Batalla campal en la Cañada Real por el derribo de infraviviendas

Una vivienda, la número 40-A del poblado de la Cañada Real Galiana, fue derribada esta mañana después de una batalla campal en la que un centenar de vecinos españoles, rumanos y marroquíes se enfrentaron a pedradas a los agentes de la Policía Municipal y la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios.

El dueño de la casa llevaba recibiendo desde noviembre avisos que anunciaban la demolición de su vivienda y colocó carteles por los muros convocando a sus vecinos a acudir la mañana de este jueves para evitarlo. "La próxima puede ser la tuya", advertían los pasquines.

El aviso surtió efecto y unas doscientas personas —hombres, mujeres y niños— esperaban desde primera hora la llegada de la policía. Los enfrentamientos se produjeron cuando del inmueble, de dos plantas, fue sacada por la fuerza una mujer con un bebé.

En ese momento, los vecinos empezaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes a los agentes, que respondieron con las porras, pelotas de goma y gases lacrimógenos. El resultado fue una batalla campal que se trasladó a los descampados colindantes y se saldó con veintitrés policías y cuatro vecinos heridos, además de un detenido.

Los policías heridos son más de 30 agentes de la Policía Nacional, 19 de los cuales han sido dados de baja, según la Jefatura Superior de Policía, y siete de la Municipal, seis de los cuales fueron atendidos en la Comisaría de San Blas. Presentaban contusiones en brazos, cabeza y cara, provocadas por impactos de piedras, botellas y bombonas de butano, entre otros materiales arrojados con contundencia. Durante la reyerta ha resultado herido el jefe de la UC2, con un fuerte golpe en el rostro, y un mando de la Policía Nacional, este último con heridas de menor consideración.

Entre los civiles heridos se encuentra un varón de 18 años con contusión ocular, que después fue detenido, y un hombre de 60 años con un golpe en los genitales. Además, una mujer embarazada fue alcanzada por una pelota de goma lanzada por los antidisturbios, aunque después se ha confirmado que la vida del bebé no corre peligro. Todos ellos son de origen marroquí.

Posteriormente, empleados municipales sacaron de la vivienda muebles y objetos personales antes de que una máquina excavadora procediera a la destrucción de la vivienda. "Entre todos la reconstruiremos", aseguraban Mónica y Rocío, dos vecinas de nacionalidad española. La familia desalojada, excepto el padre, que permanece detenido, ha sido acogida por el Samur Social. Según fuentes municipales, la madre y sus dos hijos continuarán en la Unidad de Estancias Breves del Samur Social hasta que contacten con un familiar que vive en Toledo. Entonces, decidirán si se van con él a la provincia vecina o si solicitan ser realojados en alguno de los pisos que el Ayuntamiento tiene en el Centro de Acogida de Inmigrantes.

Según el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), "esto parecía Palestina, una auténtica batalla campal. Varios marroquíes portaban armas blancas", aseguró, y recordó las más de 100 denuncias interpuestas por camioneros que transitan por la zona a consecuencia de las roturas de ruedas u otros desperfectos. "De la Cañada Real Galiana salen todos los días cientos de menores rumanos que roban en el centro de la capital", añadió.

Asimismo, recordó que el poblado chabolista, en el que viven unas 50.000 personas, es un núcleo permanente de inseguridad, de delincuencia y de venta de drogas y culpó a las Administraciones de abandono de la zona, "ya que los niños están sin escolarizar, no entra ni el camión de basura, si Hacienda, ni incluso, a veces, la Policía".

Un portavoz de la Consejería de Vivienda, de la que depende el Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS) aseguró que los desalojos de la Cañada Real son un asunto de competencia municipal, pues no se ha firmado ningún convenio entre Ayuntamiento y Comunidad para resolver este conflicto. El IRIS sí ha participado en el desmantelamiento de otros asentamientos en Madrid Capital realojando a las personas afectadas.

"Dicen que Gallardón se ha marcado un plazo de cuatro meses para derribar todas las casas de la Cañada Real", asegura Rocío, una de las vecinas de la zona. El pasado 9 de octubre, máquinas excavadoras derribaron un total de 25 viviendas ilegales construidas en la zona musulmana del poblado chabolista. Los afectados se quejaron de no habían sido informados "en tiempo y forma" y con acuse de recibo, es decir, bajo una notificación legal, aunque fuentes policiales lo desmintieron. Durante aquel desalojo, se vivieron momentos de tensión, ya que los afectados increparon a los policías, aunque no se produjo ninguna detención. El único incidente lo protagonizó una mujer de unos 50 años, que se desmayó al sufrir una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida por los sanitarios.

Precisamente este jueves, un juez de lo Contencioso Administrativo tenía que decidir si el Ayuntamiento de Madrid podía proseguir con el derribo de las viviendas ubicadas en la Cañada Real Galiana, tras la suspensión cautelar promovida por los afectados, la mayoría ciudadanos marroquíes y rumanos asentados en el kilómetro 14 de la carretera de Valencia.