¡Que no se vayan de rositas!

Es muy comprensible la indignación de miles de españoles con la situación actual. Sobre todo con la crisis de la mayoría de las entidades financieras manipuladas por y para el interés político y personal de algunos. Los indignados tienen el problema de haber recuperado cierta relevancia pública por la celebración del primer aniversario. 

Tendrían que reflexionar sobre la viabilidad de su movimiento porque ¿Y el resto del año, qué? Una vez que consigan evitar que violentos, anti-sistema, frikis y broncas profesionales se adueñen de su imagen, como ocurrió en la madrugada del pasado sábado en la puerta del Sol de Madrid, y respeten las normas de no molestar a los demás, comerciantes y viandantes, por ejemplo, su indignación y protesta pueden ser, son la de todos. Indignación hacia una clase política incapaz de ponerse de acuerdo para salir de la crisis, hacia unos dirigentes socialistas que hace tres o cuatro años aseguraban que el sistema bancario español era el mejor del mundo y no tomaron medidas aunque aumentaban las listas del paro y hacia unos dirigentes populares, que hay que valorar, que han tenido la valentía y la responsabilidad de afrontar la realidad sea cual sea pero con el error de no forzar la suspensión de la cotización de Bankia con la consiguiente pérdida de casi mil millones de euros. Pero sobre todo, ¿qué pasa con las instituciones que tenían que velar y regular el sistema bancario y financiero por delante de los políticos? No haber acometido la recapitalización de las entidades financieras españolas hace más de tres años, cuando lo hicieron las europeas y norteamericanas, significa un trágico retraso para los miles de españoles que han engordado las listas del paro por el cierre de negocios estrangulados por la falta de crédito bancario. Hay muchas responsabilidades que depurar y no todas son sólo políticas. No es de recibo que gestores y consejeros de entidades financieras, responsables de instituciones regulatorias y dirigentes políticos en el anterior Gobierno se vayan de rositas y con indemnizaciones y pensiones suculentas. Es inadmisible. 


Si la vía penal parece excesiva, la inhabilitación para cargos estatales y consejos de administración de empresas sería muy pertinente.