La vía islandesa para Bankia

¿Entra o no entra en los planes del Gobierno la nacionalización de 

Bankia? Si damos crédito al último comunicado del Ministerio de Economía, no. Si, por el contrario, analizamos las anfibológicas declaraciones del Presidente Rajoy, sí. Es evidente que en un asunto de tanta trascendencia convendría que el Gobierno mantuviera un mismo  criterio y un solo discurso.


Por desgracia y para desconcierto de observadores y analistas -y también de los inversionistas- no es así. Se ha llegado a publicar que el Consejo de Ministros del viernes autorizará la inyección de 10.000 millones de euros para hacer frente a la precaria situación de Bankia y, también, lo contrario: que no habrá aportación directa porque la intervención del ministro de Guindos no irá más allá de forzar la dimisión de Rodrigo Rato y aupar a José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de la entidad.


Falta información y eso crea un caldo de cultivo en el que florecen todo tipo de especulaciones que provocan incertidumbre entre los accionistas y pánico entre los impositores que tienen depositados sus ahorros en Bankia. El negocio bancario se basa en la confianza y en las actuales circunstancias esta entidad la está perdiendo a chorros. Falta transparencia y también determinación por parte de las autoridades económicas para exigir responsabilidades a los gestores que han llevado a Bankia a la situación en la que se encuentra.

¿Dónde estaba la inspección del Banco de España? Que haya sido una empresa auditora (Deloitte) quien se haya negado a firmar un informe sobre el estado de las cuentas de Bankia deja en muy mal lugar al gobernador Fernández Ordóñez. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si los Miguel Blesa, Moral Santín y demás responsables de haber llevado a Caja Madrid hacia el precipicio se irán de rositas. Visto como dejan el banco, también sería interesante saber si los miembros del consejo saliente, con Rato y Oliva a la cabeza, tendrán el detalle de renunciar a sus copiosas indemnizaciones. Qué menos. En asuntos como este, habría que actuar como lo han hecho en Islandia: llevando el caso ante la justicia. Tenemos derecho a saber si, además de incompetencia, hubo corrupción.