España como solución

En frase afortunada, Luisa Fernanda Rudí, presidenta de la Comunidad Autónoma Aragonesa dijo: "España es la solución, no el problema". Una elemental afirmación, frente a tantas retorcidas teorías de España como problema en que han perdido el tiempo y entretenido su pluma ilustres intelectuales y políticos de campanario desde que nuestra inconfundible y magnífica nación existe y persiste como comunidad de vida. Igual lo podría haber dicho Isabel de Castilla cuando proyectaba casarse con Fernando de Aragón, aún sin dispensa pontificia y con la bula amañada por un Borgia valenciano y clarividente, conscientes todos los del plan político-amoroso de que las dos Coronas, Castilla y Aragón, eran los previos aglutinantes para consolidar la identidad institucional del antiguo pueblo celtíbero, romanizado, cristianizado y visigotizado desde las raíces naturales hasta la configuración de un solo tronco capaz de sustentar un frondoso ramaje. Ante cada problema y ante cada crisis, siempre, la solución sería el reforzamiento del tronco -mas España-, y menos España sería el riesgo de anquilosamiento de alguna de sus ramas.

España tiene la suficiente dimensión física, económica y demográfica para ser la base de un estado contemporáneo que no sea un microestado o un estado fallido. No solo por su acerbo histórico sino por su potencia de futuro. No es un gigante solitario y envidiado sino una pieza esencial de la Unión Europea. El despliegue geográfico de su espacio tiene una proyección estratégica para ser tenida en cuenta en una política de seguridad internacional. La presencia de su lengua y de su cultura es apreciada universalmente. Su vocación emprendedora y exportadora le permite iniciativas de crecimiento más allá de sus fronteras. Su capacidad de comercio y consumo la hace interesante como cliente y sus condiciones climáticas la hacen apetecible como destino vacacional. Es una nación con futuro dentro de un continente que, aun que ahora esté capeando un ciclo muy crítico, saldrá adelante porque, aún en los momentos difíciles, sigue siendo un ejemplo deseado de calidad de vida y desarrollo democrático. Pero ese futuro compartido está basado en la unidad de mercado y de moneda, en la industria y la tecnología compartida y en la estabilidad política de los estados integrados. Nada sería posible si las naciones principales se parcelasen, se desestabilizasen y retrocediesen a un mosaico ingobernable de fragmentos irrelevantes y sin el sentido ni la dimensión de lo que la estatalidad significa en la convivencia planetaria.

En España, el sistema de las autonomías, nacido de la Constitución de 1.978 y no de ningún precedente ni condicionamiento forzado, no fue concebido para desintegrar sino para descentralizar superando las tensiones propias de toda gran comunidad política que no son, entre nosotros, distintas de las de otros países del mundo y que no se tensan como secuelas de interpretaciones históricas, identidades culturales o características raciales sino por la coexistencia de diferentes niveles económicos localizados en zonas con intereses contradictorios o competitivos entre norte y sur o centro y periferia. En todas partes se producen estas tensiones que se acompañan, en ocasiones, con colores folklóricos, músicas locales o sentimentalismos de vecindario que, por si solos, carecerían de fuerza política. La interpretación equívoca del cauce autonómico, abierto para equilibrar estas tensiones y para mantener el interés general superior llevó a algunos políticos de vía estrecha a desenterrar las más arcaicas e inoportunas utopías de los nacionalismos decimonónicos y utilizarlas como estímulos partidistas de atracción electoral local. Se confundieron los objetivos de descentralización del estado para armonizar su pluralismo natural con las pretensiones de fragmentarlo en parcelas insolidarias. Sustituyeron la idea de descentralización por la de disgregación, anteponiendo los mitos de un independentismo irrealizable a la realidad socioeconómica de una entidad civil de gran dimensión. Pero la gravedad de los tiempos que estamos pasando nos dice cada día que la parcelación es negativa para todos y para cada uno de los territorios del Estado. No existe ningún propósito de recentralización encubierta entre quienes analizan la situación sino la necesidad imperiosa de racionalizar el sistema y evitar duplicidades y desequilibrios.

Dentro de un sistema constitucional flexible, los representantes políticos deben ser conscientes de que son símbolos del interés general de sus electores y no manipuladores de sus electores frente al Estado. Son los responsables de hacer más España, no de deshacerla. Su misión no es favorecer la dispersión sino consolidar la cooperación. Fortalecer el tronco común que sustenta a todas las ramas de nuestro único árbol con un futuro de crecimiento en el paisaje global de nuestra época.