elevado esta cifra a 60 millones. Espadaler defendió en su intervención la tasa que ha recibido el rechazo más unánime entre la oposición, el copago farmacéutico, del que ha dicho que su "voluntad recaudadora está en segundo plano", al tiempo que ha recordado las exenciones a los colectivos "más débiles". Por su parte, el diputado del PPC José Antonio Coto explicó que, al posibilitar la aprobación de los Presupuestos de 2012 y de la Ley de Medidas, su partido "ha evitado" una eventual convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, que habría perjudicado la imagen de Cataluña. Los 'populares' también se complacen por haber logrado arrancar al Govern que retrase la aplicación de la tasa turística y el copago farmacéutico, y que introduzca topes y exenciones en unos impuestos que el PPC se ha comprometido a que "pasen a ser historia" cuando se recupere la situación económica. En cuanto a los grupos que han rechazado el proyecto, el diputado del PSC y exconseller Ernest Maragall ha lamentado que estas modificaciones introducidas por los populares representan una "voluminosa renuncia a ingresos" por parte del Govern. "Esta ley está tan desvinculada de la realidad como lo estaba la de Presupuestos", dijo Maragall, quien ha denunciado que la norma no se ajusta ni a la realidad económica actual ni a las previsiones. Por su lado, el diputado de ICV-EUiA Josep Vendrell, sentenció que la aprobación de la Ley de Medidas consolida una "mayoría natural de derechas" en la cámara catalana, para reprochar después a CiU que "a cada foto con el PP le sigue una gesticulación soberanista". Y en la misma línea fueron las críticas al Govern desde las filas de ERC: "Ha querido ser el primero de la clase en recortes de cara al maestro de Madrid, pero ahora se ha dado cuenta de que el maestro le tiene manía",  ironizó el diputado Pere Aragonès. Para Ciutadans, la luz verde dada por el Parlament a la ley "visualiza una guerra fría ideológica emprendida por el sector más conservador de la cámara contra el Estado del bienestar y mediante el ataque a todos sus pilares", según explicó el diputado Jordi Cañas. Por su parte, el diputado de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) Uriel Bertran, insistió en reclamar al Govern medidas "firmes y valientes" para caminar hacia la independencia. En fin, el diputado no adscrito Joan Laporta ha votado a favor de la medida, igual que votó a favor de la Ley de Presupuestos.
                                                                                        
De manera que, con estos nuevos presupuestos, comprar un medicamento, pasar la noche en un hotel o abrir el grifo del agua, será más caro en Cataluña a partir de ahora, en un intento de la Generalitat de corregir sus maltrechas cuentas. El Gobierno de Convergència i Unió, con la decisiva abstención del Partido Popular, dio luz verde definitiva a la ley de medidas fiscales y financieras que tiene como objetivo aumentar los ingresos de la Administración catalana. El objetivo de fondo es ayudar a reducir el déficit, desde el 3,7% del año pasado hasta acercarse lo máximo posible al 1,5% que el Gobierno central ha fijado para las autonomías este año. Nadie se salvará de los incrementos de impuestos, que se sucederán durante todo el año. La Generalitat prevé comenzar a cobrar el euro por cada receta médica as partir de junio, una tasa, que CiU pretendía aplicar de forma universal, y que incluye algunas exenciones que el PP impuso a la Generalitat a cambio de su abstención en los Presupuestos: sólo afecta a los medicamentos que cuesten más de 1,67 euros y no deberán pagarla los perceptores de una pensión no contributiva o de la renta mínima de inserción. Para el resto de los ciudadanos se aplicará hasta un máximo de 62 recetas al año. La tasa entrará en vigor cuatro meses más tarde de lo previsto inicialmente por el Gobierno catalán, un retraso que supondrá una merma de ingresos de ocho millones de euros, aproximadamente. El Departamento de Salud, que el año pasado ya excedió el presupuesto en 582 millones, preveía ingresar 81 millones de euros con esa medida. En cuanto a la nueva tasa de pernoctaciones turísticas,  tendrá un coste de entre 0,5 y 2,5 euros, y estará en vigor el 1 de noviembre, tal como exigió el Partido Popular. Los Ayuntamientos ingresarán el 30% de este nuevo impuesto, aunque el de Barcelona se quedará con el 50%. No pagarán esta tasa ni los menores de 12 años ni a partir del segundo ocupante de cada habitación o apartamento. La nueva ley también establece el incremento del canon del agua. El Gobierno de CiU asegura que su finalidad es penalizar el consumo abusivo, por lo que el precio de los primeros 14 metros cúbicos sólo subirá el equivalente al IPC. Para los consumos mayores, la subida será del 10%. El objetivo es también salvar las finanzas de la Agencia Catalana del Agua, que se encuentra en situación de quiebra técnica. En fin, la cuarta gran medida de la ley es la que recorta un 15% el sueldo y la dedicación del personal interino de la Administración. La mayoría verá reducida su jornada en, aproximadamente, una hora al día, aunque hay exenciones para bomberos y personal penitenciario, entre otros colectivos. Todos los partidos de la izquierda catalana han criticado duramente el pacto CiU-PP para aprobar las medidas y acusaron al Gobierno de no querer dialogar. El diputado del PSC Ernest Maragall acusó al Gobierno de no lograr ninguna de sus finalidades con los recortes impuestos hasta la fecha: "Ahora tenemos la evidencia de que ustedes no saben contener el déficit", dijo Maragall para recordar que CiU apenas ha conseguido reducirlo en medio punto pese a los reiterados recortes que ya ha aplicado el último año. Por su parte, los aliados Convergència i Unió y el Partido Popular calificaron estas subidas de impuestos, que siempre habían rechazado en campaña electoral, como un "acto de responsabilidad"...
 
Un nuevo invento contra la crisis, que pocos dudan de que significa un precedente que se aplicará en otros niveles de las administraciones públicas, y para seguir deteriorando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.